CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la detención de Jesús “R” alias “Don Chuy”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el juez de control Rubén García Mateos enfatizó las diversas irregularidades cometidas por parte de elementos federales y del estado de Michoacán. 

Por ello, el juzgador decidió dictar auto de no vinculación a proceso al considerar que su detención y la de otras tres personas fue ilegal. 

Esta resolución derivó en que el gobierno de Michoacán anunciara la presentación de una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que existe un acto de corrupción de parte del juez por esta resolución. 

De acuerdo con los registros judiciales, durante la madrugada del 25 de febrero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Civil de Michoacán ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en Zacapu, al tener información de que había civiles armados y probables responsables de extorsión y venta de drogas; en uno de ellos fue detenido “Don Chuy”. 

En la audiencia inicial, el ministerio público federal informó que en el primer domicilio encontraron metanfetaminas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

En el segundo domicilio, localizaron a Jesús “R” portando un fusil 7.62x39 mm, un cargador y 20 cartuchos útiles; también se encontró un altar de la Santa Muerte, un paquete con otros 20 cartuchos y una bolsa de clorhidrato de metanfetamina. 

Durante la relatoría el ministerio público detalló que en el operativo hubo una “emboscada coordinada” contra los elementos, por lo que algunos de ellos resultaron lesionados mientras que los agresores huyeron. 

Del primer domicilio los agentes sacaron a una persona de la tercera edad, de dos que se encontraban al interior del inmueble; se ejecutó la revisión ilegal de un vehículo que se encontraba en la vía pública y que en ese domicilio ingresaron dos personas más, un adulto y un menor de edad, quienes fueron sometidos físicamente, y aparentemente torturados, por elementos de la Guardia Civil. 

El cateo del segundo domicilio supuestamente se realizaría en un inmueble marcado con el número 12, sin embargo, al momento de su detención “Don Chuy” se encontraba parado en la puerta de una vivienda marcada con el número 11, ubicada a dos edificios del referido en el informe policial homologado. 

Al ingresar al inmueble, número 12, fue localizada una persona, pero nada ilegal y la prueba de rodizonato de sodio, realizada por la FGR a “Don Chuy”, reveló que no disparó ningún arma el día de su detención. 

El dictamen de balística, también realizado por la FGR, al fusil que supuestamente portaba “Don Chuy” concluyó que tenía todos los cartuchos completos a pesar de que se informó al juez que con éste disparó contra los elementos policiacos. 

Durante ambos cateos fueron destruidas, por lo menos, dos cámaras de videograbación cercanas a las viviendas cateadas, al ser localizadas por los agentes que participaron en el operativo. 

Testigos denunciaron que el primer domicilio del cateo fue saqueado y que los agentes participantes robaron dinero y otros objetos pese a que en dicho lugar no existían objetos ilícitos, mientras que en el segundo domicilio los agentes fueron acusados de robar un millón de pesos y otros objetos. 

El altar de la Santa Muerte que supuestamente estaba dentro del domicilio, donde fue detenido “Don Chuy”, en realidad, se encontraba en un domicilio sin número entre los marcados con el 11 y el 12, en el que se encontraban familiares de Jesús “R”. 

Los agentes de Michoacán declararon que una camioneta Ford se encontraba afuera del domicilio marcado con el número 11, sin embargo, durante la audiencia se acreditó que en realidad estaba dentro del inmueble de donde fue extraída por elementos policiacos. 

Pese a que las autoridades informaron que “Don Chuy” contaba con carpetas de investigación por delincuencia organizada, drogas y armas, durante la audiencia no se mencionó ninguna de ellas. 

Respaldan al juez 

Este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó al juez Rivera Aguirre. 

Esto, al considerar las declaraciones del gobierno de Michoacán como un ataque directo al juzgador y la independencia de la institución. 

“Es inadmisible que se viertan acusaciones de corrupción a una persona juzgadora federal sin presentar las pruebas conducentes. La falta de transparencia y la ausencia de evidencia para sustentar estas acusaciones son un claro intento de desacreditar la labor del juez y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto”, señaló la JUFED en un comunicado. 

Además, enfatizaron que las autoridades cuentan con vías legales para impugnar la decisión del juez y el hecho de exponer mediáticamente esta resolución judicial representa un intento de influir y presionar la labor de García Mateos.