CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La migración irregular desde Nicaragua hacia Estados Unidos, pasando por México, no sólo implica desafíos físicos extremos, como el cruce del río Bravo o el tránsito por el desierto, sino que expone a los migrantes a redes criminales y a la desatención de los gobiernos de sus propios países.

De acuerdo con una abogada y defensora de derechos humanos, de quien ocultamos su identidad por seguridad, esta problemática evidencia una alarmante falta de instrumentos y herramientas efectivas para la protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los niños y adolescentes.

Ella trabaja para una organización de derechos humanos vinculada a la migración y reside en una ciudad del triángulo norte de Centroamérica.

El caso de Sofía Abigail Huete Caballero, una niña nicaragüense desaparecida en mayo de 2022 durante un intento de cruzar el río Bravo con su madre, ejemplifica esta crisis, a criterio de la especialista.

La historia de Sofía es el epicentro de una investigación internacional realizada por Proceso y Galería News, medio de Nicaragua, sobre los peligros que enfrentan las infancias migrantes de origen centroamericano en su paso por territorio mexicano y las omisiones de las autoridades del país en su atención.

“Es un caso emblemático que refleja la ineficiencia de Nicaragua para garantizar los derechos de su población, incluso en el extranjero”, afirma.

Señala que, en Nicaragua, la situación de los derechos de los migrantes es particularmente grave, pues durante años, el enfoque estatal ha pasado de priorizar la protección de los connacionales a concentrarse en políticas de seguridad interna.

La abogada enfatiza que esta inacción estatal, sumada al miedo de las familias de denunciar, ha creado un limbo que perpetúa la vulnerabilidad de las personas migrantes desde Nicaragua y en su ruta por ese país.

El endurecimiento de las políticas migratorias en México también obliga a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, exponiéndolos a riesgos mayores, expone. Ella denuncia que no hay planes claros de identificación de víctimas ni procesos de reparación para las familias.

En el caso de Sofía, la abogada subraya que no se ha visto una acción contundente por parte del gobierno nicaragüense para exigir una investigación veraz a México ni para acompañar a la familia en su duelo.

(Fragmento del Capítulo 3 de la investigación “Sin rastro de Sofía” que se puede leer en este enlace: https://sinrastrodesofia.proceso.mx/)