CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Aunque ya es un hecho que en 2026 entrará en vigor el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas y tabaco, la discusión real apenas comienza: las refresqueras no piensan resignarse a que en México avance el incremento que desde hace años recomiendan el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En conversación con Proceso, el director de la asociación civil El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, responde a los señalamientos lanzados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la cual insiste en que detrás del impuesto están el exsubsecretario de salud Hugo López-Gatell, organizaciones de salud pública e incluso un supuesto entramado encabezado por la Fundación Bloomberg. 

Para Calvillo, todo forma parte de una estrategia para desviar la atención. Insiste en mirar hacia la evidencia científica: que hay mexicanos enfermos por los refrescos.

Además, sostiene que estas recomendaciones “vienen de los mayores organismos internacionales de salud, de protección de la infancia, así como de los más importantes organismos financieros”.

“La recomendación de aumentar los impuestos a estas bebidas y al tabaco vienen de la propia Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Federación Mundial de Obesidad, del Fondo Internacional para la Investigación en Cáncer, así como de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública, más de mil especialistas nacionales en salud pública”, detalla.

Pese a ello, para Calvillo el aumento aprobado para México se queda corto, para 2026 se ubicará en 3.0818 pesos.

“Va a quedar de 13% en total. La recomendación internacional es que el mínimo fuera de 20%. Lo que nosotros supimos que era la propuesta original que se discutía era de siete pesos por litro”, expone.

Ese diferencial es la distancia entre un impuesto que realmente modifica conductas y uno que apenas toca la superficie, dice, por lo que desde la sociedad civil se busca rebasar 20% en este sexenio.

Con este porcentaje se atendería lo que cada año ocurre, donde más de 230 mil casos nuevos de diabetes y enfermedades cardiovasculares se relacionan directamente con el consumo de bebidas azucaradas en México.

Recordemos –comenta– que desde 2016 México se encuentra en una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, como lo declaró la Secretaría de Salud.

Calvillo también añade una arista, con esos recursos se puede atender la salud de quienes atienden las tienditas, aquellas mismas que la Anpec asegura defender. 

En 2025 levantaron una encuesta nacional entre propietarios de pequeños comercios para conocer su estado de salud.

Los adultos de las familias propietarias de las tienditas –comenta– presentaban el doble de casos de diabetes que el promedio nacional, asociado a un consumo mayor de estas bebidas y productos ultraprocesados. Lo anterior, debido a la alta disponibilidad de estas bebidas y ultraprocesados.

Las fundaciones

En medio de las acusaciones, Calvillo no rehúye y sostiene que sí reciben fondos de la Fundación Bloomberg, pero el señalamiento, asegura, está cargado de mala fe. 

Como múltiples organismos internacionales, su organización opera gracias a fondos destinados a promover la salud pública, sin fines de lucro, entre ellos la Cruz Roja.

“Como si eso fuera un delito. Recibimos fondos de organizaciones vinculadas a promover la salud. Diferentes organizaciones operan gracias a fundaciones que apoyan las causas civiles”.

Para Calvillo, la posición de la Anpec responde a FEMSA y The Coca-Cola Company, compañías que no protestaron cuando, entre 2014 y 2025, la industria aplicó aumentos de precios por encima de la inflación y en más del doble de lo que implica el impuesto.

“En ese caso la Anpec no realizó ninguna protesta ni declaró el riesgo de que se perdieran empleos o se cerraran establecimientos. Es decir, cuando la industria aumenta los precios del producto no argumentan daños al empleo y el comercio, y cuando el gobierno los aumenta, aunque menos y por medidas de salud, entonces sí hay daños al empleo y el comercio”, agrega.