CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El aumento al salario mínimo, las transferencias de recursos mediante los programas sociales y la mayor recaudación de impuestos a los más ricos implementados por la Cuarta Transformación han reducido “modestamente” la desigualdad en la última década, sin embargo México permanece entre los países del mundo con las mayores disparidades entre ricos y pobres: el 1% de los más ricos acapara una cuarta parte del ingreso total y concentra el 38% de las riquezas, mientras que el 10% más adinerado gana, en promedio, 76.4 veces lo que gana la mitad más pobre de la población.

De acuerdo con el informe 2026 del World Inequality Lab (un laboratorio sobre la desigualdad encabezado por el economista francés Thomas Piketty y basado en la Paris School of Economics), los niveles de desigualdad que imperan en México siguen siendo superiores en correlación a los que existían en 1900, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de aumentar los impuestos a los más ricos.

“Sí se necesita una reforma fiscal que no se limite en recaudar mejor, como lo están haciendo, sino ampliar la base de contribuciones gravando más a los de arriba que escapan al pago de impuestos y no a quienes ya están pagando”, sostiene el economista Ricardo Gómez Carrera, uno de los autores del informe.

En entrevista con Proceso, Gómez Carrera ve “poco probable” que se implemente una reforma fiscal de esta magnitud, pues “el costo político es muy grande”. Agrega que “los ultrarricos saben mover sus agendas, y México está muy vinculado a los intereses comerciales y financieros de Estados Unidos”.

A contracorriente

Aunque destaca como uno de los países más desiguales del mundo (situado en América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayores disparidades entre ricos y pobres, superada únicamente por Medio Oriente y la zona de Rusia y Asia Central), México ha reducido un poco la desigualdad en años recientes, lo que va a contracorriente de la tendencia global hacia una concentración cada vez mayor de las riquezas.

Los datos que ofrece el informe, producto de un trabajo de más de 200 académicos de distintos países, son aterradores: el 10% de los más adinerados del mundo concentra el 53% de los ingresos y el 75% de las riquezas de la humanidad; el 0.001% de los seres humanos, que cabría en un estadio de futbol, tiene tres veces más fortuna que el resto de la humanidad, y las 50 personas más ricas del mundo se enriquecieron a un ritmo cuatro veces superior que el resto de la humanidad en las últimas dos décadas.

“Seguimos en esta ola de privatizaciones que transfiere recursos públicos hacia actores privados, lo que aumenta las fortunas privadas; los precios de los activos siguen aumentando, por lo que el rendimiento que reciben los más ricos ha crecido a una tasa mucho más grande que la de las familias”, indica Gómez Carrera.

Ante esta situación, el World Inequality Lab urge a las sociedades y a los que toman decisiones a implementar medidas efectivas contra la desigualdad, retomando los llamados que han lanzado, sin éxito, los economistas como el estadunidense Joseph Stiglitz desde principios de los años 2000.

Gómez Carrera evoca iniciativas que han surgido en Brasil, Francia o Sudáfrica, pero también en llamados de organizaciones como Oxfam o por el propio Piketty, que plantean un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas, que serviría para frustrar las estrategias de evasión de impuestos de los más ricos y contener la fuga de capitales, y sostiene que México debería apropiarse de esta iniciativa para impulsarla.

“La redistribución, los impuestos progresivos y las políticas de transferencia funcionan para reducir la desigualdad, y ésa es una noticia positiva”, plantea el economista, pero contrasta minutos más tarde: “A pesar de que funcionan, existe una baja voluntad para implementar este tipo de políticas, y esto se explica en parte porque, gracias a su dinero, los más ricos ejercen una influencia desproporcional sobre las decisiones políticas”.

Señala que las corrientes de izquierda en el mundo suelen estar en desacuerdo entre sí respecto a las políticas de redistribución, por lo que las coaliciones de partidos progresistas que alcanzan el poder “optan por políticas menos redistributivas o menos agresivas en cuanto a la progresividad, lo que hace que la clase trabajadora no reciba los beneficios de esta redistribución”.

En contraste, los movimientos de derecha que han surgido en años recientes, encabezados por líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina –y que pretende repetir el multimillonario Ricardo Salinas Pliego en México–, se han presentado como opciones “antisistema” para llegar al poder, y una vez ahí han reducido los impuestos a los más ricos y eliminado programas sociales para los más pobres.

“Hay una parte de la población que no está de acuerdo con que los ricos no paguen impuestos, pero que no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas y votan contra el sistema; es este capital político que estos personajes quieren explotar”, opina.

Paraísos fiscales

“Hay progresividad de los impuestos hasta la punta, pero más allá del 99% más rico del planeta empieza a haber regresividad, es decir, que los más ricos escapan a la imposición progresiva moviendo sus activos hacia paraísos fiscales, lo que se hace cada vez más fácil gracias a la tecnología y a la globalización, y esto acelera mucho la desigualdad”.

Esto, a su vez, desencadena el descontento de las clases medias, que se sienten defraudados y exprimidas por el sistema tributario. “La progresividad de los impuestos es justicia social, parte de que cada quien paga una parte proporcional a sus ingresos y su riqueza, pero si yo veo que los más ricos no pagan impuestos, esto me desmotiva para pagar los que me tocan”.

“México es un claro ejemplo de esto: en México es normal que te pregunten si quieres con factura o sin factura, está normalizado lo de no pagar impuestos”, recalca el economista. Y agrega: “Con menos recaudación fiscal de la parte más alta de la distribución, el Estado deja de recibir una parte grande de recursos, que podría invertir en programas y políticas públicas que reducen la desigualdad, como la salud y la educación”.