CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la Ciudad de México el urbanismo se ha vuelto un campo de batalla político. Lo que debería ser un instrumento técnico para planear el futuro de la ciudad —el Plan General de Desarrollo Urbano— se ha transformado en un dispositivo de poder con un lenguaje lleno de promesas de “justicia territorial” y “vivienda asequible” que, según el urbanista Pablo Gaytán, encubre decisiones económicas y políticas más profundas.

A lo largo de este mes comenzó a circular entre periodistas y grupos vecinales un Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México que menciona, entre otras medidas, el “cobro por plusvalías”, “tasas por subutilización” y “contribuciones por mejora” como instrumentos fiscales para financiar la creación de vivienda asequible. Sin embargo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió a desmentir que el proyecto oficial contemple ese tipo de cargas fiscales y aseguró que el plan que se someterá a consulta aún no ha sido publicado.

La reciente circulación de un supuesto plan “falso” no es sólo una anécdota burocrática. En la visión de Gaytán es el síntoma de una crisis mayor: la opacidad institucional, la captura del discurso progresista y la subordinación del territorio a la lógica inmobiliaria y turística.

En entrevista con Proceso, el especialista, quien este año publicó el libro Estado inmobiliario en la Ciudad de México: Despojo, desalojo, desplazamiento y desarraigo 1982-2024, considera que el episodio del plan falso es indicio de una estrategia deliberada que busca retardar la aprobación del plan y proteger intereses económicos. Como él lo sintetiza: “Veo que es conveniente para el Gobierno de la ciudad y para los intereses inmobiliarios que los planes, en particular al Plan General de Desarrollo, no se aprueben por el plan de negocios que tienen para el Mundial del próximo año, 2026”.

“Lo que observo es que hay un conveniente manejo de la información del documento para ir retardando la consulta y no aprobar el plan el año próximo”, dice.

Los temas silenciados: gentrificación, Airbnb y plusvalía

El especialista identifica tres omisiones centrales en el documento que circuló. Uno tiene que ver con la palabra gentrificación: “En ningún momento en el plan se anuncia la palabra gentrificación, es decir, hay una especie de edulcoración retórica del documento para no hablar que hay un conflicto de desigualdad y segregación socioespacial en la ciudad”.

A eso se suman dos temas ausentes o minimizados: la regulación de las plataformas de hospedaje temporal —“hoy dominado por Airbnb”— y el impuesto a la plusvalía. “Son temas de conflicto con las inmobiliarias y con las empresas de la construcción”, subraya, e insiste: “Es claro y transparente desde mi punto de vista que la actual estrategia de desinformación, de retardar la consulta, de anunciar una y otra vez que probablemente no se va a aprobar en enero o febrero, tiene que ver con un acuerdo tácito con las empresas turísticas, con las plataformas, porque ellos ya tienen cerrado su negocio de renta y de negocios turísticos para 2026”.

Ese aplazamiento, explica, permitirá que el sector turístico y las plataformas de hospedaje operen sin regulación durante los meses previos al Mundial de Futbol 2026, así como durante el encuentro deportivo: “Es muy clara la estrategia de bloquear, de obstruir el proceso de aprobación y poner en funcionamiento el Plan General de Desarrollo, que va a beneficiar a las plataformas de renta temporal, como es Airbnb, y todo lo que tiene que ver con el espectáculo del futbol”.

La retórica como política

Gaytán sostiene que esta política de vivienda “se basa en el mito del Estado de bienestar”, donde la acción gubernamental funciona como “un halo de retórica ideológica que no tiene una concreción y no les interesa porque finalmente la infraestructura urbana que se está construyendo es para beneficiar, en particular a la industria turística y la industria del espectáculo”.

Así, la narrativa oficial mantiene viva la ilusión de justicia territorial y vivienda social, mientras el fondo la política se orienta a garantizar la rentabilidad de los sectores empresariales vinculados a la ciudad-espectáculo.

Esa retórica también se manifiesta en la puesta en escena de programas de vivienda social: “Si comparamos esta escenografía, estos montajes retóricos sobre la política de vivienda y los comparamos con los datos duros, hoy día todos los especialistas y quienes hablan sobre la vivienda estamos de acuerdo con que el promedio de viviendas necesarias al año es de 34 mil viviendas”.

Pero en marzo pasado el gobierno capitalino, a cargo de Brugada, anunció que entregará 15 mil créditos este año, lo que implica más de mil viviendas al mes.

El urbanista argumenta que, en realidad, las acciones promovidas por la jefa de Gobierno son un mínimo que no va a solucionar el tema profundo de la vivienda: “Ahí está toda la trampa ideológica y de retórica y de simulación, porque su programa de vivienda ya establecido desde el año pasado lo manejan en la discusión del Bando Uno y las vuelven a poner en el Plan General de Desarrollo”.

El lenguaje del plan, apunta, está cargado de términos aspiracionales que funcionan más como discurso que como política: “Todo ese lenguaje lo ponen personas y organizaciones y especialistas de carne y hueso”.

Se refiere a consultorías extranjeras y organismos internacionales como Urban Front, Habitat International o PDT, que, asegura, han participado en el documento y lo han llenado de términos como “urbanismo feminista ecosocial”, “justicia territorial” o “producción social de vivienda”, sin conexión con la realidad local. Y afirma:

Todos estos conceptos vienen de estos especialistas y estas ONG y consultorías, las cuales su trabajo es hacer el discurso que va a vestir, que enmascara la realidad y la falta de políticas concretas.

Y agrega: “Estoy convencido de que en cada una de las líneas está trabajada de la misma manera, o sea, con este lenguaje que algunos plantean que es del capitalismo verde”.

Además, sobre la participación de los agentes externos al Gobierno en la formulación del Plan General de Desarrollo, Pablo Gaytán considera que se trata de especialistas que desconocen la realidad territorial de la capital mexicana: “Vivir en la periferia de esta ciudad como trabajador precario, salir del pueblo, del barrio periférico, para llegar a un Cetram (Centro de Transferencia Modal), que es la gran frontera entre la periferia y la centralidad urbana, yo dudo que lo conozcan en todos los términos, tanto vivenciales como de estudio, porque ahí es donde se vive cotidianamente la segregación socioespacial”.

Las alertas conceptuales y el derecho a la ciudad

El documento filtrado, a los ojos del urbanista, prendió una alerta más cuando detectó un punto que contradice el discurso oficial.

A mí me prende la alerta cuando dicen que el Estado va a ser el agente central en la producción de vivienda, no la comunidad, ni las iniciativas ciudadanas, ni las iniciativas civiles o vecinales, sino el Estado como agente central.

Esa formulación contradice el principio del derecho a la ciudad: “Si no me dan la oportunidad de autoorganizarme entonces no me están dando posibilidad de mi ejercicio del derecho a la ciudad”.

Por eso propone que los colectivos recuperen su propio lenguaje crítico: “Tenemos que volver a poner en circulación el concepto de palabra, imagen, identificación o blanqueamiento por despojo, tenemos que hablar de segregación socioespacial, tenemos que hablar de las cuatro D que produce la gentrificación: el despojo, el desalojo, el desplazamiento y el desarraigo vecinal”.

Después de la fiesta, la cruda urbana

En la línea discursiva relacionada con el Mundial de Futbol 2026, el urbanista advierte que el riesgo no termina con el evento deportivo. “Después de la fiesta vendrán las consecuencias”, advierte.

Dentro de su análisis, la lógica de la planeación urbana actual está subordinada al corto plazo del espectáculo y al flujo inmediato de capital, más que a la sostenibilidad de la ciudad.

Entonces pone sobre la mesa la noción de “intervenciones urbanas basura”, es decir, infraestructura escenográfica de rápido deterioro, pensada para deslumbrar durante unos meses y abandonarse después.

“La calzada flotante que va a ir de la Plaza Tlaxcoaque al Metro Chabacano es totalmente escenográfica e innecesaria. Pasando el Mundial eso va a ser abandonado”, ejemplifica.

Gaytán explica que este tipo de obras se conciben como decorados temporales: espacios que sirven para el turismo, las ferias y las campañas de imagen, pero que carecen de un propósito urbano real. Sentencia el urbanista:

Van a invertir, va a haber mucha inversión para hacer fiestas ahí, exposiciones, tratar de mantener unos meses árboles o macetas de adorno, pero se van a deteriorar rápidamente.

El fenómeno ya se ha visto en otras ciudades del mundo: “No es que esté exagerando, en ciudades como Nueva York, Barcelona, Taiwán o Moscú han sufrido los mismos ejemplos. Después de eso se abandona y se vuelve un espacio basura”.

Ese deterioro no es sólo material. Para Gaytán, detrás de las obras efímeras hay un modelo urbano que desplaza a la población y privatiza el espacio público bajo la retórica de la modernización.

La “cruda urbana” a la que se refiere no es únicamente la del paisaje arruinado tras el evento, sino la de una ciudad que despierta con más desigualdad y menos territorio accesible. Las grandes avenidas y plazas remodeladas para el Mundial quedarán como símbolos de un proyecto que privilegió la estética sobre el derecho a habitar.

La metáfora de la “intervención basura” resume el desenlace que prevé: una ciudad maquillada para el espectáculo, sostenida por la retórica del bienestar y la justicia territorial, pero estructuralmente diseñada para los intereses del capital inmobiliario y turístico.