CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante los 12 años comprendidos entre su primera campaña presidencial de 2006 y hasta su triunfo electoral de 2018, Andrés Manuel López Obrador ofreció acabar con la corrupción y, ya como presidente, dedicó cientos de horas a refrendar su promesa, exhibiendo con frecuencia detalles de investigaciones que eran competencia de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Pero su promesa terminó sin materializarse en los asuntos emblemáticos que, por malas integraciones en los expedientes, yerros procedimentales o tortuguismo. Es decir, la promesa de acabar con la corrupción topó con la FGR de Alejandro Gertz Manero. 

Las históricas acusaciones y detenciones de exsecretarios de Estado como Rosario Robles, o Emilio Lozoya Austin, encumbrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no lograron sentencias para mantenerlos en prisión; actores privados como el empresario Alonso Ancira o el abogado Juan Collado, quedaron libres y tirando los casos de Gertz en tribunales. 

Otros se encuentran en litigio o apelan sentencias que hasta ahora no son condenatorias. 

En general, los procesos abiertos contra políticos y empresarios del pasado resultaron un fiasco, como no ocurría desde el sexenio de José López Portillo, cuando en 1978 se detuvo al exsecretario de Comunicaciones y Transportes echeverrista, Eugenio Méndez Docurro. 

Los tres del peñismo 

Con una larga trayectoria en militancias de izquierda, Rosario Robles Berlanga alcanzó su primer gran momento con la jefatura interina del gobierno de la Ciudad de México de 1999 al 2000 y, posteriormente, la dirigencia del PRD, terminó mal, con acusaciones de corrupción (el caso Ahumada, los sobornos, conocidos por “los videoescándalos”) que por entonces afectaron el proyecto político de López Obrador. 

Su reactivación en el servicio público ocurrió en 2012, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto la designó secretaria de Desarrollo Social y, en 2015, la hizo titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

Rosario Robles fue detenida el 13 de agosto de 2019, e imputada por delitos contra la función pública, concretamente por el desvío que sumaba alrededor de 5 mil millones identificados por la ASF y que fueron conocidos mediáticamente como “La Estafa Maestra”.  

La FGR consiguió llevarla a prisión preventiva bajo el argumento de que había inconsistencias en sus domicilios, lo que provocaba un riesgo de fuga. Tres años después, el asunto penal se desvaneció para convertirse en un caso de materia administrativa. El 19 de agosto de 2022 dejó el penal. 

Otro caso histórico fue el de Emilio Lozoya Austin. Desde que fue apresado en 1983 el exdirector de Pemex lopezportillista, Jorge Díaz Serrano, el lopezobradorismo también consiguió en su segundo año de gobierno la detención del exdirector de Pemex. 

Los casos que involucraban a Lozoya Austin en actos de corrupción se relacionaban con la compra de la empresa Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira Elizondo, un presunto sobrepago de 200 millones de dólares; un caso de corrupción por sobornos con Odebrecht, el gigante brasileño fuente de corrupción continental y otros señalamientos relacionados con la constructora OHL.  

Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España. El 28 de julio del mismo año se le colocó un brazalete electrónico. Fue en enero del 2022 cuando se cayó el caso Agronitrogenados por un extraño acuerdo reparatorio, aunque se le siguió con el proceso por Odebrecht  

Las condiciones de disfrute de libertad con brazalete derivaron en un escándalo cuando fue encontrado en un restaurante de lujo, en noviembre del 2022. Permaneció preso hasta el 20 de febrero de 2024, cuando consiguió seguir juicio en prisión domiciliaria. 

Un tercer exsecretario de Estado detenido fue Jesús Murillo Karam, quien inició el sexenio de Peña Nieto como procurador general de la República y, posteriormente, como titular de Sedatu. Con una larga trayectoria política en el PRI y en el sector público, fue gobernador de Hidalgo, senador y diputado, llegando a presidir en su momento ambas cámaras. 

En agosto de 2022, Murillo Karam fue detenido acusado de diversos delitos relacionados con el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Se le imputó desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. En abril de 2024 se le otorgó prisión domiciliaria y desde entonces sigue en proceso. 

Así, los tres integrantes del gabinete peñista que fueron detenidos y sometidos a proceso durante la gestión de Getz Manero, no tienen sentencias, están fuera de prisión y en el caso de Rosario Robles, sin pendientes con la justicia. 

Los empresarios del “viejo régimen” 

El caso de la compra de Agronitrogenados tampoco fue un acierto para la fiscalía de Alejandro Gertz Manero. La historia consiste en que el empresario Alonso Ancira Elizondo vendió esa planta, ubicada en el complejo Pajaritos, a Pemex, como parte de un programa que el peñismo se planteó de reactivación de la producción de fertilizantes y que, ese año, bajo la dirección de Emilio Lozoya, se pagaron 200 millones de dólares a sobrecosto. 

El asunto conectaba con Odebrecht. De acuerdo con la información revelada por los días de la detención de Emilio Lozoya, Alonso Ancira, a través de sus empresas, habría depositado varios millones de dólares a una empresa subsidiaria de Odebrecht que, a su vez, habría transferido una cantidad a las cuentas de Lozoya. 

Ancira fue detenido en España y extraditado a México en febrero de 2021. Para abril quedó en libertad por un acuerdo reparatorio cuya legalidad sigue en duda; debió vender su participación en la empresa, Altos Hornos de México y está en libertad, aunque no ha terminado de pagar lo que el Estado mexicano le reclama por el dichoso acuerdo. 

Otro caso de alto impacto que fracasó de manera parcial fue el del Juan Collado. El abogado y financiero cercano a la elite política del PRI y el PAN, fue detenido en julio de 2019, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.  Fue puesto en libertad en 2023. Al año siguiente se le cancelaron los procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque sigue litigando fraude fiscal, pero en libertad. 

Un tercer empresario de alto nivel imputado por la fiscalía de Gertz Manero fue el de Raúl Manuel Beyruti, conocido como “El rey del outsourcing”. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se ha mantenido prófugo de la justicia y en su oportunidad obtuvo un amparo hasta que en 2024 un tribunal lo revocó. Así que el proceso penal ni siquiera ha iniciado. 

Derivados en duda 

En agosto de 2020, Emilio Lozoya ofreció un largo relato en el que señalaba presuntos actos de corrupción de numerosas personalidades.  

Del caso Lozoya, por ejemplo, derivó el del expanista Jorge Luis Lavalle, quien, según Lozoya, recibió sobornos para aprobar la reforma energética. Estuvo preso año y medio para luego seguir proceso en libertad y el año pasado fue rehabilitado por la gobernadora morenista Layda Sansores, quien lo nombró secretario de Fomento Económico de Campeche. 

Además, Rafael Jesús Caraveo, quien supuestamente entregó los sobornos a senadores, fue exonerado en agosto de 2021. 

Aunque fueron varios los procesados por los dichos de Lozoya, su declaración se ha puesto en duda por inconsistencias graves. Por ejemplo, en su relatoría, mencionó que debió entregar sobornos a la periodista Lourdes Mendoza, narrando inclusive que fue personalmente a la tienda Channel de Polanco, para comprarle una bolsa costosa. La periodista demostró que la dicha tienda ni siquiera existe y emprendió un proceso judicial que Lozoya ya perdió. 

Es en esos dichos en los que también se basó la acusación contra Carlos Treviño, sucesor de Lozoya en Pemex. El relato de Lozoya Austin afirma que el exfuncionario recibió sobornos, como él, de Odebrecht.  

Lozoya sostiene que le dio 4 millones de pesos como soborno por operar a favor de Odebrecht; fue detenido en Canadá en agosto pasado y su extradición sigue pendiente. Así que, en su caso, tampoco ha iniciado el proceso penal. 

Otros casos 

Hay casos iniciados por la fiscalía de Alejandro Gertz Manero que se han caracterizado por tortuguismo o evasión de la justicia, muy mediáticos, pero sin resultados o sin sentencias. 

Sin ser secretarios de Estado pero si funcionarios con importantes responsabilidades, manejo de recursos y poder en sus sectores, las acusaciones han sido el de los generales huachicoleros, Eduardo León Trawitz y Sócrates Alfredo Herrera Pegueros. 

El general Eduardo León Trawitz fue jefe de seguridad de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le atribuyó operar una red de huachicol. El caso, iniciado el primer trimestre de 2019, no ha podido avanzar y la FGR cometió errores graves como no reconocer a sus abogados o impedirle acceso a la carpeta de investigación. León Trawitz sigue litigando su asunto mientras que su brazo derecho, el general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, junto con otros mandos menores, fue condenado a 31 años de prisión apenas en agosto pasado y se encuentra en apelación. 

Está también el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, exfuncionario de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong. Se le acusa de operar una red facturera que presuntamente sustrajo 2 mil 950 millones de la dependencia. El caso, con notoriedad mediática mayor por implicar a su esposa, la celebridad Inés Gómez Mont, sigue pendiente y, aunque fue detenido en Miami, en octubre pasado, fue por estatus migratorio. El proceso sigue pendiente. 

En varios de esos casos, la evasión y su calidad de prófugos han sido precedidas por las filtraciones de la propia FGR y, en su tiempo, por la exhibición de asuntos en la tribuna presidencial. 

Acaso el más grave de los casos inconclusos y con el imputado prófugo sea el de Tomás Zerón de Lucio, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal durante la procuraduría de Jesús Murillo Karam.  

Tomás Zerón tiene mucho qué responder por el retorcimiento de la investigación del caso Ayotzinapa, en el que habría torturado y alterado pruebas.