CULIACÁN, Sin. (Proceso).- Sobre el bulevar Enrique Cabrera, en la colonia Humaya, el pequeño edificio luce casi siempre impecable, limpio. Casi nunca hay movimiento de personas, pero tampoco ha estado abandonado, según cuentan vecinos.

Es el domicilio de Sumilab, SA de CV, una empresa que por lo menos desde 2017 es proveedora del gobierno de Sinaloa y que con el pasar de los años también en otros estados comenzó a ganar licitaciones e incluso también trabajó con la federación.

La empresa de equipos químicos y de laboratorio, con sede en Culiacán y propiedad de la familia Favela López, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el 9 de mayo de 2023, por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Chapitos.

Y a partir de este 6 de octubre está de vuelta en la mira de la dependencia estadunidense. Esto es debido a que, tras las sanciones de la OFAC de mayo de 2023 dirigidas a esta empresa, la familia Favela López retiró los carteles de las tiendas de Sumilab y “cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa”, según advierte en un comunicado la dependencia norteamericana.

El edificio actualmente aparece sin los letreros a que hace alusión la OFAC. Sobre la pared color crema no se ve señalamiento alguno de que ahí es Sumilab. Los vecinos recuerdan que en el sitio, efectivamente, había un “letrero”, pero nada sobre el nombre.

Tras el primer comunicado de la OFAC en 2023, registros periodísticos y de la Plataforma Nacional de Transparencia advierten que Sumilab obtuvo entre 2018 y 2022 alrededor de 180 contratos en Sinaloa con un monto aproximado de 28 millones de pesos.

En ese mismo lapso, al menos 10 contratos fueron otorgados por la administración de Rubén Rocha Moya por un monto total de poco más de 10 millones de pesos.

Entre los contratos más antiguos encontrados en Compranet Sinaloa se encuentra uno en 2017 para el Hospital Civil de Culiacán, sin embargo, personal dedicado a las compras de insumos farmacéuticos advierten que es proveedora desde 2009, fecha en que terminaba el periodo del gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Sumilab, SA de CV, fue fundada en Salvador Alvarado (municipio al norte de Culiacán) en 2001 por Jorge Luis, Víctor Andrés y Francisco Favela López, además de Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, todos socios de la empresa y boletinados por la OFAC.

Operativo Albatros III

El 6 diciembre de 2023, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Marina ordenaron a Sumilab suspender actividades. Esto fue como resultado del Operativo Albatros III.

Este despliegue se dio a conocer el 2 de enero de 2024, con la ejecución simultánea de visitas en 31 puntos en Culiacán, logrando el aseguramiento de 16 comercializadoras de sustancias químicas y agroquímicos y 15 a farmacias y almacenes de medicamentos, cuyos resultados se resumen en la suspensión de siete comercializadoras, seis farmacias y un almacén.

Como resultado del operativo se decomisaron más de 26 toneladas de sustancias químicas y agroquímicos y se incautaron más de 38 mil cajas de medicamentos que incumplían las normas sanitarias de la Cofepris.

Para este 2025, junto a Sumilab, la OFAC sancionó también a las empresas Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, Storelab y Macerlab, todas ellas vinculadas a la misma familia y que en conjunto han obtenido alrededor de 600 contratos con alguna dependencia gubernamental por más de 35 millones de pesos, según publicó la periodista Miriam Ramírez en El Universal.

Entre las dependencias encontradas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Compranet Sinaloa se encuentran adquisiciones directas realizadas por las universidades Autónoma de Sinaloa (UAS) y Autónoma de Occidente (UAdeO), pero también la Autónoma de Baja California Sur, la Universidad de Sonora (Unison) y la Estatal de Sonora (UES), junto a otras.

También han encontrado negocios en otros planteles educativos de Sinaloa, al menos desde 2022, como el Instituto Tecnológico Superior de Guasave, la Universidad Politécnica del Valle del Évora, la Universidad Tecnológica de Culiacán, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), la Universidad Politécnica de Sinaloa y la Universidad Autónoma Indígena de México, entre otros.

Se encuentran también entre sus clientes el Congreso de Sinaloa, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado.

Pero además la empresa sinaloense obtuvo contratos a nivel federal con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2018 y 2022.