CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley de Aduanera, que busca combatir la corrupción, la evasión fiscal, reducir el contrabando, asegurar una competencia más justa para la industria nacional, lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, además de aumentar la recaudación fiscal. 

La reforma fue aprobada en lo general por 338 votos a favor y 129 en contra, la nueva Ley establece la creación del Consejo Aduanero, que integra a la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  

Este consejo escuchará las opiniones de otras dependencias, como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para la agencia aduanal, así como de su prórroga y del respectivo procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, entre otras. 

Además, la reforma fija los nuevos requisitos para ser agente aduanal, entre ellos el no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámites de comercio. 

La reforma también fija que las patentes de los agentes aduanales que ya hubieran sido autorizados, les será aplicable la vigencia de 20 años y podrá prorrogarse por un plazo igual, asimismo se precisan las causales de suspensión, cancelación o extinción de patentes y autorizaciones. 

Se prevé que la enmienda se discuta en el Senado la próxima semana.   

Oposición acusa que la reforma no toca el huachicol fiscal 

El diputado morenista, Carol Altamirano, presiente de la Comisión de Hacienda, afirmó que este dictamen mejoró una ley que no se había actualizado de fondo para combatir la corrupción y ese es un paso en la dirección correcta, para que el comercio internacional tenga una nueva etapa caracterizada por el orden, la legalidad, la responsabilidad y el combate a las malas prácticas que han lastrado durante muchos años este sector de la economía. 

Sin embargo, los legisladores de oposición acusaron que la reforma perpetúa la irregularidad de la actuación militar y no toca el problema del huachicol fiscal.  

El diputado del PRI, Christian Mishel Castro Bello, quien presentó una moción suspensiva, misma que no fue aprobada, resaltó que la inactiva es un producto legislativo atropellado, incompleto y violatorio de los derechos humanos que, lejos de atender a los grandes retos, dijo, construye un sistema represor que contribuye a la corrupción. 

“En este dictamen la omisión sobre la operación civil de las aduanas perpetúa la irregularidad que hemos visto en una actuación militar, como ocurrió como el caso del huachicol fiscal. Tan sólo entre abril de 2024 y marzo del 2025, alrededor de 31 buques descargaron hidrocarburos en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, bajo la protección y complicidad de miembros de la Marina. 

“El huachicol fiscal ha representado pérdidas para el erario por cerca de 600 mil millones de pesos, tan sólo en este último año. Este proyecto no define qué autoridades deban encargarse de la operación aduanera, pese que en la práctica esta función ha sido asumida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al no corregir esta situación, el dictamen consolida un esquema contrario al principio de conducción civil de la administración pública, vulnerando el marco legal vigente y los criterios de control sobre las funciones aduaneras del Estado”, detalló.  

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, enfatizó que la iniciativa trae efectos negativos. Alza inevitable de precios y productos, relentiza la liberación de productos, crea barreras comerciales, incluso en contra del Tratado de Libre Comercio, fomenta y falta a la competitividad, fomenta la informalidad, retroceso en la facilitación del comercio y, por si fuera poco, esta iniciativa protege al huachicol.  

“Nos mintieron desde el gobierno, nos mintió Morena. La corrupción, en un 99% del huachicol, está en el propio gobierno de Morena. Porque tan solo ocho agentes aduanales han sido procesados, de un universo 880. Es decir que el 1% del sector privado podría estar manchado en corrupción en el tema del huachicol, pero el 99% de la corrupción huachicolera está en el gobierno de la 4T. Y esta iniciativa no trae ni una sola letra, ni un solo párrafo para acabar con la red de corrupción enquistada en el gobierno. 

“Se sigue manteniendo la militarización de aduanas, se sigue manteniendo a los marinos y se sigue manteniendo al Ejército en la operación aduanal, ¿por qué? Porque desgraciadamente este gobierno corrompió a la Marina y corrompió al Ejército”, afirmó.