CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A casi siete meses de la incautación de un buque en Altamira, Tamaulipas, como primer hallazgo de contrabando de combustible de grandes dimensiones, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido apenas 16 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo siete se han cumplido, es decir ni la mitad. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, evadió dar la cifra exacta de cuántas órdenes de aprehensión falta por liberar y solo respondió “imagínese usted”. 

Afirmó que, a partir de todo el entramado de ilegalidad en cuestión de contrabando, se creó un grupo de trabajo en el que participa el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Aduanas y todas las unidades de protección de Pemex y aseguró: “A partir de ese momento no hemos vuelto a tener un solo caso”. 

En el caso de Altamira, el barco está asegurado y se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión en contra de las personas responsables, de las cuales sólo tres se han cumplido. 

Añadió que fue donde “se encontró la relación con los grupos delictivos del cártel de Jalisco Nueva Generación”. 

En el caso de Ensenada, “ahí el barco ya había partido cuando se encontró en un en un local una cantidad de más de 2 millones de litros de combustible, se aseguró el local”. 

Del caso de Ensenada se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión, de las cuales sólo se han cumplido cuatro, “está en local asegurado, está el combustible asegurado y se y se hizo una investigación y de ahí de ese momento, la señora presidenta ordenó que se genera generara un grupo de trabajo en este en esta especialidad que ha estado trabajando prácticamente a diario desde esos meses”. 

Aseguró que, en el caso del buque en Topolobampo, Gertz afirmó que “es un barco que traía material químico y hasta este momento no se ha obtenido ninguna muestra de que sea materia de un huachicol”. 

El secretario de Marina, Pedro Morales, confirmó que apenas se están tomando las muestras, pero aún no tienen las conclusiones, pero se tendrán “pronto”. 

Al preguntarle sobre las órdenes de aprehensión contra mandos militares y de Marina el fiscal respondió:  

“Todos los elementos de prueba que va que se han ido obteniendo han permitido todos estos procesos que han dado esos resultados que son públicos, tanto con personal de aduanas como con personal de cualquiera de las instituciones que hayan participado y eso ha sido una información pública que se ha dado ampliamente”.  

-¿Todavía faltan órdenes de aprehensión por ejecutarse en este sentido? 

-Sí, por supuesto.  

-¿Podría hablar de cuántas todavía? 

-Imagínese. 

En anteriores ocasiones, el fiscal Gertz Manero aseguró que los primeros señalamientos empezaron desde hace dos años, después, la presidenta Sheinbaum dijo que las investigaciones iniciaron desde su administración. 

En esta ocasión se le preguntó al fiscal cuando exactamente iniciaron y respondió: 

“Hay que recordar la cantidad de buques que durante la administración anterior fueron detenidos y asegurados por este tipo de delitos. Es un asunto que se ha venido llevando a cabo durante muchos años y ustedes lo ven cómo ha venido bajando el índice delictivo en cada una del de los aspectos delincuenciales en razón de un trabajo que se ha venido fortaleciendo año con año y mes con mes”. 

Añadió que ahora esto “es el resultado final de un trabajo muy muy largo que ha dado este resultado final”. 

El funcionario insistió en cuándo se iniciaron las carpetas de investigación en específico por este tipo de delitos. 

“Si usted quiere que le dé yo un dato concreto de cada uno de estos de estos casos, con mucho gusto yo lo busco y se lo hago llegar”. 

En la edición de octubre, la revista Proceso publicó: “Las investigaciones revelan un panorama sin precedente en la larga historia de corrupción en México: jefes y mandos militares -entre soldados y marinos- al frente de funcionarios civiles y agentes aduanales, 500 barcos usados para el contrabando de millones de litros de combustibles, tráfico de autos, armas y drogas junto con cárteles de la droga, una red de empresas transportistas y comercializadoras con derivaciones políticas y cientos de miles de millones de pesos en pérdidas para Pemex y el erario”. 

Agrega que “la develación de la trama ha dejado ya una secuela de muertes y decenas de detenidos. Hasta el 24 de septiembre último se habían girado 37 órdenes de aprehensión contra jefes y mandos militares y civiles, y se esperaban otras 60, sobre todo de civiles, entre los que se encuentran agentes aduanales”, además de que “información de seguridad, judicial y de inteligencia a la que Proceso tuvo acceso indica que unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.