CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El 25 de septiembre de 2025, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para gravar los electrolitos orales comerciales con impuestos como el IVA y el IEPS.

La propuesta busca reclasificar estos productos, actualmente registrados como medicamentos, para que se consideren bebidas saborizadas sujetas a gravámenes y a sellos de advertencia nutricional.

Argumentos de los legisladores

De acuerdo con los diputados impulsores, muchas marcas de electrolitos orales en México contienen niveles de azúcar comparables a refrescos y se venden de forma masiva en presentaciones saborizadas, sin receta y sin limitaciones médicas.

El diputado José Antonio López Ruíz, del PT, señaló que algunas fórmulas contienen hasta 3.5 % de azúcar y que la exención fiscal que actualmente disfrutan constituye una “distorsión” frente a otras bebidas industrializadas que sí pagan impuestos.

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La iniciativa propone modificar la Ley del IVA, la Ley del IEPS y la Ley General de Salud para eliminar la tasa cero que se aplica a los electrolitos orales y obligar a sus fabricantes a colocar sellos frontales de advertencia nutricional conforme a la NOM-051.

Los legisladores calculan que esta reforma podría generar más de 5,000 millones de pesos anuales en recaudación.

Debate sanitario: entre la medicina y el consumo

Los electrolitos orales son soluciones de agua, sales y glucosa que se utilizan desde hace décadas para prevenir y tratar la deshidratación, especialmente en casos de diarrea, vómito, insolación o ejercicio intenso.

Instituciones médicas como la Clínica Mayo recomiendan el uso de sueros de rehidratación oral en cuadros de deshidratación leve a moderada, ya que la glucosa facilita la absorción de sodio y agua en el intestino y bajo la supervisión de un médico. En estos contextos, su eficacia está comprobada y su uso es parte de protocolos médicos en todo el mundo.

El debate surge porque, en México, muchas presentaciones comerciales incluyen azúcares añadidos, edulcorantes y saborizantes, lo que las acerca más a un producto de consumo masivo que a un medicamento. Para los legisladores, esa diferencia justifica que se elimine la exención fiscal y se les trate como bebidas azucaradas.

Objeciones y riesgos

Críticos de la medida advierten que gravar estos productos de manera general podría encarecer los tratamientos médicos, especialmente en comunidades con alto riesgo de deshidratación infantil. Señalan que el reto será diferenciar entre las fórmulas terapéuticas sin azúcares añadidos y las versiones saborizadas de consumo cotidiano.

Estado legislativo y próximos pasos

El 24 de septiembre de 2025, un día antes de que se presentara la iniciativa, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, declaró que la propuesta es viable y que el Paquete Económico 2026 puede enriquecerse con ajustes fiscales en el Congreso.

La iniciativa está en proceso de análisis en comisiones de la Cámara de Diputados y, de avanzar, se discutiría en el marco de la Ley de Ingresos 2026.

Si la reforma se aprueba, las empresas productoras deberán ajustar sus etiquetas para incluir sellos de advertencia y sus precios finales podrían aumentar. La medida también abriría la puerta a una diferenciación legal entre electrolitos orales con fines médicos y aquellos que se comercializan como bebidas refrescantes.