CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la detención de Rigoberto López Mendoza, sospechoso del asesinato de un líder de los productores de limón del occidente del país que fue localizado muerto en su vehículo luego de denunciar las redes de extorsión que operan en Michoacán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que tras un operativo que se realizó en Michoacán por el homicidio de Bernardo Bravo, dirigente de los citricultores de la región, fue arrestado un hombre que ha sido señalado como uno de los presuntos responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros del municipio de Apatzingán, donde operan distintos grupos criminales.

El detenido fue identificado como Rigoberto “N” y fue apresado cuando se trasladaba en un vehículo, indicó en un comunicado el Gabinete de Seguridad federal. En la operación que llevó a la captura del sospechoso participaron elementos del ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que según las investigaciones en marcha Bravo fue asesinado la noche del domingo en otro lugar y su cuerpo, con un disparo en la cabeza, fue colocado en el vehículo en un camino de Apatzingán.

En entrevista con un medio local Torres Piña dijo que el limonero tenía asignado personal de seguridad del estado de Michoacán y que disponía de un vehículo con blindaje.

El fiscal señaló que, según los vídeos de las cámaras de seguridad, Bravo salió el domingo por la mañana de Morelia, capital de Michoacán, en un vehículo blanco porque aparentemente lo habían citado en una comunidad cerca de Apatzingán. Se cree que acudió solo a esa reunión y después hubo un cambio de vehículo, precisó Torres Piña.

Su cadáver fue encontrado en el segundo carro, que no tenía ningún impacto de bala y que, presuntamente, fue abandonado en un camino a las afueras de Apatzingán esa misma noche del domingo. El vehículo fue hallado el lunes por la mañana por el ejército.

Al lamentar el asesinato del productor, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes en su conferencia matutina que “tiene que haber justicia en este caso” e indicó que el gabinete de seguridad está apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para detener a los responsables.

En los últimos meses Bravo había denunciado en los medios locales que los criminales estaban exigiendo pagos exorbitantes a los productores, a quienes no les quedaba otra opción que negociar con ellos.

Por años en México se ha padecido la extorsión que golpea tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas que pierden millones de dólares al año por el pago del llamado “cobro de piso”, según han reconocido los organismos empresariales locales.

En el caso de Michoacán, distintos grupos criminales, entre los que se incluyen el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana —designados en febrero por Washington como organizaciones terroristas— han llegado a tener en sus manos sectores desde el limón o los aguacates, dos de las mayores fuentes de ingresos del estado, hasta refrescos o tortillas, base de la alimentación mexicana.

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros nueve meses del año la extorsión reportó un crecimiento de 20,8%, en comparación con igual período del 2024, convirtiéndose en el único de los 11 delitos de alto impacto que se ha mantenido al alza.

Ante el repunte de casos el gobierno activó en julio un plan nacional para combatir ese delito que incluyó una iniciativa de reforma constitucional y una ley general para elevar la penas y perseguir de oficio la extorsión en todo el país.

Por otra parte, las autoridades estatales confirmaron el martes el asesinato del político Miguel Bahena Solórzano, alcalde de la localidad central de Pisaflores, estado de Hidalgo, que fue azotado hace dos semanas por torrenciales lluvias que dejaron decenas de muertos y afectados.

Bahena Solórzano, del partido pro oficialista Verde Ecologista de México, murió la noche del lunes tras ser tiroteado a las afueras de su casa.

La organización política exigió en un comunicado una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” del homicidio del alcalde y la detención y castigo de los responsables del crimen.

Los políticos mexicanos no han escapado de la violencia que golpea vastas regiones del país. Según cifras de la firma local de consultoría política Integralia Consultores, durante el primer semestre fueron asesinado 112 políticos. La mayor parte de los ataques ocurrieron en el ámbito municipal donde los funcionarios y políticos están más expuestos a la acción de los grupos criminales.