BOGOTÁ (Proceso).- La excomandante sandinista Mónica Baltodano, a quien los “copresidentes” de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, despojaron de su nacionalidad y de sus bienes y obligaron al exilio, está convencida de que los diputados mexicanos que crearon hace unos días un Grupo de Amistad México-Nicaragua avalaron, con ese hecho, a un régimen “autocrático y dictatorial que ha perpetrado cientos de crímenes de lesa humanidad”.

La poeta nicaragüense Gioconda Belli, también perseguida por los Ortega-Murillo y quien el viernes último fue elegida Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025, dice sentir “tristeza” de que, a pesar de las evidencias de las atrocidades cometidas por la pareja presidencial, “ciertos diputados, y en general el gobierno mexicano, se niegan a reconocer el daño que le hacen a la izquierda y a la causa del progreso estas derivaciones autoritarias inaceptables”.

Para la excomandante Baltodano, los diputados mexicanos que forman parte del “grupo de amistad” con Nicaragua, “o desconocen la realidad de mi país o tenían la intención deliberada de dar un espaldarazo, un aval, sin ningún rubor, a una dictadura cruel y criminal” que ha perseguido a verdaderos comandantes revolucionarios, como Dora María Téllez, Humberto Ortega (hermano de Daniel), Hugo Torres, Henry Ruiz y Bayardo Arce.

Y, claro, a la propia Baltodano, a quien el régimen acusó de “traición a la patria” en 2023 junto a otros 93 nicaragüenses críticos del autoritarismo, entre ellos decenas de sandinistas que en los 70 lucharon contra la dictadura somocista y que ahora lo hacen contra la dictadura de los Ortega-Murillo.

El exdiputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Enrique Sáenz, otro de los opositores orillados al exilio, considera que los diputados mexicanos del “grupo de amistad” binacional “no saben en qué mundo viven” porque las atrocidades de la dictadura nicaragüense han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales.

“Si tomaron la decisión (crear el grupo) sin conocer esa información, qué irresponsables son. Y si conocían esta información, lisa y llanamente son cómplices de la dictadura de Ortega, una de las más desacreditadas del mundo”, asegura.

En el acto de instalación de ese grupo, del cual forman parte diputados del PT, Morena, el PRI y el PAN, se gritaron “¡vivas!” al “comandante Daniel” y a “la compañera Rosario”, quienes según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son responsables de 322 asesinatos de manifestantes, de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, destierros, cierre de medios y de miles de ONG, y de despojo de la nacionalidad a opositores.

El “comandante Daniel” y “la compañera Rosario” estuvieron representados en la instalación del “grupo de amistad” por el embajador de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, quien exaltó “los logros” de su gobierno “en todos los ámbitos de la vida nacional”, aunque no mencionó que Nicaragua tiene el ingreso per cápita más bajo de la región y (dos mil 142 dólares anuales) y la tercera tasa más alta de pobreza.

Además, Gutiérrez Madrigal dijo que el “buen gobierno” de la pareja presidencial tiene “un amplio respaldo popular” y que “el 85.1% de los nicaragüenses aprueba la gestión de los copresidentes”, un dato sacado de una encuesta que, según Baltodano, fue “comprada por ellos” y que contrasta con sondeos de firmas independientes que indican que el respaldo ciudadano al régimen es menor a 15%.

Un hecho que omitió el embajador es que las elecciones presidenciales de 2021, las más recientes que se han realizado en Nicaragua, Ortega arrasó luego de haber encarcelado a todos los candidatos opositores competitivos, encabezados por Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

Es como si en México Andrés Manuel López Obrador hubiera hecho encarcelar el año pasado, cuando era presidente, a los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez bajo cargos falsos.

Por eso fue llamativo que en la instalación del Grupo de Amistad México-Nicaragua, el pasado 7 de octubre, su presidente, el diputado del PT Pedro Vázquez González, haya dicho que en el siglo XXI la defensa de la soberanía “no puede separarse de la defensa de los derechos humanos; no hay autodeterminación posible donde se silencien las voces, donde se persiga al disidente, donde se nieguen las libertades más elementales”.

Pareció un pronunciamiento en contra de Ortega y de Murillo y a favor de las miles de víctimas que ha dejado esa dictadura dinástica, en la que los hijos de la pareja gobernante manejan áreas clave como las relaciones con China, Rusia y con los inversionistas extranjeros; con los medios de comunicación públicos y con las empresas estatales.

Represión a bala por orden presidencial

El diputado Vázquez González también dijo que “la defensa de los derechos humanos es uno de los pilares de la política exterior mexicana”, pero ese principio carece de sentido cuando, en el mismo acto en el que se pronunciaron esas palabras, se exaltaron las figuras de Ortega y Murillo, considerados por Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y muchos otros organismos, como violadores sistemáticos de los derechos humanos.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua señala en un informe de abril de este año que desde el inicio de las protestas contra el régimen, “el presidente (Ortega) y la vicepresidenta (Murillo en ese entonces) ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones, como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder”.

De acuerdo con el reporte, el número elevado de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales del cuerpo “pone en evidencia que el objetivo de los actos de represión no fue detener o herir a las personas manifestantes, sino matarlas”.

Desde el inicio de las protestas, en abril de 2018, hasta el 26 de marzo de 2025, más de cinco mil personas han sido arbitrariamente detenidas, la mayoría de las cuales fueron sometidas a torturas, incluida la violencia sexual, o a tratos crueles y degradantes; 14 más fueron desaparecidas, y se registraron 40 casos de ejecuciones extrajudiciales, según el informe.

Humberto Ortega, excomandante sandinista y hermano de Daniel Ortega, murió el 30 de septiembre de 2024 mientras cumplía prisión domiciliaria por calificar de “dictatorial” al régimen, lo que le valió, además, ser acusado de “traidor a la patria”. Su pareja, Angélica Patricia Chavarría Altamirano, está desaparecida desde el 20 de mayo de 2024.

Los presidentes izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile) han criticado el autoritarismo y los crímenes de lesa humanidad de Ortega y Murillo. En 2023, el entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dio asilo y la nacionalidad mexicana a la excomandante sandinista Dora María Téllez, aunque el morenista nunca condenó la violación a los derechos humanos en Nicaragua.

Téllez, quien incurrió en el “delito” de criticar a la dictadura, permaneció encarcelada durante 605 días en un calabozo en tinieblas, en aislamiento total y con prohibición de hablar, escribir y leer, antes de viajar desterrada hacia México en febrero de 2023.

“La izquierda democrática de América Latina está completamente alineada con la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, porque, además, Ortega no es de ninguna izquierda, su proyecto es simplemente el de una dictadura dinástica familiar sin ideología de ninguna especie”, aseguró Téllez a Proceso al recobrar la libertad.

 El diputado del Movimiento Ciudadano Juan Ignacio Zavala Gutiérrez fue llamado a formar parte del Grupo de Amistad México-Nicaragua e incluso se le presentó como integrante del mismo durante el acto de instalación, pero él previamente había renunciado a formar de esa iniciativa argumentando que sería una forma “de legitimar a un régimen” que ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.

“No es un tema ideológico, sino de no avalar violaciones de derechos y persecución contra opositores, que están ampliamente documentadas, y que nosotros, como Poder Legislativo del Estado mexicano, no debemos prestarnos a legitimar”, señala el legislador.

Dice que muchos de los diputados del PT y de Morena que forman parte del grupo suelen hablar en la tribuna de la Cámara de Diputados de su compromiso con los derechos humanos y la democracia y no sólo es contradictorio, sino “indignante”, que avalen y “le laven la cara” a un régimen que no tiene ninguna de esas características.

Las visitas al “comandante”

Entre los invitados de honor a la instalación del Grupo de Amistad México-Nicaragua estuvieron el coordinador de la bancada de diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quien le pidió al embajador nicaragüense saludar de su parte al presidente Ortega y a la compañera Rosario, a quienes “visitamos seguido”.

Otros diputados que presumieron sus viajes a Nicaragua fueron el presidente del grupo, Pedro Vázquez González, y la morenista Magdalena Rosales, para quien la Revolución Sandinista y la dupla Ortega-Murillo son una misma cosa.

Rosales elogió “el impulso empresarial” del gobierno de los “copresidentes” y dijo que gracias a sus políticas económicas y sociales “hoy Nicaragua es otra” y es, también, “una patria digna para todas y todos”.

Para la excomandante sandinista Mónica Baltodano resulta “ofensivo” afirmar que Ortega y Murillo representan a la Revolución Sandinista ya que, por el contrario, “la traicionaron”, y más que una “patria digna para todas y todos”, la pareja presidencial despojó de su patria a muchas y a muchos ciudadanos a los que privaron de la nacionalidad.

De acuerdo con Baltodano, en ese acto de instalación del grupo binacional se hicieron afirmaciones “verdaderamente falaces y mentirosas” y se expresaron palabras que parecieron críticas involuntarias a Daniel Ortega.

Por ejemplo, la diputada Rosales afirmó: “No queremos que ningún pueblo viva en la miseria y sometido por dictadores apoyados siempre por el imperio, por los Estados Unidos”. Ortega no tiene el respaldo de Washington, pero la izquierda democrática latinoamericana que representan presidentes como Lula y Boric lo consideran “un dictador”.

El diputado priista Rubén Moreira dijo que los grupos de amistad son lugares “para expresar el cariño que se tienen los pueblos”.

Pero en ese espacio donde se instaló el grupo no había representantes ni del pueblo ni de la sociedad civil de Nicaragua. Tampoco de las víctimas. Estaban el embajador de los Ortega-Murillo y varios diputados del PT convocados por su coordinador, Reginaldo Sandoval, y legisladores de alto perfil de Morena, como Dolores Padierna.

Los integrantes del Grupo de Amistad México-Nicaragua son los petistas Pedro Vázquez González (presidente), Fernando García y Jesús Roberto Corral; las morenistas Magdalena Rosales, Ariadna Barrera y María Damari Silva, y el panista César Augusto Verástegui, quien no participó en la ceremonia, pero fue presentado como miembro del grupo.

Días antes, 76 víctimas de la dictadura nicaragüense —exprisioneros políticos, excomandantes revolucionarios, activistas humanitarios, todos en el exilio— habían enviado una carta a los diputados mexicanos para pedirles desistir de instalar ese “grupo de amistad” y reorientar las acciones legislativas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.

El presidente del grupo, Pedro Vázquez González, dijo que nunca le llegó la misiva.