En el gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la creación de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) tiene a un grupo de trabajadoras de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en “el limbo laboral”: sin definición de sus plazas, sin sueldo, sin certidumbre de sus prestaciones y, peor aún, víctimas de violencia institucional, económica y sicológica hacia ellas y sus hijos. En el grupo denunciante también hay hombres.

En total, los afectados son integrantes del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, quienes denuncian que las autoridades violaron sus derechos laborales.

Por ello solicitaron la intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues no han recibido solución de la dependencia que dirige Citlalli Hernández ni de la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza Rosa Icela Rodríguez, y de la que dependía la Conavim.

Incluso, pidieron la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que conduce Raquel Buenrostro, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

“La presidenta dijo ‘llegamos todas’, pero no es cierto; llegaron sólo ellas, las de su partido. A nosotras nos han maltratado”, denuncia entre lágrimas una de las trabajadoras que pide el anonimato por temor a represalias.

Ese limbo laboral al que están sometidas comenzó desde el 1 de enero último, cuando por decreto desapareció la Conavim y sus funciones las asumió la Semujeres; no sólo las tienen sin sueldo, pues no han renunciado ni las han despedido, sino que temen que sus prestaciones de servicio médico, Fovissste, créditos personales y guardería queden desactivadas. Muchas son madres solteras o tienen bebés, están bajo tratamientos médicos muy especializados o son de la tercera edad.

Violencia institucional

El antecedente de esta situación para los empleados del exConavim comenzó el 19 de agosto de 2024, cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) se elevaría al rango de secretaría y designó a Citlalli Hernández, exsecretaria general de Morena, como su futura titular.

El 23 de octubre siguiente la encargada de despacho de la Comisión, Sayda Yadira Blanco, convocó al personal a una reunión en línea y les anunció la fusión de la Conavim con el Inmujeres para crear la SeMujeres.

“Nos dijo que no nos preocupáramos porque la Conavim iba a pasar intacta y a todas nos iban a contratar”, dijo una denunciante.

Al día siguiente las trabajadoras se reunieron con Citlalli Hernández, quien les reiteró la promesa: “A nadie se va a correr, todo el personal va a pasar igual a la secretaría”. Y les ofreció hablar con la Segob.

El 28 de noviembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que, entre otras medidas, hizo oficial la creación de la SeMujeres a partir del 1 de enero de 2025.

Las extrabajadoras de la Conavim denuncian que desde entonces ninguna autoridad ha respetado dos artículos transitorios de ese decreto. Se trata del artículo 8 que asegura que los derechos laborales del personal que pase de una entidad pública a otra “se respetarán en términos de lo previsto por las disposiciones jurídicas aplicables”.

El artículo 14 indica que “los recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones” de la Conavim “se transferirán” a la SeMujeres, a más tardar el 31 de diciembre de 2024. Además, el decreto por el cual se creó la Conavim el 1 de junio de 2009 quedará “abrogado” a partir del 1 de enero de 2025, por lo que se deberán hacer “las adecuaciones correspondientes al reglamento interior de la Secretaría de Gobernación”.

El 16 de diciembre último todo el personal de la Conavim fue convocado por el entonces director de Administración, Rigoberto Guzmán, a una reunión. Ahí, Sayda Yadira Blanco les pidió presentar sus renuncias, sin diferenciar entre personal eventual, de honorarios ni del Servicio Profesional de Carrera; peor aún, sin sustento legal.

La exdirectora de Administración, Yunuen González, les dijo que su renuncia era para “facilitar a la Segob el trámite de transferencia” a la SeMujeres. Les dijeron que ésta revisaría sus perfiles profesionales, pero a la fecha no han recibido ninguna noticia.

Así se lo informaron a Citlalli Hernández el 17 de noviembre en una carta a la que Proceso tuvo acceso. En ella denunciaron que de las tres autoridades mencionadas sólo recibieron “ambigüedades, con falta de información”, además de un trato falto de “sensibilidad y perspectiva de derechos humanos”. De paso le solicitarib “ser tratadas con respeto y apegadas al Estado de derecho por dignidad” para ellas y sus familias. También le pidieron una reunión para aclarar el tema. Tampoco tuvieron respuesta.

Las denunciantes aseguran que están amparadas por el Servicio Profesional de Carrera y son titulares de su plaza. “Nosotras ganamos nuestra plaza por concurso... Nos tienen que reubicar como dicen los artículos 40 y 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera”.

El 23 de diciembre, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el futuro de las trabajadoras de la Conavim y del Inmujeres, quienes fueron obligadas a renunciar o a aceptar puestos con salarios más bajos y perder su antigüedad.

“Citlalli tiene que hablar con ellas o el equipo de la Secretaría de las Mujeres y darles las diversas opciones… Se va a cumplir con la Federal del Trabajo, siempre”, contestó.

Así, en la incertidumbre, siguieron yendo a trabajar hasta el 31 de diciembre. El 2 de enero de 2025 Sayda Yadira Blanco se presentó en las oficinas. “Nos dijo que ya no era encargada de la Conavim, que sólo iba a entregar las instalaciones y que fuéramos con la Secretaría de Gobernación ‘a ver qué les dicen de sus plazas’”.

La Segob también las ignora

El 10 de enero último las denunciantes se quedaron en la espera del depósito de su pago quincenal. Por eso enviaron una carta a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina (de las cuales esta reportera tiene copia) para manifestarles su preocupación por el incumplimiento de distintas leyes:

• El 1, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 123 apartados A y B de la Constitución Política.
• El 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• El 4, 5, 10, 40 y 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Las solicitantes pidieron audiencia para recibir información “clara y precisa” de su situación laboral y del cumplimiento de la transferencia de la Conavim a la SeMujeres. Sin embargo, nadie les ha contestado.

Proceso solicitó a la Segob información sobre la crisis de esta plantilla laboral, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Mientras tanto, se agravó el maltrato laboral para quienes trabajaron en la Conavim.

El 16 de enero fueron citadas a nombre de la secretaria Hernández, pero las recibió Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, y otros funcionarios. Según las denuncias, para entrar a la reunión las denunciantes tuvieron que apagar y dejar fuera de la sala sus celulares.

Luego, la exfuncionaria del gobierno de Sheinbaum en la CDMX les preguntó por qué seguían yendo a las oficinas, les dijo que “lamentaba” que no se haya “hecho el trámite de sus plazas” y que ella “no sabía” del tema, aunque las trabajadoras aseguran que sí.

Divididas en tres grupos, les dieron información distinta: que sus plazas “desaparecieron”, que “se transfirieron” y que “después hablaban de eso”. Les prometieron revisar el tema, pero les adelantaron que no tenían atribuciones para resolverlo y que “ya no había lugar” para ellas en la Semujeres. Les ofrecieron acercarse a las secretarías de Gobernación, Anticorrupción, y Hacienda y Crédito Público para externarles la situación de incertidumbre y que “se pueda lograr con el diálogo una solución pronta”.

Para el 20 de enero último las inconformes enviaron una carta a la secretaria Buenrostro para pedir transparencia en el proceso de transferencia de recursos financieros, materiales y humanos de la Conavim a la SeMujeres y se finquen las responsabilidades correspondientes. Siguen en espera de su respuesta.

El 21 de enero recibieron una nueva estocada: la subsecretaria Ingrid Gómez acudió a las oficinas de la extinta Conavim, pidió a las trabajadoras recoger sus cosas y puso en resguardo las instalaciones y los archivos. Les ofreció reconsiderar todos los perfiles y elegir los idóneos para la secretaría recién creada.

De defenderlas a revictimizarlas

Las denunciantes se sienten burladas y revictimizadas por quienes, irónicamente, encabezaron el organismo dedicado a prevenir la violencia contra las mujeres, por una secretaría creada para atender sus necesidades y, peor aún, por el primer gobierno de una mujer presidenta.

En entrevista las afectadas explican que mientras estuvieron en la Conavim atendían diferentes áreas, algunas ayudaban a resolver casos de desapariciones y feminicidios, salvar la vida de mujeres en peligro o privadas de su libertad. Aun así, siguen en “el limbo laboral”.

Dice una de las denunciantes:

La extitular de la comisión aseguró su plaza y la de los suyos. A su chofer le dio una dirección y a nosotras nos dejó a la deriva. Yo me siento revictimizada.

Hay quienes quieren ser indemnizadas por la violencia laboral y porque no se tomó en cuenta su experiencia profesional ni su pertenencia en el Servicio Profesional de Carrera. Otras quisieran ser reubicadas porque son madres solteras y el pilar de su hogar, porque tienen hijos pequeños con tratamientos médicos muy específicos o porque les faltan poco para su jubilación.

Las afectadas están preocupadas por su futuro laboral y las prestaciones sociales como ISSSTE, Fovissste, guardería y créditos personales. “Somos trabajadoras institucionales y nos obligan a pelear por nuestros derechos”, lamentan.

Su esperanza es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde les ofrecieron llamar a la Segob para llegar a un acuerdo. Dicho organismo lo encabeza José Luis Rodríguez Díaz de León, exsecretario del Trabajo y Fomento al Empleo cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la CDMX.