CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Presencia alarmante de violencia del crimen organizado en el país –y de manera particular en entidades de tránsito de migrantes– y la militarización de la política migratoria, entre otros factores, han aumentado los riesgos de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad, alerta el “Informe sobre Trata y Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad”.  

Elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con la colaboración de Terre des Hommes y Cooperación Alemana, el documento hace una revisión exhaustiva del panorama de riesgos que corren las personas menores de 17 años, acompañados o no, que recorren el país con rumbo a Estados Unidos, con distintos fines como la reunificación familiar y la búsqueda de mejores oportunidades, así como el desplazamiento por la violencia en sus lugares de origen.  

El documento, que hace un análisis de información oficial y retoma investigaciones de organizaciones civiles especializadas, prende los focos de alarma sobre la desaparición de menores en condición de movilidad.  

Cifras negras 

El informe de Redim resalta a organizaciones que dan seguimiento a las personas en migración en Chiapas como Melel Xojolobal, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) y Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), las cuales alertan de la existencia de “cifras negras muy grandes” sobre la desaparición de menores en migración en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las fiscalías y los registros de las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. 

El documento toma como punto de partida la información proporcionada por el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que destaca que “tan sólo de enero a junio se tiene el reporte de 782 personas migrantes que han fallecido o desaparecido en la frontera México-Estados Unidos, entre ellas 40 niñas, niños o adolescentes”.  

El RNPDNO identifica que de enero de 2019 a junio de 2024 se registró a 7 mil 276 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, de los cuales, sólo 25, es decir el 0.36%, fueron clasificados como niñez y adolescencia en contextos de movilidad. Y, de ese porcentaje, “el 56% fue reportada como desaparecida en el año 2023, mismo año que se llegó a la misma cifra de desapariciones desde el año 2019”. 

De esos 25 menores víctimas registrados en los últimos seis años 52% son niños y adolescentes varones y 48% son niñas y adolescentes mujeres, todos con un promedio de edad al momento de desaparecer de 15 años, “pero existen niñas y niños que fueron desaparecidos al tener cuatro años de edad”, siendo las principales nacionalidades de las víctimas hondureña, estadunidense, venezolana, guatemalteca, india, nicaragüense y ecuatoriana  

Se agrega que los estados donde se registra la mayor parte de los casos de desapariciones de personas menores de 17 años entre 2019 y junio de 2024 fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán  

El informe alerta que, de la revisión del registro oficial, se detalla la condición migratoria en nueve casos, como el de un niño de un año de edad, de nacionalidad estadunidense, desaparecido en Michoacán; dos adolescentes de 14, mujer y varón, de Guatemala y Colombia, con residencia temporal fueron vistos por última vez en Chiapas y Tlaxcala, respectivamente. Mientras que seis menores, cuatro hombres y dos mujeres, en condición de estancia irregular desaparecieron en Coahuila, Tamaulipas, Durango, Puebla y Quintana Roo.  

Desaparición en contexto de movilidad 

El documento retoma información de la Red sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (Redlac) de 2020, que ha documentado que “las desapariciones de personas en contextos de movilidad suceden particularmente en los tramos de cruce, entre el sur de Estados Unidos (65%) y el norte de México (34%), además de concentrarse en regiones donde cruzan las rutas migratorias y que poseen regiones controladas por grupos delictivos que generan ingresos a partir de personas migrantes”.  

Esa dinámica se puede observar al analizar el RNPDNO, ya que la mayoría de los reportes de desaparición de menores en condición de movilidad son en Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, Chiapas y Coahuila.  

Redim abunda en que hay una gran diferencia entre la información oficial y la de organizaciones sociales, pues en el periodo de 2020 a 2023 Melei Xojolobal documentó diez casos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad como desaparecidos, mientras el RNPDNO sólo tiene un registro en esa entidad. 

Detenciones 

La presencia cada vez más fuerte de menores en contextos de migración hacia Estados Unidos se hace evidente en las cifras oficiales de los últimos años de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre el número de detenciones de esta población en su frontera sur. 

Así, mientras en 2014 CBP detuvo a 67 mil 334 menores no acompañados, la cifra creció de forma exponencial en 2021, cuando se registraron 146 mil 925 detenciones, para después descender la cifra hasta llegar a 90 mil 30 en junio de 2024. 

En cuando a la detención de menores acompañados, los registros disponibles del CBP reflejan que en 2020 fueron 687, ascendiendo a 2 mil 963 en 2022, mientras que en junio pasado la cifra alcanzó mil 223 niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados retenidos por autoridades estadunidenses bajo el Título 42.  

El informe resalta que las nacionalidades de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados retenidos por el CBP son principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y México.    

En México, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) del Instituto Nacional de Migración (INM) ha registrado de enero de 2014 a junio de 2024,  “535 mil 332 eventos de niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación irregular en el país (…) que principalmente provenían de Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Colombia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Haití; y en menor proporción, se menciona el aumento de personas que históricamente no se recibían en México”. 

Tras identificar los distintos motivos por los que las personas deciden migrar, como la reunificación familiar, la búsqueda de mejores oportunidades, así como el desplazamiento por la violencia en sus lugares de origen, el informe resalta que, según la UPMRIP, las entidades donde mayormente se llevaron a cabo las detenciones de menores fueron Chiapas, Tabasco, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Chihuahua, Puebla y Estado de México. 

Con apego a datos de UPMRIP del 1 de enero de 2019 a junio de 2024, “es posible visualizar que 384 mil 284 niñas, niños y adolescentes fueron captados por la autoridad migratoria, mostrando también un ascenso en cada año -con excepción del año 2020 por las restricciones de covid-19”. 

Peticiones de asilo y desapariciones 

Otros datos reveladores son las solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Apoyo  a Refugiados (Comar), entre 2019 y junio de 2024, periodo en el que hubo 130 mil 360 niñas, niños y adolescentes que solicitaron asilo en México, originarios principalmente de Honduras (55 mil 834), Chile (12 mil 598), Brasil (10 mil 8666), Haití (10 mil 338), El Salvador (9 mil 242), Guatemala (7 mil 864), Venezuela (6 mil 880) y Cuba (6 mil 102), “que coincide con el contexto político y de seguridad que se vive en dichos países”, destacando que “quienes tienen la nacionalidad chilena y brasileña, son hijos e hijas de padres y/o madres de origen haitiano”.  

En el informe se recogen comentarios de varias organizaciones civiles de derechos humanos, que refieren la falta de claridad de los motivos por los que los niños, niñas y adolescentes desaparecen, pero “existe la hipótesis desde colectivos y organizaciones de la posibilidad de que fueron llevados para fines de trata sexual, realizar trabajo forzado o puesto en adopción ilegal”. 

Organizaciones ubicadas en Chiapas como la Rediasy Melel Xojolobal han detectado que a partir del 2021 “se ha intensificado la violencia criminal y con ello el aumento sostenido de la desaparición”, documentándose casos de “situaciones de enganche hacia la niñez y adolescencia en colonias y espacios con mayor marginación; por lo que se podría hablar de casos de reclutamiento para actividades del crimen organizado o caer en redes de trata para otros fines”. 

El documento destaca la persistencia de estimación de que el 80% de personas que fallecen en el desierto, entre México y Estados Unidos, “nunca son encontrados, identificados o recuperados dadas las condiciones geográficas adversas”.  

Asimismo se pone como caso emblemático la historia de la niña nicaragüense de tres años, Sofía Abigail Caballero Huete, desaparecida en mayo de 2022, que cuando viajaba intentó con su madre atravesar el Río Bravo en Piedras Negras, Coahuila, para reunificarse con su padre en Estados Unidos. El cuerpo de la madre apareció sin vida un día después, no así el de Sofía, por lo que existe un reporte y carpeta de investigación por desaparición.  

Revictimización 

En el documento se narran las dificultades en la búsqueda e investigación  de casos de niñez y adolescencia migrante, entre ellas la “revictimización por las autoridades, específicamente las Agencias del Ministerio Público hacia los familiares o personas a cargo al cuestionar la razón por la cual ‘dejó’ que el niño, niña o adolescente migrara, o de haber contratado a alguna persona para ello, e inclusive preguntar por la situación migratoria de las personas que denuncian, preguntas que disuaden de continuar con la denuncia o que no se sientan con la suficiente confianza y seguridad para darle seguimiento”.  

A ello se suma que por lo general no se hacen valer los protocolos especializados de búsqueda e investigación en casos de desaparición de menores migrantes, ni se ponen en marcha instrumentos internacionales como el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) que permitiría a los familiares de las víctimas dar seguimiento a los casos con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus consulados y de visas humanitarias. 

De la misma manera, las familias de víctimas y sus representantes se enfrentan a la continua rotación de personal de fiscalías, aunado a que es frecuente que las fiscalías se declaren incompetentes para investigar.  

Otras fallas detectadas se refieren a la falta de apoyos a familiares de víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sobre todo la falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).  

La restructuración de la CNB, otro obstáculo 

Como parte de los obstáculos, el informe de Redim refiere la “restructuración” de la CNB en agosto de 2023, que implicó la cancelación de algunos procesos iniciados en 2022 por quien fuera la titular, Karla Quintana Osuna, quien renunció como muestra de inconformidad por los intentos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de “limpiar” el RNPDNO, lo que conllevó a despidos masivos dentro de la institución, lo que dejó en suspenso las acciones institucionales de búsqueda de personas migrantes. 

Se agrega que en 2022 la Dirección de Búsqueda de Personas Migrantes permitió la localización de “90 personas en contextos de movilidad, quienes fueron localizadas con vida, otras sin vida y se realizaron la restitución de cuerpos”, así como el rescate de 40 personas secuestradas, acciones logradas a través de “una coordinación rápida y efectiva con diversas comisiones estatales para realizar búsquedas en campo con mayor efectividad, convocar en mesas de trabajo a fiscalías, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, e incluso tener acciones y acuerdos con el Instituto Nacional Electoral y el FBI para el intercambio de huellas dactilares”.  

En el informe se abunda que el cambio de personal “ha generado que la confianza ganada por parte de anteriores personas funcionarias a partir de su trayectoria haya disminuido, y ha colocado a diversos colectivos de familiares en un estado de incertidumbre”, situación que se agrava si se considera que con esos cambios “pareciera que han politizado la institución cuando debería tener un desarrollo sin ningún vínculo político y enfocado en la búsqueda de personas”.  

Para la organización, “edad, género y situación migratoria agravan la vulnerabilidad de caer en redes de trata, por lo que las infancias en contexto de movilidad son el grupo categorizado con mayor susceptibilidad”, riesgo que se agrava “cuando se trata de niñez y adolescencia en situación irregular, y/o no acompañada o separada”.  

Militarización 

Entre los factores que incrementan los riesgos para niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, el informe considera a “la militarización en gran parte del país y el enfoque centrado en la devolución (…) al exponerlos a rutas más inhóspitas donde la atención y la protección es menor”; una política migratoria sin enfoque en la prevención de delitos los que están expuestos las personas menores de 17 años.  

Se agrega que la política migratoria tampoco reconoce que “existe una correlación entre las rutas migrantes, las rutas de trasiego y las entidades con mayor presencia de grupos del crimen organizado, así como el perfil y fin de la trata o desaparición de las niñas, niños y adolescentes”; no considera la posibilidad de la existencia de trata con fines de “explotación sexual, laboral, o bien, realizando actividades para el crimen organizado”, situación que “es identificable, cuando se hace un análisis del contexto, patrones de criminalidad y perfiles de las víctimas”.  

Al destacar la inexistencia de información oficial sobre el trabajo infantil que contemple a niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad, el informe resalta como otro de los riesgos el “subregistro y falta de homologación de cifras tanto en casos de trata como de desaparición”, así como en distinguir entre víctimas “identificadas” y “reportadas”. 

Alerta sobre las diferencias evidente entre las cifras de autoridades de los países de origen de las víctimas y las autoridades mexicanas; de manera particular se hace una mención especial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre “la ausencia de desagregación respecto al origen, edad exacta de la víctima y la modalidad de trata denunciada”. 

El panorama es aún más desolador si se considera la falta de capacitación de funcionarios públicos para atender tanto temas de desaparición como trata de personas, sin contar la falta de espacios seguros para la atención de víctimas de trata, de los que existen sólo 13 refugios y fue hasta el año 2023 que se abrió uno especializado en varones, por lo que “existe una laguna en capacitación, protocolos y espacios de seguridad para identificar otras formas de trata y atender a sus víctimas”.  

El documento hace recomendaciones para facilitar los mecanismos de búsqueda e investigación de los casos de desaparición de menores en situación de movilidad, dirigidas a dependencias responsables de la atención de esa población, así como en materia legislativa