CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bertha María Alcalde Luján, Ulrich Richter Morales y Anaid Elena Valero Manzano, aspirantes a dirigir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sacaron sus mejores argumentos ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, rumbo a la votación por quién dirigirá a la institución durante los próximos cuatro años. 

Las entrevistas ocurrieron la mañana de este jueves, en la sala “Benita Galeana” de la sede del Congreso local, en una sesión extraordinaria de casi seis horas, en las que las tres aspirantes expusieron, por separado, sus principales propuestas y respondieron a las preguntas de los legisladores.  

Así lo marca el proceso, luego de que, el pasado martes 17, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reenvió a los legisladores la terna sin cambios que le propuso el Consejo Judicial Ciudadano (CJC).  

Y aunque había reglas de tiempo para sus exposiciones, ninguno de los tres aspirantes las respetó. Así, los diputados permitieron que Alcalde hablara poco más de 80 minutos al micrófono en sus dos intervenciones, mientras que a Richter le sumaron alrededor de 50 minutos y a Valero, 55 minutos. 

Además, la tercera y última entrevista, la de Valero, comenzó a las 14 horas, y solo duró una hora y media, no dos, como las anteriores. Peor, se ausentaron algunos diputados y la mayoría atendía más a sus teléfonos celulares que a la aspirante. Al menos tres veces ella preguntó si querían que les ampliara la información y recibió un “no, gracias”. 

De parte de los diputados, hubo algunas críticas a los rezagos en distintos rubros que tiene la FGJ local, pero fue más notable la defensa que los morenistas hicieron de las administraciones de Ernestina Godoy y el encargado de despacho, Ulises Lara. 

  “Oficina del fiscal, en el 1er piso del búnker”: Richter 

Ulrich Richter Morales fue el primero en ser entrevistado. Ante los diputados, destacó sus propuestas para ser fiscal, entre las que se encuentran el “ciudadanizar a la Fiscalía”, incrementar la colaboración con la Jefatura de Gobierno, la Fiscalía General de la República y sus delegaciones estatales, así como los tribunales. 

En tono fresco, pues eran las 10 de la mañana, ofreció “optimizar los recursos materiales y financieros” de la institución, incluida la búsqueda de nuevas instalaciones y revisar sus licitaciones para que se hagan con transparencia; así como “formar a los ciudadanos con humanismo cívico”. 

El doctor en Derecho propuso también acercar unidades móviles del Ministerio Público a la gente para que denuncie, por ejemplo, en el Zócalo capitalino; abrir el “buzón de quejas del fiscal” que se pueda acceder desde una aplicación digital en el teléfono celular.  

Además, planteó enfocar la atención a delitos más preocupantes, por ejemplo, los relacionados con la violencia contra la mujer y los menores; reforzar la justicia restaurativa y que el fiscal “baje” a supervisar el trabajo de los ministerios públicos, que acuda a audiencias de asuntos relevantes y que “no viva en el pent-house del búnker, sino que tenga su oficina en el primer piso” con acceso a la ciudadanía. 

Por último, destacó que “la libertad del ciudadano es lo más sagrado que debe respetar un fiscal” y pidió a los legisladores “medir con claridad” a los aspirantes a la Fiscalía bajo la premisa de que “es tiempo de sumar, no de dividir… Los tres aspirantes pertenecemos a un solo partido que se llama México”. 

  “Atención de denuncias en 20 minutos”: Alcalde 

Bertha María Alcalde Luján fue la segunda aspirante en hablar ante los diputados locales, al mediodía, y comenzó su intervención al asegurar que una de sus prioridades al aspirar a la FGJ es “garantizar, y que no les quepa duda, la autonomía de la institución”. 

Eso, dijo, significa “ser objetivo en la aplicación de la norma, poder trabajar sin presiones de ningún tipo, ni de poderes fácticos ni de poderes constituidos -como el Ejecutivo y el Legislativo- ni de grupos de interés, políticos, económicos o mediáticos… Hay que ser transparentes, para poder ser autónomos”. 

Así lo expuso la exdirectora del ISSSTE, quien ha sido señala como favorita para ser fiscal por ser hermana de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, e hija de Bertha Luján, fundadora del partido y uno de los brazos derechos históricos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

Con ese antecedente, la aspirante celebró que este proceso permita hablar ante los diputados y ciudadanos para que no se le juzgue por sus ligas familiares: “Y lo digo abiertamente, esto también permite que la ciudadanía vea quienes somos, qué proponemos y que a partir de eso evalúe, cuáles son los perfiles que estamos contendiendo a la fiscalía”, afirmó.  

La abogada lanzó otras propuestas para mejorar el trabajo de la Fiscalía,  entre las que destacan: garantizar la atención temprana a la ciudadanía, atender las denuncias “en 20 minutos” en el Ministerio Público, evitar el constante peregrinar de las víctimas en agencias, no desincentivar las denuncias ni revictimizar a los denunciantes. 

Alcalde ofreció hacer un “uso estratégico de recursos” de la FGJ, abatir su rezago de trabajo, impulsar la justicia restaurativa y las soluciones alternas, pues “no todo puede terminar en juicio o tener prisión preventiva”; así como, impulsar la profesionalización del personal, aprovechar las tecnologías de información y hacer una Fiscalía de “puertas abiertas”. 

Dijo que se necesita mejorar la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cumplir las medidas precautorias, dar mayor impulso a casas de la justicia de la mujer y poner más atención a casos de violencia contra la mujer y los niños.  

“Unidades móviles como en Guadalajara”: Valero 

La tercera y última en ser entrevistada fue Anaid Elena Valero Manzano, quien dio una breve primera intervención en la que destacó el costo de unos 33 mil millones de pesos para las familias por la inseguridad y el delito en hogares, según las encuestas nacionales de Victimización y Percepción de Inseguridad. “Es un costo altísimo, todos tenemos un conocido o hemos sido víctimas de un delito”, dijo. 

La académica consideró que se necesita hacer “un cambio en la mentalidad de la gente” para que denuncie los delitos. Para ello, propuso mejorar el sistema de denuncias virtuales que ya tiene la Fiscalía y usar aplicaciones tecnológicas y redes sociales para generar cercanía con los habitantes, pues “90% de la gente no conoce sus derechos”. 

Además, sugirió poner módulos móviles del Ministerio Público en puntos de mayor movilidad, como funciona en Guadalajara, y mejorar las unidades de atención temprana, así como colocar “botones de pánico” en tiendas y bancos que enlacen a los denunciantes con la autoridad. La aspirante consideró “trascendental” la autonomía de la Fiscalía, así como la capacitación de sus operadores. Sobre la prisión preventiva, aseguró que es “inconvencional” y que se necesita la unificación de criterios para aplicarla. 

En tono académico, aseguró que los fiscales deben involucrarse más en el proceso de la investigación. Sobre la atención de delitos contra las mujeres, aseguró que “lo primero que se debe hacer es la aplicación de protocolos porque los fiscales, policías y peritos los desconocen”. 

También se pronunció por mejorar la cercanía y las condiciones y herramientas tecnológicas de los policías de Investigación y los ministerios públicos, además de la digitalización de los expedientes para su mejor manejo y se les capacite para atender a grupos vulnerables. 

Al final de las entrevistas, ya en plena hora de la comida, el presidente de la Comisión, el morenista Alberto Martínez Urincho, suspendió los trabajos de la Comisión y citó para su continuación el sábado 21 a las 10 horas. 

Se espera que, para ese día, los diputados voten en Comisión por uno de los tres aspirantes y que, para la próxima semana, extraoficialmente, el viernes 27, esa propuesta sea llevada al Pleno para su ratificación o rechazo.