CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración (INM), compareció a audiencia inicial en la que no pudo ser imputado porque su defensa solicitó tiempo para revisar la carpeta de investigación iniciada por la muerte de 40 migrantes durante el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este jueves, el juez de control José Avelino Orozco Córdova, del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, inició la diligencia en la que se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera formular su imputación contra Molina Díaz por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por no dar condiciones de seguridad en los centros migratorios.

Como la defensa del funcionario solicitó tiempo para revisar la carpeta debido a que la FGR entregó copia de la misma esta mañana, la audiencia deberá continuar el viernes a las 10:00 horas.

Inicialmente, la defensa buscaba que se difiriera la audiencia, lo que interrumpiría el plazo constitucional (tiempo en que debe ser resuelta su situación jurídica), pero el juez rechazó la petición bajo el argumento de que desde hace más de una semana tenía que presentarse ante el ministerio público federal para conocer la carpeta.

Pese a que la FGR no pudo formular imputación, solicitó prisión preventiva justificada contra el funcionario del INM porque, al ser uno de los funcionarios de más alto nivel en materia de migración, podría obstaculizar, destruir, alterar y ocultar documentos para la investigación y podría influir en sus subordinados para que obstruyan las pesquisas del ministerio público federal.

Fuentes federales afirmaron que, durante la audiencia, el fiscal encargado del caso dio a conocer al juez de control que personal a cargo de Molina Díaz impidió a integrantes de la FGR acercarse a las víctimas en el hospital y el hotel donde se encontraban, y que además existía un alto riesgo de fuga porque no reside en Ciudad Juárez, por lo que también solicitó la suspensión de su cargo.

Sin embargo, nada de esto fue suficiente, por lo que para garantizar que mañana sí se presente a la continuación de la audiencia programada, el juez le impuso la obligación de presentarse mensualmente a firmar y la entrega de su pasaporte para evitar que salga del país. Asimismo, descartó la petición de suspenderlo del cargo.