WASHINGTON (AP).- Este día, la Corte Suprema allanó el camino para que agentes federales realicen operativos amplios de inmigración por ahora en Los Ángeles, la más reciente victoria del gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal.

La mayoría conservadora levantó una orden de restricción emitida por un juez que determinó que las patrullas itinerantes realizaban detenciones indiscriminadas en Los Ángeles y sus alrededores. La orden prohibía a los agentes de inmigración detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

El juez Brett Kavanaugh dijo que la orden amplia iba demasiado lejos al restringir cómo los agentes de Inmigración y Control de Aduanas pueden realizar breves paradas para interrogar.

“Para ser claros, la etnicidad aparente por sí sola no puede constituir una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de este Tribunal en materia de detenciones migratorias, puede ser un 'factor relevante' al considerarse junto con otros factores relevantes”, escribió coincidiendo con la breve e inexplicable orden de la mayoría. Sugirió que las detenciones con uso de la fuerza podrían enfrentar aún más obstáculos legales.

En una mordaz disidencia, a la que se sumaron sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió: «Innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento y por ganarse la vida realizando trabajos manuales. Hoy, la Corte somete innecesariamente a innumerables personas más a estas mismas indignidades».

La decisión 6-3 de la Corte Suprema llega mientras los agentes de ICE también intensifican la aplicación de la ley en Washington en medio de la toma de control federal sin precedentes por parte de Trump de la aplicación de la ley en la ciudad capital y el despliegue de la Guardia Nacional.

La administración republicana de Trump argumentó que la orden restringía erróneamente a los agentes que llevaban a cabo su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal.

La jueza federal de distrito Maame E. Frimpong, en Los Ángeles, halló una montaña de pruebas que demostraban que las tácticas de control violaban la Constitución. Entre los demandantes se encontraban ciudadanos estadunidenses detenidos en controles migratorios. Un tribunal de apelaciones mantuvo vigente el fallo de Frimpong.

La demanda continuará ahora en California. Fue interpuesta por grupos de defensa de los inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de atacar sistemáticamente a las personas de piel morena durante su ofensiva contra la inmigración ilegal en el área de Los Ángeles.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han afirmado que los agentes de inmigración seleccionan a las personas por su presencia ilegal en Estados Unidos, no por su color de piel, raza ni etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que la orden restringía erróneamente los factores que los agentes de ICE pueden utilizar para decidir a quién detener.

La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla para la administración Trump después de que su estrategia migratoria de línea dura provocara protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina. El número de redadas migratorias en el área de Los Ángeles pareció disminuir poco después de la orden de Frimpong emitida en julio, pero recientemente han vuelto a ser más frecuentes, incluyendo una operación en la que agentes saltaron de la parte trasera de un camión alquilado y realizaron arrestos en una tienda Home Depot de Los Ángeles.

Los demandantes argumentaron que su orden sólo impide a los agentes federales realizar detenciones sin sospecha razonable, algo que se alinea con la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.

“Numerosos ciudadanos estadounidenses y otras personas que residen legalmente en este país han sufrido importantes intrusiones en su libertad”, escribieron los abogados de los demandantes. “Muchos han sufrido lesiones físicas; al menos dos fueron trasladados a un centro de detención”.

La administración Trump dijo que la orden es demasiado restrictiva y “amenazó a los agentes con sanciones si el tribunal no cree que se basaron en factores adicionales para realizar una detención en particular”.

El Procurador General D. John Sauer también argumentó que la orden no puede sostenerse bajo la reciente decisión del tribunal superior que restringe los mandatos judiciales universales, aunque los demandantes no estuvieron de acuerdo.

La orden de Frimpong, quien fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden, prohibió a las autoridades utilizar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como una grúa o un lavadero de autos, o la ocupación de una persona como única base para una sospecha razonable de detención. Abarcó una población combinada de casi 20 millones de personas, casi la mitad de las cuales se identifican como hispanas o latinas.

Entre los demandantes se encontraban tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadunidenses. Uno de ellos era Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, quien apareció en un video del 13 de junio siendo detenido por agentes federales mientras gritaba: "¡Nací aquí en Estados Unidos! ¡Este de Los Ángeles, hermano!".

Gavidia fue liberado unos 20 minutos después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano detenido en un lavado de autos, según la demanda.