WASHINGTON (AP) — La administración Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema una orden de emergencia para mantener congelados miles de millones de dólares en ayuda extranjera.

El núcleo de la disputa legal gira en torno a casi 5.000 millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso que el presidente Donald Trump dice que no gastará, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.

El juez Amir Ali dictaminó la semana pasada que la decisión de la administración republicana de retener los fondos probablemente era ilegal.

Trump le participó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una carta el 28 de agosto que no gastaría 4.900 millones de dólares en ayuda extranjera aprobada por el Congreso, recortando efectivamente el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Utilizó lo que se conoce como una rescisión de bolsillo. Esto ocurre cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final de un año presupuestario actual para no gastar el dinero aprobado. El aviso tardío significa que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en el plazo requerido de 45 días y el dinero no se gasta.

Ali declaró que el Congreso tendría que aprobar la propuesta de rescisión para que la administración Trump pudiera retener el dinero. La ley es "explícita en que es la acción del Congreso —no la transmisión de un mensaje especial por parte del Presidente— lo que desencadena la rescisión de las apropiaciones anteriores", escribió.

La administración Trump ha hecho de las reducciones profundas a la ayuda extranjera una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente escasos en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo. La administración recurrió al tribunal supremo después de que un panel de jueces federales de apelación se negara a bloquear el fallo de Ali.

El procurador general D. John Sauer calificó el fallo como "una orden judicial ilegal que precipita una emergencia innecesaria y un conflicto interinstitucional inútil". Instó a los jueces a bloquearlo de inmediato.

Pero los abogados de las organizaciones que demandaron al gobierno indicaron que es el congelamiento de fondos lo que viola la ley federal, señalando que ha cerrado la financiación incluso para los programas de salvamento más urgentes en el extranjero.

"Esta es la tercera vez en este caso que la Administración ha acudido a la Corte Suprema en una supuesta postura de emergencia para buscar alivio de circunstancias creadas por ella misma, esta vez para defender la táctica ilegal de una 'rescisión de bolsillo'", señaló la abogada Lauren Bateman del Public Citizen Litigation Group, abogada principal de los demandantes de la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA, en un comunicado. "La Administración está pidiendo efectivamente a la Corte Suprema que apruebe su intento de acumular poder ilegalmente".

Los abogados del Departamento de Justicia notificaron a un juez federal el mes pasado que otros 6.500 millones de dólares en ayuda que habían estado sujetos al congelamiento se gastarían antes del final del año fiscal el 30 de septiembre.

El caso ha estado avanzando por los tribunales durante meses, y Ali dijo que entendía que su fallo no sería la última palabra sobre el asunto.

"Este caso plantea preguntas de inmensa importancia legal y práctica, incluyendo si existe alguna vía para probar la decisión del poder ejecutivo de no gastar fondos apropiados por el Congreso", escribió.

En agosto, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una orden judicial anterior que Ali había emitido para requerir que se gastara el dinero. Pero el panel de tres jueces no cerró la demanda.

Después de que Trump emitió su aviso de rescisión, los demandantes regresaron al tribunal de Ali y el juez emitió la orden que ahora está siendo impugnada.