CIUDAD DE MÉXICO (France24).- El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó este jueves 11 de septiembre la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba mejorar la salud del principal hospital pediátrico del país. Además, el veto del mandtario, un día antes, a la Ley de Financiamiento Universitario tendrá un impacto significativo en los cerca de dos millones de estudiantes matriculados en las 57 universidades públicas nacionales. La norma, que buscaba aumentar los fondos estatales para estas instituciones y recomponer los salarios de docentes y personal no docente, fue rechazada por el Ejecutivo bajo la lógica de un ajuste fiscal que también golpea a la salud pública. 

El ajuste fiscal de Javier Milei se ensaña con la educación y salud pública. 

El presidente Javier Milei vetó este jueves 11 de septiembre la Ley de Emergencia Pediátrica que declaraba en situación crítica al Hospital Garrahan, el principal centro público de pediatría del país y uno de los más destacados de Latinoamérica.

La decisión, enmarcada en su política de ajuste fiscal, ha generado una ola de críticas y movilizaciones por parte de trabajadores y sindicatos, que denuncian un deterioro en las condiciones del sistema de salud público. 

El decreto de veto, firmado por Milei y todo su gabinete, argumenta que la norma, aprobada por el Parlamento en agosto al igual que la ley sobre financiamiento de universidades públicas, implicaría un “impacto fiscal directo” de aproximadamente 80 millones de dólares, un costo que el Ejecutivo considera inviable.

Según el Gobierno, la ley “carece de un financiamiento genuino” y presenta una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”. 

Además, la Casa Rosada advirtió que la iniciativa “erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la nación y de las provincias”, reafirmando su compromiso con el “equilibrio fiscal” y la contención del gasto público. 

Esta decisión de Milei desató una respuesta inmediata por parte de los trabajadores del Hospital Garrahan. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunció una movilización para este viernes, en conjunto con la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros sindicatos. Además, los trabajadores iniciarán un paro que se extenderá desde el viernes hasta el domingo. 

“Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un Gobierno en crisis. La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”, expresó en un comunicado Alejandro Lipcovich, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan. 

Los trabajadores denuncian que la falta de recursos y las condiciones laborales precarias están llevando al colapso del hospital, un referente en la atención pediátrica en la región. 

Tanto el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica como a la Ley de Financiamiento Universitario en menos de 24 horas reflejan la postura de Milei de priorizar el ajuste fiscal por encima de las demandas sociales, en un contexto de creciente tensión con sectores de la oposición, trabajadores y la sociedad civil. 

Trabajadores del hospital afectado, así como sectores universitarios convocaron a manifestaciones contra los pronunciamiento del presidente para el próximo viernes 12 de septiembre. 

Golpe económico a un sistema ya desfinanciado 

Con el argumento de que generaría un gasto de 750 millones de dólares, causando un “desequilibrio fiscal” que amenaza la estabilidad macroeconómica, el presidente argentino vetó el miércoles 10 de septiembre una ley aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto por el Parlamento que dispone un aumento de los fondos estatales para las universidades públicas. 

El veto de?Javier Milei?se produce en un momento de fragilidad política para su Gobierno, tras un revés electoral en la provincia de?Buenos Aires?el pasado domingo 7 de septiembre y la reciente anulación de otro veto presidencial por parte del Congreso, relacionado con la emergencia en discapacidad.

La oposición, que impulsó la ley de financiamiento universitario, buscará capitalizar el descontento estudiantil y docente para desafiar al Ejecutivo.

El sistema universitario público argentino, gratuito desde 1949, es un pilar fundamental para la educación superior, atendiendo a casi dos millones de estudiantes, en contraste con los 500.000 matriculados en universidades privadas. 

Instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), reconocida por su prestigio académico en América Latina, dependen exclusivamente de los fondos estatales para operar.

El veto agrava la crisis presupuestaria que enfrentan estas universidades, con una caída del 22,1% en la inversión real en 2024 y una proyección de reducción adicional del 8,6% para 2025, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

Actualmente, el presupuesto universitario representa solo el 0,5% del PIB, el nivel más bajo desde 2005. Esta situación se traduce en múltiples desafíos para los estudiantes. 

La falta de fondos afecta el mantenimiento de aulas, laboratorios, bibliotecas y sistemas tecnológicos, esenciales para la calidad educativa. Muchas universidades ya enfrentan problemas como cortes de energía, falta de materiales y edificios en mal estado, lo que dificulta el desarrollo de clases y actividades de investigación. 

También existe un riesgo de interrupciones académicas. La crisis salarial, con una pérdida del 28,6% en el poder adquisitivo de docentes y no docentes desde diciembre de 2023, ha generado protestas y paros que interrumpen el calendario académico. 

El aumento del 7,5% ofrecido por el Gobierno entre septiembre y noviembre fue rechazado por los sindicatos, que consideran insuficiente para compensar la inflación. Esto podría derivar en más huelgas, afectando directamente la continuidad de las clases. 

Movimientos estudiantiles irán a las calles 

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado una respuesta inmediata de los estudiantes, quienes se han sumado a las movilizaciones convocadas por la Asociación Gremial Docente de la UBA y otros sindicatos para este viernes.

Estas protestas, que también incluyen a trabajadores del Hospital Garrahan, cuya Ley de Emergencia Pediátrica fue vetada el mismo día, buscan presionar al Congreso para que revierta el veto, un proceso que requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Organizaciones estudiantiles han denunciado que el ajuste fiscal de?Milei pone en riesgo derechos históricos en Argentina como el acceso a una educación pública de calidad. 

“Estamos defendiendo nuestro futuro. Sin presupuesto, las universidades no pueden funcionar, y eso nos afecta directamente a los estudiantes, especialmente a los que venimos de familias humildes”, afirmó Ana López, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, durante una asamblea previa a las movilizaciones.