SAN SALVADOR, El Salvador (AP).- El Congreso de El Salvador votó el viernes para dar a los fiscales del gobierno dos años más para detener a las más de 80 mil personas detenidas bajo el estado de emergencia mientras investigan presuntos vínculos con las pandillas del país.

El Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y sus aliados, votó 57 a 3 a favor de extender el período de prisión preventiva.

El Procurador General de la República, Rodolfo Delgado, afirmó que con la ampliación las autoridades podrán realizar investigaciones más completas, presentar pruebas sólidas y lograr sentencias contra integrantes del crimen organizado.

Los legisladores también dieron al gobierno la opción de extenderlo por otros 12 meses si fuera necesario.

La mejora de la seguridad pública bajo el estado de emergencia ha aumentado la popularidad de Bukele, pero la suspensión de algunos derechos constitucionales y la falta general del debido proceso han generado críticas dentro y fuera de El Salvador.

La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido VAMOS, dijo el viernes que esto demuestra la “incapacidad del gobierno para impartir justicia”.

“Han tenido más de dos años para hacer una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos, y como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea (Nacional) tiene que hacerle un favor a la Fiscalía General de la República”, expresó.

Tras un brote de violencia pandillera en marzo de 2022, Bukele solicitó a los legisladores poderes extraordinarios para responder a una masacre pandillera. Entre los derechos que el Congreso acordó suspender se encontraban el plazo máximo para llevar a un preso ante un juez, así como protecciones fundamentales como el acceso a un abogado.

Desde entonces, más de 88 mil personas han sido detenidas por presuntos vínculos con pandillas y el 90% de ellas aún esperan juicio.

En julio de 2023, el Congreso votó a favor de otorgar al gobierno 24 meses para procesar a un grupo de pandilleros. Ese plazo vence este mes, el 25 de agosto.

Delgado dijo que el plan es realizar cientos de juicios masivos ya que han podido clasificar a los acusados ??en grupos.

“Esta gran cantidad de personas no será juzgada en una o dos semanas”, dijo Delgado. “Se requiere un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que vinculan a cada uno de ellos y luego emitan veredictos conforme a la ley correspondiente”.