BOGOTÁ (apro).- La jueza Sandra Heredia sentenció este viernes al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, aunque le concedió el beneficio de cumplir su sentencia en prisión domiciliaria.

Heredia, además, le impuso una multa de 820 mil dólares al exmandatario y lo inhabilitó por 8 años y 9 meses para ocupar cargos públicos.

La defensa de Uribe anunció que apelará la sentencia y el veredicto de culpabilidad que dictó el lunes pasado la juzgadora, quien responsabilizó al exgobernante de los delitos de fraude procesal y soborno cuando intentó comprar a un testigo para que declarara en contra del legislador izquierdista Iván Cepeda.

La sentencia de prisión domiciliaria tendrá aplicación inmediata.

Uribe, de 73 años de edad, es el primer exgobernante en la historia de Colombia en ser convicto por cargos.

Heredia fue presionada en las últimas semanas por políticos uribistas, columnistas conservadores y medios tradicionales de comunicación para declarar inocente al exmandatario.

En su fallo del pasado lunes, señala que en el juicio “quedó suficientemente acreditada” la culpabilidad de Uribe al intentar comprar al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través de intermediarios, para que se retractara de haberlo acusado de tener vínculos con grupos paramilitares y para que culpara, en cambio, al senador Iván Cepeda de cooptarlo para inventarle delitos al exmandatario.

Monsalve, un exparamilitar que trabajaba en una finca del expresidente, ha relacionado a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago con la creación del “bloque Metro” de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, aunque esa acusación no era materia de este juicio.

Con la apelación de la defensa, que será presentado el lunes próximo, el fallo será revisado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolverse antes del 8 de octubre para evitar la prescripción del caso. Esa es la apuesta de la defensa.

Si ese tribunal ratifica el veredicto de culpabilidad, la defensa del exgobernante podría acudir a la Corte Suprema de Justicia con un último recurso, el de casación, lo que ampliaría los términos procesales por cinco años más.

El fallo contra Uribe avivó la polarización política que ha registrado Colombia en los últimos años y será un elemento gravitante en las campañas para las elecciones presidenciales del año próximo, en las que la derecha uribista y la izquierda del presidente Gustavo Petro serán protagonistas.

Uribe es el principal líder de la ultraderecha colombiana y el más poderoso adversario político de Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia.

Pocos colombianos pueden mantener una postura neutral frente al exmandatario, quien es considerado por un sector del país como el hombre que salvó a Colombia de la guerrilla de las FARC y, por otro, como un “criminal y violador de derechos humanos”.

Durante años, los abogados de Uribe intentaron alargar el juicio para que el caso prescribiera, e incluso el anterior fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señalado por muchos de sus críticos como “un peón” de la extrema derecha de este país, intentó precluir (dar por cerrado) el caso, lo que rechazaron en 2022 dos diferentes juzgados.