SAO PAULO (AP).- Este día, un panel de jueces de la Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad los cargos penales contra otros seis aliados clave del expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto complot golpista para mantenerlo en el cargo después de su derrota electoral de 2022.

El mes pasado, el panel aceptó por unanimidad los cargos contra Bolsonaro y siete aliados cercanos por el supuesto complot golpista tras su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y ordenó que el exlíder de derecha fuera juzgado.

Cuando el fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar un golpe de Estado, los dividió en cinco grupos diferentes, según sus roles y posiciones en el supuesto complot.

Bolsonaro y sus aliados más cercanos, incluido su compañero de fórmula, el general Braga Netto, fueron incluidos en el "grupo central", según los cargos. El martes, el panel del Tribunal Supremo revisó los cargos contra el segundo grupo, que, según Gonet, ocupaba cargos directivos.

El segundo grupo incluye al exasesor presidencial de asuntos exteriores Filipe Martins, el general retirado Mario Fernandes, el ex director de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, el ex asistente presidencial coronel Marcelo Câmara y dos policías federales, Fernando Oliveira y Marilia Alencar.

Estos individuos coordinaron acciones planeadas por el grupo central, afirmó Gonet en la acusación. Estas incluyeron la movilización de policías para apoyar el supuesto golpe, la vigilancia de las autoridades y la redacción de un documento para justificar el estado de excepción.

Bolsonaro y sus aliados han negado repetidamente cualquier irregularidad. El expresidente afirma ser perseguido políticamente.

Bolsonaro lleva más de una semana hospitalizado, recuperándose de una cirugía intestinal. El lunes, desde su cama de hospital en Brasilia, concedió una entrevista a la cadena de televisión local SBT y afirmó que su juicio no era técnico, sino político.

Según la legislación brasileña, una sola condena por golpe de Estado conlleva una pena de hasta 12 años, pero combinada con los demás cargos, podría resultar en una pena de décadas de cárcel. Se espera que el expresidente sea juzgado en los próximos meses ante el Tribunal Supremo de Brasil.