WASHINGTON (AP).- Un tribunal federal de apelaciones levantó el viernes 28 de marzo una orden que impedía que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk sufriera más recortes en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Incluso antes del fallo, la administración Trump dio el viernes algunos de los últimos pasos restantes para desmantelar USAID.

Un colaborador de Musk informó a su personal que, para septiembre, la administración Trump habrá eliminado prácticamente todos los puestos de USAID. Los correos electrónicos de despido comenzaron a llegar a los buzones de correo del personal minutos después del anuncio de Jeremy Lewin, exmiembro del equipo DOGE de Musk, quien asumió funciones de alto nivel en la agencia este mes.

El objetivo de la administración es eliminar la “operación independiente” de la agencia para septiembre, escribió Lewin a su personal en el aviso, que fue obtenido por The Associated Press.

En un aviso separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la administración había notificado formalmente al Congreso el viernes sus planes de recortar la mayoría de los programas de USAID y trasladar las funciones sobrevivientes al Departamento de Estado.

La orden judicial que impidió que DOGE realizara más recortes fue en respuesta a una demanda, una de las primeras interpuestas contra el propio Musk. Argumentaba que las acciones de DOGE eran inconstitucionales porque ejercía un poder considerable sin ser elegido ni contar con la aprobación del Senado.

Un juez de primera instancia coincidió, pero el panel de apelaciones, compuesto por tres jueces, falló a favor de la administración Trump, al menos por ahora. Concluyó que, si bien DOGE influyó en el desmantelamiento de USAID, los recortes fueron aprobados por funcionarios del gobierno.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos determinó que las publicaciones en redes sociales como la declaración de Musk de que había "alimentado a USAID con la trituradora de madera" no probaban legalmente que él estaba haciendo los pedidos.

Más bien, la evidencia indica que estaba actuando como asesor del presidente Donald Trump, llevando a cabo sus políticas de erradicar lo que él llama desperdicio, fraude y abuso en el gobierno federal, concluyó el tribunal.

“Si bien el rol y las acciones de los acusados ??en relación con USAID no son convencionales, ser poco convencional no implica necesariamente ser inconstitucional”, escribió el juez federal de circuito Marvin Quattlebaum, designado por Trump. Es posible que se descubran más pruebas a medida que la demanda siga su curso, pero por ahora el expediente no justifica la exclusión de DOGE de USAID, afirmó.

Si los demandantes dicen que el desmantelamiento de USAID viola la separación constitucional de poderes, esos reclamos deberían dirigirse a la administración, sugirió el tribunal de apelaciones.

Norm Eisen, abogado de los demandantes, dijo que no estaban de acuerdo con el fallo, pero que se consolaban un poco al saber que los jueces habían dejado abierta la posibilidad de que el desmantelamiento de USAID fuera inconstitucional por otros motivos.

“Esta lucha está lejos de terminar: apenas comienza”, dijo Eisen.

La administración Trump no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

La orden del viernes detuvo un fallo del juez federal de distrito Theodore Chuang en Maryland en una demanda interpuesta por exempleados de USAID. Chuang determinó que las medidas de DOGE para desmantelar la agencia eran probablemente inconstitucionales.

Chuang había exigido a la administración Trump que restableciera el acceso al correo electrónico y a las computadoras de los empleados de USAID, incluidos aquellos puestos en licencia administrativa, aunque no llegó a revertir los despidos ni a resucitar por completo la agencia.

Los legisladores demócratas desafiaron la legitimidad legal de la administración Trump para eliminar la agencia de ayuda y desarrollo de seis décadas de existencia como organismo independiente, o para recortar su financiación ordenada por el Congreso, sin la aprobación del Congreso.

La administración Trump y Musk acusan a USAID de derrochar recursos y promover una agenda liberal. Legisladores demócratas y otros simpatizantes de USAID afirman que la labor de ayuda y desarrollo en el extranjero protege los intereses estratégicos de Estados Unidos y que es mejor gestionada por los administradores de programas de USAID.

Trump suspendió la financiación de la asistencia exterior a través de USAID y el Departamento de Estado mediante una orden ejecutiva el 20 de enero, el día en que asumió el cargo. Desde entonces, la administración y Musk han cerrado la sede de USAID, destituido a casi todo el personal de USAID en todo el mundo y rescindido abruptamente miles de contratos de ayuda y desarrollo.

Como resultado del cierre, los socios de USAID tuvieron que cortar o reducir programas o despedir personal, incluidos algunos de los que normalmente estarían ayudando en la respuesta al terremoto del viernes en el sudeste asiático, o a la hambruna en Sudán y a los brotes de enfermedades infecciosas en África.

Inicialmente, la administración dio al personal de USAID en el extranjero tan solo 30 días para regresar a casa. El personal protestó, alegando que esto les impedía vender casas, sacar a sus hijos de la escuela o regresar a casa para empacar si habían estado de baja médica.

La nota de Lewin del viernes no eximió de los despidos a los empleados en el extranjero, pero indicó que se les permitiría un regreso gradual a Estados Unidos (donde muchos ya no tienen hogar ni trabajo) durante el verano.