CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Al abandonar la aplicación de leyes contra empresas fachada y corrupción corporativa, el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump estaría facilitando acciones de criminales en materia de lavado de dinero, aseguran expertos consultados por el centro de estudios estadunidense Insight Crime.

Los especialistas evalúan la decisión del gobierno de Trump de dejar sin efecto dos leyes clave –la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)–, así como el desmantelamiento de unidades especializadas del Departamento de Justicia dedicadas a combatir la corrupción en otras naciones.

La Ley de Transparencia Corporativa exige a las compañías que pretendan hacer negocios en la Unión Americana que faciliten información básica sobre su propiedad, así como nombres, direcciones y documentos de identidad.

Según Insight Crime, el debilitamiento de esta norma permitirá que organizaciones delincuenciales sigan lavando dinero por medio de "empresas fachada" o "fantasmas".

Menos trámites, pero...

El argumento de Trump para desactivar la CTA y la FCPA es que ambas leyes imponen trámites innecesarios a las empresas y afectan la competitividad de las compañías estadunidenses.

“La CTA buscaba limitar la capacidad de los criminales de ocultarse detrás de empresas (fachada), exigiendo que informaran al gobierno federal quién es el verdadero dueño y gestor de la compañía y sus recursos”, señala Insight Crime en el texto firmado por Mike LaSusa y publicado este miércoles.

En un comunicado publicado el pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro anunció que no solo no aplicará sanciones ni multas asociadas con la norma de declaración de información sobre beneficiarios reales bajo los plazos regulatorios vigentes, sino que tampoco aplicará sanciones ni multas contra ciudadanos estadunidenses, empresas nacionales de declaración de impuestos ni sus beneficiarios reales una vez que entren en vigor los cambios normativos.

“El Departamento del Tesoro también emitirá una propuesta de normativa que limitará el alcance de la norma únicamente a empresas extranjeras de declaración de impuestos. El Tesoro toma esta medida para apoyar a los contribuyentes estadunidenses que trabajan duro y a las pequeñas empresas, y para garantizar que la norma se adapte adecuadamente a la defensa del interés público”, argumentó la dependencia encabezada por el secretario Scott Bessent.

The Treasury Department is announcing today that, with respect to the Corporate Transparency Act, not only will it not enforce any penalties or fines associated with the beneficial ownership information reporting rule under the existing regulatory deadlines… — Treasury Department (@USTreasury) March 2, 2025

Aun cuando, de acuerdo con Insight Crime, otras economías importantes del mundo ya han puesto en marcha requisitos similares para reportar la llamada “propiedad real” y éstos son respaldados por organismos como el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro  anunció el 21 de marzo que no aplicaría los requisitos de la CTA.

Y lo que el gobierno de Trump defiende como parte de su “audaz agenda” para impulsar la prosperidad estadunidense mediante el control de las regulaciones onerosas, los especialistas en seguridad lo ven como una ventana de oportunidad para el crimen organizado.

“Estamos retrocediendo en el tiempo y alejándonos de las mejores prácticas, creo que pronto vamos a lamentar haber hecho esto”, dijo Scott Greytak, director de Incidencia Política de la oficina estadunidense de Transparencia Internacional, citado por Insight Crime.

Fundada en 2010 y con sede en Washington, Insight Crime es una organización sin fines de lucro que reúne a unos 50 investigadores de América y Europa, con especialidad en temas de crimen organizado y seguridad ciudadana. El análisis puede consultarse en este enlace.

Se debilita la capacidad de investigar a cárteles

Ian Gary, director ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency (FactCoalition), una alianza no partidista de más de 100 organizaciones estatales, nacionales e internacionales sobre lucha anticorrupción y derechos humanos, también ha calificado la medida como “una subversión inconstitucional de la intención del Congreso”.

“La Administración ha contradicho quince años de trabajo bipartidista del Congreso para acabar con la plaga de las empresas fantasmas anónimas, una herramienta predilecta de los adversarios y criminales globales de nuestra nación, incluyendo traficantes de fentanilo, blanqueadores de dinero y evasores fiscales”, añadió Gary, de acuerdo con un pronunciamiento publicado el 3 de marzo.

El texto incluye el comentario de Nate Sibley, investigador y director de la Iniciativa de Cleptocracia del Instituto Hudson: “Esta medida debilita la capacidad de la Administración Trump para investigar las finanzas de los cárteles y abordar los incentivos que impulsan el tráfico letal de fentanilo y la trata de personas a través de la frontera sur”.

Asimismo, señala, organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá, así como importantes adversarios como la China comunista, también recurren a empresas fantasma para ocultar actividades que amenazan la seguridad y la prosperidad estadunidenses.

“La retirada de Estados Unidos de liderar los esfuerzos para descubrir estas oscuras redes financieras es un error innecesario que enriquece y empodera a nuestros peores enemigos”, alerta el investigador.

El secreto financiero facilita la corrupción

Otro think tank, Global Financial Integrity (GFI) consideró que se trata de “un retroceso importante en la lucha mundial contra el crimen financiero, la corrupción y los flujos financieros ilícitos”.

En un comunicado del pasado 13 de marzo, GFI expresa su profunda preocupación por la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de suspender la aplicación de la CTA.

Recuerda que la norma, aprobada con amplio apoyo bipartidista como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, fue diseñada para cerrar una laguna legal de larga data que ha permitido a las empresas anónimas facilitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, la trata de personas y otras actividades ilícitas.

“Los requisitos de la ley para la presentación de informes sobre la titularidad real proporcionan una transparencia esencial que fortalece la seguridad nacional, salvaguarda la integridad financiera y confirma el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra los delitos financieros”, advirtió.

Suspender la aplicación de la CTA, alerta, debilita los esfuerzos para responsabilizar a los actores maliciosos y corre el riesgo de socavar años de progreso en transparencia financiera y rendición de cuentas corporativa.

“También indica a las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, que Estados Unidos se está desviando de su compromiso de combatir el uso indebido de entidades legales con fines ilícitos. El sistema financiero depende de regulaciones claras y de cumplimiento obligatorio para prevenir la explotación de estructuras corporativas anónimas, y cualquier retraso o retroceso en su aplicación amenaza la eficacia de estas medidas”, expone el centro de estudios en su pronunciamiento.

El organismo con sede en Washington, D.C., cuyos estudios se enfocan en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el blanqueo de capitales, sostuvo que el secreto financiero facilita la corrupción, fomenta la delincuencia transnacional y erosiona la confianza pública en la gobernanza.

“Ahora, más que nunca, se necesitan medidas enérgicas y decisivas para evitar que los actores ilícitos exploten las vulnerabilidades del sistema de registro corporativo”, afirma.