(AP).- Una demanda presentada para detener las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump bajo una ley de guerra del siglo XVIII rara vez utilizada, pide a un juez federal que obligue a los funcionarios a explicar bajo juramento si violaron su orden judicial al expulsar a más de 200 personas de Estados Unidos.

La moción es otra escalada en la batalla sobre los agresivos movimientos de Trump en su segundo mandato, varios de los cuales han sido temporalmente detenidos por jueces. Los aliados de Trump estallaron en ira por las suspensiones y sugirieron que no tiene que obedecerlas, y algunos demandantes han afirmado que parece que la administración está desafiando las órdenes judiciales.

El sábado por la noche, el juez de distrito James E. Boasberg ordenó a la administración que no deportara a nadie bajo su custodia en virtud de la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros, que sólo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley de 1798 estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana, Tren de Aragua.

La invocación de la ley por parte de Trump podría permitirle deportar a cualquier no ciudadano que él diga esté asociado con la pandilla, sin ofrecer pruebas o incluso identificarlos públicamente. Los demandantes presentaron su demanda en nombre de varios venezolanos bajo custodia en Estados Unidos que temían ser acusados falsamente de ser miembros del Tren de Aragua y ser expulsados del país de manera indebida.

Al enterarse de que había planes en marcha dirigidos a El Salvador, que aceptó albergar a migrantes deportados en una conocida prisión de alta seguridad, Boasberg dijo que él y el gobierno necesitaban actuar rápidamente. “Deberán informar a sus clientes de esto de inmediato, y que cualquier avión que contenga a estas personas que esté a punto de despegar o esté en el aire necesita regresar a Estados Unidos”, indicó Boasberg al abogado del gobierno el sábado por la noche.

Según la demanda, dos aviones que despegaron de la instalación de detención de Texas cuando la audiencia comenzó más de una hora antes estaban en el aire en ese momento, y aparentemente continuaron hacia El Salvador. Un tercer avión aparentemente despegó después de la audiencia y la orden escrita de Boasberg se publicó formalmente a las 7:26 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.

“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en respuesta a un artículo en la red social X que hacía referencia a la orden de Boasberg y anunció que más de 200 deportados habían llegado a su país. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reposteó la publicación de Bukele con un GIF de admiración.

Más tarde el domingo, un artículo ampliamente circulado en Axios dijo que la administración decidió “desafiar” la orden y citó a funcionarios anónimos que afirmaron haber concluido que no se extendía a aviones fuera del espacio aéreo de Estados Unidos. Eso provocó una rápida negación por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo en un comunicado que “la administración no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial”.

Leavitt también declaró que la administración creía que la orden no era “legal” y que estaba siendo apelada. La administración argumenta que un juez federal no tiene la autoridad para decirle al presidente si puede determinar que el país está siendo invadido bajo la ley, o cómo defenderlo.

El Departamento de Justicia también presentó una declaración en la demanda diciendo que algunas personas que “no estaban en territorio de Estados Unidos” en el momento de la orden habían sido deportadas y que, si su apelación no tenía éxito, no utilizaría la proclamación de Trump como base para más deportaciones.

Boasberg programó una audiencia para el lunes a las 4 de la tarde y dijo que el gobierno debería estar preparado para responder una serie de preguntas sobre los vuelos expuestos en la moción de los demandantes.

La orden de Boasberg solo tiene vigencia de 14 días mientras él supervisa el litigio sobre el uso sin precedentes de la ley por parte de Trump, que probablemente planteará nuevas cuestiones constitucionales que solo podrán ser decididas en última instancia por la Corte Suprema. El juez había programado una audiencia el viernes para más argumentos, pero las dos organizaciones que presentaron la demanda inicial, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, le instaron a obligar a la administración a explicar en una declaración bajo juramento lo que sucedió.

Las declaraciones del gobierno, escribieron los demandantes, “sugieren fuertemente que el gobierno optó por tratar la Orden de este Tribunal como aplicable sólo a individuos que aún están en suelo estadounidense o en vuelos que aún no habían despejado el espacio aéreo de Estados Unidos a las 7:26 de la tarde (la hora de la Orden escrita)”.

“Si así es como procedió el gobierno, fue una violación flagrante de la Orden del Tribunal”, añadieron.