CIUDAD DE MÉXICO (France24).-  La Administración de Donald Trump envió a al menos 280 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador, luego de que el presidente invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial. En France 24 explicamos en qué consiste la medida y por qué podría representar un "peligroso abuso de poder".

Al menos 280 presuntos miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua fueron enviados a El Salvador por la Administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada en la víspera del viaje de estas personas. 

El presidente estadounidense utilizó este recurso pasando por encima de la decisión de un juez federal del país norteamericano que le prohibía preventivamente a su Gobierno deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo esta normativa, luego de que Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran una demanda. 

¿El argumento de Trump? La banda Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” estadounidense. 

En ese sentido, al invocar el republicano esta legislación, todos los venezolanos mayores de 14 años que se consideren integrantes de esa organización en Estados Unidos y que no estén naturalizados o incluso cuenten con el estatus de residentes permanentes están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Diversos sectores dentro y fuera de Estados Unidos, como las ONG defensoras de derechos humanos y analistas, han advertido de que la invocación de este recurso por parte de Donald Trump podría constituir un abuso de poder y supone un riesgo para la población migrante en suelo estadounidense. 

A continuación, todo lo que debe saber sobre la naturaleza de esta ley y por qué su implementación es tan controversial. 

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros? 

La Ley de Enemigos Extranjeros, creada en 1798, le da las facultades al presidente de la nación para detener y deportar a extranjeros en caso de guerra declarada o de una “invasión” o “incursión depredadora”, tal y como explica la revista independiente estadounidense ‘Just Security’. 

Puntualmente, la ley le permite perseguir a todos los “nativos, ciudadanos, residentes o súbditos” de la nación o Gobierno hostil, explica el medio especializado en política y justicia estadounidense.

Asimismo, indica que el recurso no distingue entre extranjeros que se encuentran regularizados en Estados Unidos y foráneos con estatus legal establecido, ni tampoco entre extranjeros “leales y desleales”. 

A su vez, esta legislación de larga data no exige que el jefe de Estado demuestre ninguna mala conducta o amenaza que representen los extranjeros objetos de la detención, por lo que la norma no brinda un recurso ni procedimiento para probar su lealtad a Estados Unidos o para apelar la decisión del mandatario. 

El Centro Brennan asegura que se trata de un recurso de autoridad demasiado amplio que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y de abuso en tiempos de paz. 

¿Cuándo se ha aplicado? 

Hasta hoy, la normativa había sido aplicada en tres ocasiones, todas relacionadas con conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido, la ley no había sido invocada desde la segunda contienda mundial (1939-1945), cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt aplicó el recurso para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés. Se estima que unas 120.000 personas de ascendencia de ese país oriental fueron encarceladas durante la guerra. 

¿La migración irregular es una ‘invasión’?

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Enemigos Extranjeros está pensada en caso de que Estados Unidos esté en una guerra declarada y directa o si otro país invade la nación norteamericana o amenaza con hacerlo. 

En la actualidad, ¿Estados Unidos enfrenta una invasión? Para Donald Trump sí. Durante años, el magnate republicano y sus aliados han argumentado que la primera potencia se enfrenta a una “invasión” de personas en condición de tránsito migratorio que llegan al país de forma irregular. 

Y desde que regresó a la Casa Blanca, en su discurso inaugural, de hecho, el presidente ya anunciaba su intención de invocar el recurso. 

En aquel entonces, dijo: “al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a territorio estadounidense”. 

Con todo y eso, decir que la nación norteamericana enfrenta una invasión por migrantes irregulares es un argumento tan nuevo como con falta de pruebas. A pesar de que el mandatario advierte constantemente de las bandas criminales de América Latina en suelo estadounidense, solo un pequeño porcentaje de las personas que viven de forma irregular allí son delincuentes. 

El mes pasado el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense declaró en un informe que los funcionarios podrían usar las designaciones de terroristas extranjeros para argumentar que las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos constituyen una invasión limitada. 

Sin embargo, el mismo servicio especificó que “esta teoría parece no tener precedentes y no ha sido sometida a revisión judicial”. 

¿Por qué El Salvador? 

El acuerdo para enviar a estos presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador llega después de las conversaciones que sostuvieron el jefe de la diplomacia de EE. UU y de ascendencia latina, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre el alojamiento de migrantes en las infames cárceles del país salvadoreño. 

El Gobierno de Bukele ha detenido a más de 84.000 personas, en ocasiones sin el debido proceso, desde 2022 con su política de mano dura contra la violencia de las pandillas.

Se conoció que, previo a la confirmación del envío de estas personas a El Salvador, la Administración de Trump acordó pagarle al Estado salvadoreño 6 millones de dólares para encarcelar a unos 300 presuntos miembros de la ya mencionada pandilla de origen venezolano por al menos un año. 

“Un peligroso abuso de poder"

La invocación de este recurso ha desatado una serie de debates en torno a lo que constituye su aplicación y bajo los términos en los que lo hace. El sábado, el instituto no partidista Center for American Progress (CAP, por sus siglas en inglés) denunció que el disfrute de esta medida constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”. 

"Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos", afirmó el CAP en un comunicado en relación con el capítulo más reciente de la aplicación de la ley, mencionada anteriormente. 

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) instó al “Gobierno” a  “que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación", con respecto al fallo federal que impedía la deportación de las 283 personas. 

En cuanto a Venezuela, la ONG venezolana Provea denunció que con todo esto se intensifican los “ataques contra los venezolanos” por parte del Gobierno de Trump y señaló que las deportaciones se llevaron a cabo “sin garantizar el debido proceso”. 

Con AP, EFE y medios locales