(France 24).- Este día, el Ministerio de Justicia surcoreano informó que emitió órdenes de prohibición para abandonar el país contra el presidente Yoon Suk Yeol, su ministro del Interior, Lee Sang-min, y diez comandantes militares. La medida regirá por el tiempo que se extienda la investigación contra el mandatario y los presuntos involucrados en su breve imposición de la ley marcial, la semana pasada. El proceso podría llevar a la formulación de cargos penales por insurrección y abuso de poder.

Las leyes surcoreanas impiden enjuiciar a un presidente en ejercicio, pero la inmunidad no tiene efecto cuando los delitos investigados son rebelión o traición.

El Ministerio de Justicia informó que el presidente Yoon Suk Yeol tiene prohibido salir del país, mientras se le investiga por su intento fallido de imponer la ley marcial, la semana pasada, en medio de crecientes peticiones para que renuncie.

Además, la oposición anunció en las últimas horas que llevará a cabo esta semana un nuevo intento de juicio político en contra del mandatario. Se agudiza así la crisis política en la nación asiática.

Yoon está siendo investigado por los presuntos delitos de traición, amotinamiento y abuso de poder. Las imputaciones también recaen sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida. De hecho, el hasta hace poco ministro de Defensa y quien presentó su renuncia en los últimos días, Kim Yong-hyun, fue detenido el domingo 8 de diciembre.

Los anuncios llegan luego de que Yoon esquivara el fin de semana un intento de destitución, cuando su bancada parlamentaria, el conservador Partido del Poder del Pueblo (PPP), boicoteó la votación, que necesitaba de dos terceras partes de la Asamblea Nacional para prosperar. Sin emabrgo, el domingo, el jefe de Estado anunció que dimitiría.

Yoon emitió el pasado 3 de diciembre un efímero decreto de ley marcial, que buscaba eliminar la acérrima oposición que ha encontrado en el parlamento desde que asumió el poder en 2022, se refirió a éste como una “guarida de criminales” y acusó a sus rivales políticos de ser “desvergonzados seguidores de Corea del Norte”.

Era la primera vez que se imponía una ley marcial en Corea del Sur desde que en 1980 una medida similar llevó a la recordada masacre de Gwangju, en la que centenares de personas fueron asesinadas por fuerzas militares del dictador Chung Doo-hwan.

Tras la declaratoria de Yoon, las calles se llenaron de fuerzas especiales, desatando protestas ciudadanas y preocupación de los aliados internacionales de Seúl, pero la ley marcial solo duró seis horas, porque la Asamblea Nacional la rechazó y obligó al gabinete a levantar la medida.

El presidente pidió perdón el sábado por haber emitido el decreto, pero eso no impidió que el parlamento iniciara el procedimiento de juicio político, que terminó con el voto favorable de 192 legisladores, pero para que prosperara era necesario la aprobación de 200.

Sanciones e investigaciones en curso

Cincuenta fiscales e investigadores integran la fuerza que lleva adelante las pesquisas contra Yoon y su entorno. Es la misma unidad, dependiente de la Oficina del Fiscal Supremo, que examinó el caso que llevó a la destitución por corrupción de la expresidenta Park Geun-hye en 2016, a la que se suman también 12 fiscales militares.

Adicionalmente, 120 oficiales e investigadores de la agencia nacional de policía se han sumado a investigaciones, y hay pesquisas paralelas por corrupción, a cargo de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que recibirá denuncias contra el jefe de policía Cho Ji-ho y otros miembros de su entorno.

Además de las medidas de prohibición de viajar al extranjero anunciadas por Bae Sang-up, funcionario del ministerio de Justicia, las primeras diligencias de los investigadores han llevado a la detención el sábado del exministro de Defensa Kim Young Hyun, a quien el Partido Demócrata y otras fuerzas de oposición acusan de haber recomendado a Yoon la aplicación del decreto de ley marcial.

Otros investigados son Park An-su, jefe del Ejército y designado comandante de la ley marcial, así como los jefes de los comandos de Defensa de la Capital, Guerra Especial del Ejército y Contrainteligencia de Defensa, seis generales militares y el jefe de la Policía, todos por su papel en la puesta en vigencia del decreto de la ley marcial.

El Partido Demócrata también anunció que presentará una denuncia contra el primer ministro Han Duck-soo, para que sea investigado por no haber intentado bloquear la imposición de la ley marcial.

Consecuencias impredecibles

De ser hallados culpables de insurrección, los involucrados se exponen a una pena que va desde la cadena perpetua, con o sin trabajos penitenciarios, hasta la pena de muerte. No se ha ejecutado a nadie en Corea del Sur desde 1997, y la última pena capital se dictó en 2016.

En el caso de Yoon, las consecuencias políticas están mucho más cerca que las penales. El líder de su partido PPP, Han Dong-hoon, aseguró el domingo que había obtenido del presidente la “promesa de dimitir” de manera anticipada, como una forma de “minimizar la confusión para Corea del Sur y su pueblo”.

Los investigados también podrían encarar los delitos de conspiración, que prevén penas similares a la insurrección, y de adhesión a una insurrección, que conlleva prisión de hasta cinco años, al igual que el abuso de autoridad y la obstrucción de los derechos de otras personas.