SEÚL (AP).- Este día, un intento parlamentario de Corea del Sur para destituir al presidente Yoon Suk Yeol por su breve imposición de la ley marcial fracasó después que la mayoría de los legisladores de su partido gobernante conservador boicotearon la votación.

Se espera que la derrota de la moción intensifique las protestas públicas que exigen la destitución de Yoon y profundice el caos político en Corea del Sur; una encuesta sugiere que la mayoría de los surcoreanos apoya la destitución del presidente.

La declaración de ley marcial de Yoon generó críticas de su propio partido conservador gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP) —si bien éste está determinado a oponerse al juicio político de Yoon, por el aparente temor a perder la presidencia ante los liberales.

El inicio del proceso contra Yoon requirió el apoyo de dos tercios de la Asamblea Nacional, o 200 de sus 300 miembros. Los partidos de oposición que presentaron la moción de juicio político tenían 192 escaños, pero sólo tres legisladores del PPP participaron en la votación. La moción fue descartada sin escrutinio porque el número de votos no llegó a 200.

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, calificó el resultado como “muy lamentable” y un momento embarazoso para la democracia del país, que ha sido observada de cerca por el mundo.

“El fracaso en realizar una votación calificada sobre este asunto significa que ni siquiera pudimos ejercer el procedimiento democrático de decidir sobre un tema nacional crítico”, señaló.

Los partidos de oposición podrían presentar una nueva moción de juicio político una vez que inicie una nueva sesión parlamentaria el próximo miércoles.

Hay preocupaciones de que Yoon no pueda cumplir sus 2 años y medio restantes en el cargo porque su liderazgo recibió un golpe enorme. Muchos expertos dicen que algunos legisladores del partido gobernante eventualmente podrían unirse a los esfuerzos de los partidos de oposición para destituir a Yoon si las demandas públicas para ello se intensifican.

Si Yoon es destituido, sus poderes serán suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo remueve del cargo. Si es removido, una elección para reemplazarlo debe tener lugar dentro de los siguientes 60 días.