CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el sector privado, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es un síntoma de que el Estado de Derecho en México está quebrado y de que ya es muy difícil atraer inversiones y lograr bienestar económico.

Derivado del homicidio, poco a poco son más las voces del sector privado que se han sumado a condenar la situación.

Uno de los primeros fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien ya demandó “una reunión inmediata del sector productivo y de asociaciones civiles con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal”.

“Los hechos ocurridos en Michoacán evidencian la urgencia de redoblar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para restablecer la paz y asegurar que ningún ciudadano viva bajo amenaza de la violencia”, señaló en su posicionamiento.

La Coparmex, junto con todas sus representaciones locales, pidió que el gobierno explique qué está ocurriendo en el país.

“En las últimas semanas se han registrado diversos hechos violentos en Michoacán y en el resto del país que han cobrado la vida de líderes sociales y representantes del sector productivo, lo que refleja la gravedad de la crisis de seguridad en la nación”, añadió.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) también pidió “fortalecer el Estado de Derecho, la justicia social y las estrategias de seguridad”.

“Hechos como este representan un duro golpe a las instituciones y al trabajo de quienes, desde el servicio público, buscan el bienestar de sus comunidades (...) El avance de la violencia y la criminalidad no puede normalizarse”, se lee en su posicionamiento.

Grupos empresariales capitalinos condenan

El G9, que agrupa a las principales cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México, también expuso que el asesinato de Carlos Manzo refleja “una dolorosa realidad”, que la “violencia y la impunidad siguen afectando gravemente la estabilidad social, la inversión y el desarrollo económico de México”.

Este grupo empresarial, integrado por cámaras como la Canaco, señaló que se necesita recuperar las condiciones básicas para trabajar, invertir y generar empleo en México.

“La inseguridad no solo amenaza la vida y la libertad de las personas, sino que también destruye la confianza en las instituciones, inhibe la inversión y vulnera el futuro del país”, expuso.