CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cox aprobó la adquisición del 100% del capital social de Iberdrola México, en una operación valuada en alrededor de 4 mil 200 millones de dólares. 

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, informó que la transacción se avaló con un promedio de votos favorables del 100%, mientras que la sesión alcanzó un quórum del 84.30 por ciento. 

De acuerdo con un comunicado de la compañía, la absorción de Iberdrola México “es un paso decisivo en su estrategia global”.  

El documento añade que la operación “refuerza” la “presencia en un mercado clave, anticipa nuestros objetivos estratégicos y consolida a Cox como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía”. 

Salida de Iberdrola de México 

La salida de Iberdrola ocurrió en un momento marcado por la incertidumbre jurídica que afectó al sector energético durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por la reforma energética impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo. 

El 23 de julio de este año, el medio español El Confidencial reveló que Iberdrola ya había iniciado los trámites para su salida definitiva del país durante la administración de Claudia Sheinbaum, marcando así el cierre de un ciclo para una de las compañías más relevantes en la historia reciente del sector energético mexicano. 

El martes 29 de julio de este año, durante la inauguración de la exposición “Mi vida con el viento” en la estación Buenavista del Tren Suburbano en la Ciudad de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Gerardo Pérez Guerra, señaló que si bien la salida de Iberdrola responde a una estrategia empresarial, “no puede desligarse por completo” del entorno de inseguridad jurídica que enfrentaron las compañías del sector en el sexenio anterior, aunque evitó mencionar directamente al expresidente López Obrador. 

De acuerdo con información recabada por personal vinculado a la empresa, Iberdrola dejó de ver un plan de negocios viable en México, particularmente en el área de transmisión de energía, la cual continúa sujeta a restricciones constitucionales que limitan la participación privada.