CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) condenó a Dani Alves a pagarle 2 millones 250 mil dólares (41.4 millones de pesos) a los Pumas derivado de que incumplió con el contrato que firmó por dos torneos para jugar a la Liga MX por el proceso penal por agresión sexual que enfrentó en los tribunales de España.

Pese a la victoria jurídica, los Pumas no pudieron obtener los 6 millones 125 dólares que pretendían debido a que el club firmó al jugador brasileño a través de dos contratos: 1) “contrato de trabajo” por un monto de 300 mil dólares que sí registró ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y 2) “contrato de imagen” por 2 millones 250 mil dólares, situación que pone al descubierto la doble contratación, una constante en el futbol mexicano.

El 24 de mayo de 2023, el Club Universidad Nacional AC inició una demanda contra Dani Alves ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA solicitando el pago de 5 millones de dólares por la rescisión del Contrato de Trabajo, y la suma de un millón 125 mil dólares por reembolso de la contraprestación no devengada del Contrato de Imagen.

Esta instancia de la FIFA resolvió que Daniel Alves Da Silva debería pagarle a los Pumas sólo 159 mil 677 dólares más un cinco por ciento de interés anual a partir del 10 de abril de 2024 y hasta la fecha de pago efectivo.

Como el Club Universidad Nacional no quedó satisfecho apeló ante el TAS la resolución de la FIFA que el máximo tribunal del deporte internacional echó abajo. No obstante, no le concedió todas sus demandas.

De acuerdo con la información que obra en el laudo —disponible en el portal del TAS— los Pumas firmaron a Dani Alves el 23 de julio de 2022 mediante un contrato de trabajo por dos torneos, por un monto de 300 mil dólares anuales (6 millones de pesos) a pagarse en 12 mensualidades de 25 mil dólares (500 mil pesos).

El jugador recibiría otros privilegios como boletos de avión para ir y venir de Barcelona, un vehículo con chofer y guardia de seguridad. Todo esto quedó asentado en el contrato que los Pumas registraron ante la FMF. 

Sin embargo, los Pumas y Dani Alves firmaron otro contrato por un monto de 2 millones 250 mil dólares (alrededor de 50 millones de pesos al tipo de cambio de 2022) por concepto de derechos de imagen con Flash Forward Esportes e Eventos LTDA, empresa que es propiedad del jugador y que administra su exesposa brasileña Dinorah Santa Ana Bastos.

Ese contrato estaba dividido en dos pagos, el primero por un millón 125 mil dólares al firmarse el 18 de julio de 2022, ya iniciado el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y el segundo por una cantidad igual el 13 de enero de 2023 cuando el Torneo Clausura ya había arrancado.

Esto ocurrió el mismo día que Alves solicitó un permiso especial al cuerpo técnico del equipo que encabezaba Rafael Puente para estar con su familia porque informó que falleció la mamá de su actual esposa, la modelo española Joana Sanz.

La separación supuestamente sólo temporal del jugador se dio pese a que desde el 2 de enero se dio a conocer que Alves había sido denunciado en Barcelona por una supuesta agresión sexual que cometió en Barcelona durante los festejos de Año Nuevo e incluso cuando él ya había emitido una declaración negando los hechos.

Luego de haber pasado más de un año en prisión y de primero haber sido sentenciado culpable y después absuelto, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA fijó una compensación de 159 mil dólares, y estableció el monto final que Dani Alves debía pagarle a los Pumas por el incumplimiento del contrato.

Insatisfechos, los Pumas apelaron ante el TAS la determinación de la FIFA, pues el club alegó que ese dinero fue un adelanto de la segunda parte del contrato que debido a su situación legal Dani Alves ya no pudo cumplir. 

TAS: la cláusula de rescisión es excesiva

Los abogados de los Pumas Javier Ferrero Muñoz, Luis Torres-Septién Warren y José María Zayas Prado también exigieron la aplicación de la cláusula de 5 millones de dólares prevista en el contrato laboral con el argumento de que por la naturaleza de las acusaciones ya no era posible explotar su imagen. Aunque en el fallo que emitió este jueves 18 de septiembre el TAS revocó la decisión inicial de la FIFA, también rechazó la solicitud del equipo porque este segundo contrato no tiene cláusulas de devolución en caso de terminación anticipada del vínculo laboral.

“El apelante (Pumas) ha insistido que la privación de libertad del jugador ‘impidió e incluso imposibilitó’ al club a ‘explotar, comercializar o, de cualquier otra forma, beneficiarse de los derechos de imagen’. Esto, sin embargo, no es correcto: la privación de libertad personal bajo ningún punto de vista afectó la cesión de los derechos sobre la imagen del jugador. No existía obstáculo jurídico ni físico en explotar los derechos de imagen del jugador. No había, en síntesis, imposibilidad”, determinó el panel arbitral del TAS.

Los árbitros Roberto Moreno Rodríguez de Alcalá de Paraguay, Massimo Coccia de Italia y Juan Pablo Arriagada Aljaro de Chile también consideraron excesiva la penalidad de cinco millones de dólares, al considerar que era casi 17 veces mayor que el valor del contrato laboral.

Bajo los parámetros de proporcionalidad del derecho suizo redujeron la suma a la mitad con un cinco por ciento de intereses anuales a partir del 21 de enero de 2023 y hasta la fecha del pago total de la suma condenada.

“Según dicha cláusula, el jugador debe abonar al club la suma de 5 millones de dólares. Sin embargo, dicho monto no guarda ninguna relación, proporción o equivalencia ni con el daño potencialmente sufrido por el club, ni con el valor económico de las prestaciones debidas bajo el Contrato de Trabajo. La cláusula decimoquinta simplemente no pasa el test fundamental de proporcionalidad entre la pena y el daño potencialmente causado o del monto convenido y el interés del acreedor en mantener la totalidad del crédito, medido en el momento en que se produjo el incumplimiento contractual. Así, el valor total del Contrato de Trabajo era de 300 mil dólares, en tanto que la indemnización por rescisión era de 5 millones de dólares, casi 17 veces más que el valor del contrato. Y esta desproporción aumenta a 33 veces si se analiza el momento en el que se produjo el incumplimiento contractual declarado por la FIFA.

“En este sentido, el valor total de ambos contratos es 2 millones 550 mil dólares, a lo cual debe restarse lo no pagado al jugador de 150 mil dólares, lo que da un monto total de 2 millones 400 mil dólares. La pena, sin embargo, fue fijada en 5 millones de dólares, es casi el doble del valor total de ambos contratos y más del doble de lo abonado efectivamente; de nuevo, una desproporción evidente”, explicó el panel arbitral en el laudo.