CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En México viven más de 8.8 millones de personas con alguna incapacidad y entre las más frecuentes están las limitaciones visuales, motrices y auditivas, muchas de ellas persistentes incluso con el uso de dispositivos de apoyo, informó Carlos Javier Pineda Villaseñor, director del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII) de la Secretaría de Salud federal (SSA). 

Así lo dijo durante la firma de un convenio de colaboración del INR con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) que, según sus autoridades, permitirá dar atención médica “de manera gratuita” a más de 100 mil personas con discapacidad durante el 2025. 

En un comunicado, la SSA detalló que como parte de ese convenio se invertirán 350 millones de pesos en dispositivos médicos “con enfoque personalizado y basado en evidencia científica”. Se entregarán prótesis, auxiliares auditivos, implantes cocleares, sillas de ruedas y otros dispositivos médicos. 

El objetivo de dicho convenio, agregó Pineda Villaseñor, es ampliar el acceso a servicios de salud especializados y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en todo el país. Y es que, dijo, es “indispensable” avanzar hacia un modelo de atención integral y personalizada para responder a las necesidades reales de esta población. 

José Alfredo Cordero Esquivel, director general de la APBP, subrayó que el convenio es una “inversión estratégica con enfoque social, orientada a cerrar brechas históricas en el acceso a la salud”. 

Marta Margarita Zapata Tarrés, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), destacó que esta alianza refleja el “rumbo transformador” del sistema de salud mexicano en el que la colaboración entre instituciones públicas, sociedad civil y organismos internacionales será clave para garantizar la sostenibilidad del modelo. 

El convenio 

La SSA informó que la firma del convenio fue durante el Encuentro Nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2025, con la participación de autoridades federales y estatales, representantes del Sistema Nacional Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y organizaciones de la sociedad civil.  

La estructura de dicho convenio tiene cuatro ejes principales:  

• Validación científica de los dispositivos médicos por parte del INRLGII 
• Estandarización de protocolos clínicos a nivel nacional 
• Elaboración de un diagnóstico territorial para identificar brechas en infraestructura y personal especializado 
• Capacitación continua para el personal médico y paramédico de las beneficencias estatales. 

Según el acuerdo, el INRLGII fungirá como órgano técnico y consultor de la APBP, mientras que ésta última proporcionará el equipamiento médico necesario, compartirá información epidemiológica relevante, cubrirá costos operativos e impulsará las mejoras clínicas sugeridas por especialistas. 

La SSA resaltó que este convenio “busca facilitar la reincorporación de las personas con discapacidad a la vida familiar, social y productiva. Al transformar su entorno, también se fortalece el tejido social, se reduce la carga sobre los sistemas de asistencia y se contribuye al desarrollo económico del país”.