TLAXCALA, Tlx. (apro).- Keren Ordoñez y Sandra Arana no se conocen, pero tienen mucho en común: ambas están privadas de la libertad por delitos que no cometieron, fueron torturadas por agentes de la entonces Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y están internadas lejos de sus familias y redes de apoyo.  

Otra cosa que las une es que el Centro ProDH ha asumido su defensa legal, al encontrar evidencias de que fueron usadas como chivos expiatorios. 

En una rueda de prensa de manera posterior a una audiencia de Keren, Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro ProDH, apuntó que la tortura con el objetivo de incriminar a mujeres por delitos que no cometieron es común en Tlaxcala, sobre todo por parte de la unidad antisecuestro. 

Dos ejemplos de ello son Keren y Sandra, quienes llevan 10 y 5 años, respectivamente, privadas de su libertad de forma injusta por secuestro y a quienes agentes de la entonces Procuraduría de Tlaxcala torturaron. 

Keren fue detenida en Xalapa, Veracruz, durante diciembre de 2015, cuando esperaba a que su entonces pareja le diera dinero para la manutención de la bebé que acababan de tener un mes atrás. Mientras ella esperaba afuera del domicilio donde la citó su exnovio, llegaron elementos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala, quienes arrestaron a ambos y a otro sujeto. 

Los agentes tardaron 11 horas en presentar a Keren ante la autoridad judicial, en ese lapso la separaron de su bebé, golpearon en diferentes partes del cuerpo, asfixiaron y amenazaron de hacerle daño o desaparecerle a su hija. Por lo cual la joven de entonces 19 años firmó una declaración inculpándose del secuestro de una mujer en Tlaxcala. 

Desde 2015, Keren está detenida en Apizaco, Tlaxcala, lejos de su familia y en 2024 fue sentenciada a 50 años de prisión. 

En tanto que Sandra Arana, médica de profesión, fue detenida en 2020 por el supuesto secuestro de una persona en Zacatecas, a donde fue trasladada, y también acusada de extorsión en Tlaxcala. La madre de Sandra, Gloria Aguilar, señaló que su hija fue torturada de forma sexual, física y psicológica por elementos de la unidad antisecuestro de Tlaxcala, por ello solicitó el apoyo del Centro ProDH. 

Emilio Muñoz, del Centro Fray Julián Garcés, dijo que es indignante que siga habiendo casos de mujeres utilizadas como chivos expiatorios, debido a investigaciones deficientes de las autoridades de Tlaxcala. Pérez Rodríguez agregó que según la Enpol en México existe un porcentaje mayor de mujeres privadas de su libertad por secuestro que hombres.  

Muchos de los casos, desde la perspectiva del abogado, se tratarían de mujeres detenidas de forma arbitraria y cuya declaración se realizó bajo tortura, mismas que seguirían privadas de la libertad por una falta de una defensa adecuada y la carencia de perspectiva de género en los operadores de justicia.  

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 señala que el 3.2% de las mujeres privadas de su libertad fueron sentenciadas por secuestro y secuestro exprés, en tanto que sólo el 1.2% de hombres privados de su libertad obtuvieron una sentencia por este mismo delito. 

Ante esta situación las organizaciones, familias y mujeres sobrevivientes a la tortura sexual, como Florencia Jovita Herrera, pidieron al Poder Judicial de Tlaxcala, en particular a la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, quien se encargará de revisar la apelación por la sentencia de Keren, que absuelva a la joven del delito que se la imputa, para que así pueda recuperar su libertad y por fin reunirse son su hija.