El Congreso de Oaxaca aprobó la medida después de que se les vinculó a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de ejecución extrajudicial en agravio del expresidente municipal, Leobardo Gerardo Santos López.

La mandataria adelantó que el gobierno estatal retomará el control de la coordinación de seguridad en Cuautla y Atlatlahucan, tras la detención de varios funcionarios de esos municipios.

Entre las propuestas que se discutirán se encuentran el aplazamiento de fecha para la elección de juzgadores para el 2028 y la introducción de una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La resolución judicial fue emitida casi cinco años después del accidente. De acuerdo con fuentes judiciales, el prolongado proceso obedeció a la complejidad y magnitud del caso.

El mandatario estatal podría ser sancionado administrativamente o, si así lo considera el pleno del Poder Legislativo, en calidad de superior jerárquico, destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos en el servicio público.