Ninguna modificación institucional debe poner en riesgo los derechos de acceso a la información y a la protección de la privacidad. El Estado mexicano está obligado a garantizar estos derechos que son base de libertades sociales y de la democracia.

Hace tres años, cuando iniciaba el anterior ayuntamiento tijuanense, el presupuesto total fue de 8 mil 600 millones. El previsto para 2025 es casi 50% mayor, lo cual refleja su potente incremento.

Este caso evidencia los obstáculos que muchas personas pueden enfrentar debido no sólo a procesos burocráticos, sino también a las dificultades para enmendar errores de registro de sus semanas cotizadas.

Debemos comenzar a imaginar las bases éticas de programación a la cual de manera irremediable deba sujetarse cualquier IA que sirva para la solución de casos jurídicos de cualquier especie, a fin de que la solución sea éticamente irreprochable.