La agresión contra la presidenta ocurrió el pasado 4 de noviembre mientras la morenista daba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital.  

El gobierno embargó la propiedad como cobro parcial de un crédito fiscal por una multa de 515 millones de pesos que le había impuesto el Congreso local desde 2018 y que hasta la fecha no ha pagado.

El comunicador denunció el robo y posteriores llamadas de extorsión; exige una investigación exhaustiva y sin descartar su actividad periodística como línea de investigación.

La declaración se dio en el marco de una reflexión sobre el fracaso de la oposición en captar al sector juvenil, al que —según la presidenta— no le llega el “discurso de odio” promovido por figuras como Salinas Pliego y el líder priista Alejandro “Alito” Moreno. 

 “No hay ningún argumento más que ideológico o político relacionado con los supuestos problemas del tratado con electricidad, no lo existe”, dijo la presidenta.

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar problemas como extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales, abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados.