La agresión contra la presidenta ocurrió el pasado 4 de noviembre mientras la morenista daba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital.  

El gobierno embargó la propiedad como cobro parcial de un crédito fiscal por una multa de 515 millones de pesos que le había impuesto el Congreso local desde 2018 y que hasta la fecha no ha pagado.

El comunicador denunció el robo y posteriores llamadas de extorsión; exige una investigación exhaustiva y sin descartar su actividad periodística como línea de investigación.

ONU Mujeres México señala que en el país más 10 millones de mujeres han vivido violencia digital.

 “No hay ningún argumento más que ideológico o político relacionado con los supuestos problemas del tratado con electricidad, no lo existe”, dijo la presidenta.

Integrantes de Resistencia Trans Chiapas enfatizaron que la principal demanda es el reconocimiento legal de la identidad de género. Bella Rodríguez, integrante de la colectiva, expresó: “Nos falta lo básico: reconocimiento legal y voluntad política".