CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La ministra Lenia Batres Guadarrama buscará que en su nueva etapa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga casos de manera discrecional, es decir, sin importar si implican o no un análisis de constitucionalidad como le obliga la ley.

Batres Guadarrama no sólo es una de las tres ministras afines al gobierno federal que continuará en la SCJN sino que, conforme a la votación que obtuvo el 1 de junio último, en 2027 se convertirá en la segunda presidenta del nuevo máximo tribunal y también en la segunda mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la Corte.

Desde la oficina que continuará ocupando en los próximos dos años, a la que llegó en diciembre de 2023 impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Batres comenta que la nueva Corte debe poner mayor atención en el desarrollo de criterios de defensa de los derechos sociales: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente sano, cultura y agua.

“El Poder Judicial viene muy lento incorporando una doctrina de justiciabilidad de los derechos sociales. Ha habido históricamente mucha resistencia en la comunidad jurídica para creer que los derechos sociales son justiciables, es decir, que le corresponde al Poder Judicial emitir sentencias que obliguen a las autoridades responsables a algo respecto del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la ciencia y a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación y el derecho al agua, que son los derechos que tenemos establecidos constitucionalmente”, explica.

“Los derechos sociales están en el absoluto desamparo porque, entre otras razones, no hemos asumido que sí nos corresponde a los jueces federales, en el marco de nuestras nuestras resoluciones de juicio de amparo, proteger derechos sociales”.

Aunque reconoce que hay menos demandas de amparo sobre estos temas, dice que esto pasa porque la gente que lo ha intentado ha sido rechazada por el Poder Judicial federal mediante sobreseimientos o desechamientos.

Por ello considera que la Corte debe atraer cualquier asunto, incluso antes de llegar al juicio de amparo, para revisar posibles ilegalidades o vicios en el procedimiento.

“La Suprema Corte debería constituirse como un tribunal con plenitud de jurisdicción, lo cual significa que podríamos o deberíamos poder no solamente revisar la inconstitucionalidad alegada, sino cualquier vicio que tuviera la resolución de origen, porque la gente no se explica que pasen los juicios por aquí y validemos fraudes”, expone.

“En el juicio de amparo directo, en el que se cuestiona la resolución de un juez, nosotros tenemos una competencia absoluta y podemos atraer por trascendencia, lo dice la Constitución: en amparo indirecto en materia penal lo que se busca es dar la mayor protección a la persona, pero si se tratara de cualquier otro juicio o en cualquier otra materia, la Corte no puede intervenir, aunque muchas veces lo hace”.

Reconoció que la nueva Corte tendrá diferentes retos por cumplir, principalmente en la planeación e inclusión de los nuevos ministros, que en su mayoría no tienen antecedentes en el Poder Judicial, y cumplir con las expectativas que tiene la gente.

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Fragmento del texto publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.