“No estamos en guerra, pero no estamos en paz”, advirtió en mayo de 2024 el almirante Pierre Vandier, jefe de Estado Mayor de la Marina francesa y comandante aliado de la OTAN. La frase es la descripción más fiel de la situación que hoy Europa vive, donde las hostilidades rusas se despliegan sin una declaración de guerra, pero con efectos reales de coerción y desestabilización.

La “guerra híbrida” –gibridnaya voina o voina novego pokolenia– es una doctrina militar articulada por Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. La doctrina postula que el logro de los objetivos estatales debe perseguirse mediante todos los medios disponibles, integrados en un modelo que borra las fronteras entre la guerra y la paz. Nada queda excluido: uso de la fuerza convencional, tácticas irregulares, terrorismo, sabotaje, conductas criminales, ataques cibernéticos, desinformación y guerra psicológica; a ello se suman acciones deliberadas para controlar o debilitar el entramado económico (coerción financiera, manipulación de cadenas de suministro y presiones sobre mercados y proveedores críticos), para deslegitimar y capturar instituciones políticas (campañas de descrédito, infiltración de actores afines, apoyo a redes corruptas) y para erosionar la lealtad ciudadana y el ánimo social (campañas de fractura identitaria, desgaste moral sostenido, y desconfianza inducida hacia autoridades y medios).

Gerasimov deja en la historia la lógica de Von Clausewitz (“La guerra es la continuación de la política por otros medios”) para sustituirla por otra más efectiva: la política es la continuación de la guerra por todos los medios posibles. Lo que sea necesario para debilitar al enemigo y reducir al mínimo el uso de la fuerza militar directa. 

En la práctica esa concepción se traduce en un proceso escalonado, flexible y acumulativo, compuesto por tres etapas. Primero, se abre un periodo en el que se identifican vulnerabilidades y se prepara el terreno para la intervención: consolida redes políticas y mediáticas afines, introduce mensajes favorables en el debate público, prueba los límites de las defensas digitales y despliega campañas de desinformación destinadas a erosionar la confianza y sembrar confusión. 

Segundo, se pasa a la acción más directa: sabotajes puntuales que afectan infraestructuras críticas, ciberataques que paralizan sistemas y operaciones informativas diseñadas para manipular percepciones, dividir la opinión pública y frenar la respuesta de los gobiernos. En paralelo, se desarrolla una fase de presión y desgaste, centrada en perturbar la logística, alterar las cadenas de suministro y ejercer coacción económica, a menudo mediante intermediarios criminales o mercenarios que facilitan la negación plausible. Finalmente, cuando estas estrategias logran los efectos buscados, llega la tercera etapa: la consolidación política. Mediante la acción directa o indirecta se procede a la imposición o al reconocimiento de gobiernos alineados y a la aceptación progresiva de una “normalidad” en la que Rusia ejerce el control, sin necesidad de ocupar físicamente todo el territorio.

La anexión de Crimea en 2014 ilustra esta secuencia completa. Antes de que apareciera un solo soldado, Rusia llevaba años construyendo la narrativa de una población rusoparlante amenazada por nacionalistas ucranianos. Cuando llegó el momento, los “hombres verdes” –soldados sin insignias– tomaron las oficinas gubernamentales y los aeropuertos, mientras medios rusos inundaban la península con relatos de una persecución inminente. 

El referéndum bajo ocupación militar fue sólo el sello final. Para cuando Occidente reaccionó, Crimea ya era rusa. En 2008 Georgia perdió Osetia del Sur y Abjasia mediante la misma fórmula: conflictos congelados reactivados, intervención “defensiva” y reconocimiento de la independencia.

Entre 2022 y 2025 los incidentes sospechosos vinculados a la actividad rusa se multiplicaron en Europa. Los monitoreos de inteligencia y reportes independientes registran más de 30 episodios confirmados de sabotaje en 2024, casi cuatro veces más que el año anterior: cables submarinos dañados en el Báltico, interferencias GPS sobre el espacio aéreo escandinavo, caída de decenas de torres de telecomunicaciones en la costa oriental de Suecia, ataques cibernéticos a hospitales y redes industriales en Alemania, alteraciones en su sistema de abastecimiento de agua en Finlandia, intrusión en la red eléctrica en Letonia, incendios en depósitos de munición o centros logísticos en Polonia y Reino Unido, e incluso el envío de paquetes explosivos a instalaciones militares. En todos los casos, la autoría formal se diluye: aparecen redes criminales, exmercenarios o empresas fachada. Pero el patrón –geográfico, temporal y operativo– es inequívoco.

La ofensiva también es digital. Los ciberataques contra servicios médicos, bancos y sistemas de pago apuntan a erosionar la confianza pública, no a paralizarla por completo. Y la guerra informativa acompaña: campañas coordinadas de desinformación, amplificación de teorías conspirativas, explotación de identidades nacionales o religiosas para fomentar fisuras internas y reducir el apoyo a Ucrania. Además se registran operaciones de influencia política: apoyo a partidos euroescépticos, vínculos con movimientos antiinmigración y financiamiento opaco a actores “neutrales”. Cada acción contribuye a un objetivo mayor: debilitar la cohesión europea y fracturar la voluntad colectiva.

Esta estrategia rusa responde a un horizonte político claramente definido. A corto plazo Putin pretende debilitar el apoyo europeo a Ucrania. Sin la asistencia militar y financiera de la UE y la OTAN, la resistencia ucraniana no podría sostenerse. Moscú lo sabe: su prioridad es agotar a Occidente, no vencer en el campo de batalla. Mantener la presión por debajo del umbral de guerra sirve exactamente a ese fin: aumentar el coste político y económico de la solidaridad con Kiev, fomentar el cansancio social y dar argumentos a quienes piden “negociar la paz” y presionar a Ucrania para que actúe “razonablemente” y ceda ante las demandas rusas de territorio y de subordinación política.

A mediano plazo su objetivo es erosionar la cohesión de la OTAN y de la UE, abrir (o ensanchar) las grietas entre Europa y Estados Unidos y reforzar la narrativa de un orden multipolar. Putin aspira a una arquitectura de seguridad en la que Rusia sea reconocida como potencia regional con una esfera de influencia propia. 

A largo plazo el propósito es más ambicioso: restaurar el estatus imperial. En la visión del Kremlin, el siglo XXI debe saldar la “humillación” del fin de la Guerra Fría y devolver a Rusia un lugar central en la toma de decisiones mundiales. Los medios híbridos –militares, informativos, energéticos– son el instrumento para lograrlo sin entrar –al menos por el momento– en una confrontación directa con un bloque más rico y tecnológicamente superior.

Europa enfrenta tiempos y decisiones difíciles, especialmente para las sociedades que han disfrutado del periodo de paz más largo de su historia. Por el momento, la Unión Europea lleva tiempo preparándose para hacer frente a las nuevas amenazas y a los intentos de reconfigurar el orden en la región y prefiere mantener el conflicto abierto dentro de las fronteras de Ucrania, que desde 2022 lucha por la paz e independencia de todo un continente. Si Ucrania llega a caer, la tercera fase de la guerra híbrida podría empezar más allá de esta –la última– frontera. 

Texto de Opinión publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.