Los gobiernos de la llamada Transición Democrática y los de la autonombrada Cuarta Transformación han sido los gobiernos del horror y el miedo. La realidad no cesa de mostrarlo: más 500 mil asesinados, más de 100 mil desaparecidos, más de tres mil fosas clandestinas, 98% de impunidad, interminables masacres y exhibiciones de cuerpos mutilados, colusiones del crimen organizado con funcionarios del Estado, inseguridad galopante y una creciente militarización.

Desde hace mucho padecemos una situación equiparable a países en guerra, con conflictos internos armados o cooptados por una lógica criminal. Pese a ello, los gobiernos de los últimos 18 años no han hecho otra cosa que negarlo y reducir esa realidad a un asunto de nota roja que se combate con balazos (Calderón), ignorándola (Peña Nieto), atendiendo la pobreza (López Obrador) o con golpes mediáticos como la operación Enjambre o el reciente decomiso de un cargamento de fentanilo en Sinaloa (Sheinbaum). La consecuencia es que vivimos cada vez más como animales de rastro, privados de futuro y obligados a aceptar que esa vida es normal.

Podría ser distinto. Pero eso exigiría caminar por un derrotero que no parece estar en la lógica de Sheinbaum, de la 4T, de los partidos políticos y de una buena parte del país: admitir que nos encontramos en una situación de violencia extrema ante la cual el Estado es incapaz de responder y que es necesario crear, junto con las partes sanas de todos los sectores de la sociedad, una política de Estado a corto, mediano y largo plazo que nos permita salir del horror, el miedo y recuperar el futuro.

Yo y muchos otros no hemos dejado de insistir que esa política sólo puede elaborarse bajo los criterios de la justicia transicional, es decir, bajo una política integral que entreteja labores serias de inteligencia policiaca y militar junto con mecanismos de verdad y justicia dirigidos por ciudadanos probos y con el apoyo de estructuras supranacionales como la ONU.

Esto, al mismo tiempo que implicaría reconocer que vivimos una realidad   que destruyó la razón de ser del Estado, exigiría asumir una cualidad que el mundo desprecia, la humildad, primero, para que el gobierno acepte que la ciudadanía y la comunidad internacional pongan bajo el escrutinio de la verdad y el peso de la justicia las responsabilidades que altos funcionarios de los distintos gobiernos han tenido y tienen con la violencia; segundo, para poner al servicio de ello recursos y el apoyo unánime de todos los sectores de la sociedad.

Pero entre el miedo generalizado a aceptar la realidad y la prepotencia del gobierno y de la clase política que la niega, seguimos viviendo en el terror, ilusionados con la idea de que todavía hay un Estado que, pese a los errores y los vicios de los gobiernos, logrará rescatar al país. Hay una inquietante voluntad en no querer ver que habitamos un mundo criminal que convive estrechamente con ideas políticas rebasadas e inútiles y estúpidos mesianismo que lo encubren; una preocupante obstinación en creer que lo importante está en otra parte, en los yerros de otros o en correcciones cosméticas al cadáver del Estado. Para todos aquellos que no nos resignamos a vivir así esto es la agonía de la nación que augura desastres más espantosos.

Salir de ese terror exige, como digo, tomar medidas profundas y radicales que pongan por encima de todo la dignidad humana y el cuidado de la vida. Es la única salida para refundar a la nación y crear un nuevo pacto social y un nuevo Estado. Lo sabemos las víctimas y aquellos que se niegan a vivir como animales de rastro, que no pertenecemos ni simpatizamos con ningún partido y creemos que la verdad y la justicia, por más dolorosas y costosas que sean, son el único camino para que una nación recupere su humanidad y su salud. No hay nada más importante.

En medio de la soberbia de los poderosos y la ceguera de los ilusos, las víctimas saben lo que encararse con el miedo y el horror significa: rechazar sin concesiones un mundo en el que la violencia se niega y legitima y en el que los seres humanos se han convertido en insumos de la criminalidad y la política.

Ese debería ser el tema fundamental de la nación y no la lucha ideológica de cómo y quienes deben o deberían administrar el infierno.

Desde hace 18 años vivimos en el terror y el miedo, a causa de una clase política corrompida y de un montón de ilusos que no quieren aceptar que el país se perdió. La salida la conocemos, pero para encontrarla y transitarla hay que tener la humildad de admitir que fracasamos como nación y preguntarnos si estamos dispuestos a seguir viviendo en esas condiciones.

Quienes respondan “no” pasan automáticamente a formar parte de las víctimas y sus resistencias, lo que debería llevarlos a embarcarse en reflexiones que los conduzcan a enfocar sus esfuerzos en obligar al gobierno y a la clase política a reconocer la realidad y a poner la voluntad y los recursos de la nación al servicio de la verdad, la justica, la paz y la refundación del Estado.

Fuera de ello, la vida es la de un rastro o la de un campo de concentración al aire libre.

“Propones una utopía”, me dirán. Lo es, pero las utopías son más que nunca necesarias en un mundo donde la barbarie, la prepotencia y la imbecilidad imperan.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad al país.