CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dejar que la ministra Lenia Batres presente ante el Pleno el proyecto en el que plantea revocar el amparo concedido a Nueva Elektra del Milenio, empresa de Ricardo Salinas Pliego, contra un crédito fiscal de más de 60 millones de pesos.

Se trata del amparo directo en revisión 3842/2024 que, según las listas de notificación de la Corte, fue devuelto a Batres Guadarrama pese a que en marzo pasado la extinta Segunda Sala la declaró impedida para intervenir en un amparo de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que tampoco podría intervenir en otros asuntos relacionados con el empresario dueño de Nueva Elektra del Milenio.

“Visto el estado procesal del presente asunto, dado que en sesión celebrada el uno de septiembre del año en curso tomaron protesta las Ministras y los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , conforme a lo acordado por el Pleno de este Tribunal en la sesión privada respectiva, y en cumplimiento al artículo Sexto transitorio del ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2025 (12a.), DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE REGULA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA , devuélvase a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien actuará como ponente en este expediente”, indicó la Secretaría General de Acuerdos de la Corte.

En enero de este año, Proceso informó que dicho amparo llegó a la Corte desde mayo de 2024 y cuando Batres fue designada ministra recibió el expediente junto con los pendientes que dejó Loretta Ortiz Ahlf en la Segunda Sala porque se cambió a la Primera.

El caso se trata de un litigio contra una multa que le fue impuesta a la empresa por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio 2012 porque Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable.

La multa, que asciende a 67 millones 165 mil 827 pesos, fue confirmada por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo que la empresa tramitó un amparo directo.

En dicho amparo, la empresa indicó que Grupo Elektra era sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en el año 2012, las únicas obligadas a pagar el impuesto que el SAT le requirió eran las sociedades controladoras, es decir, Grupo Salinas.

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió el amparo a la empresa y contra esa sentencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tramitó un recurso de revisión que debía ser resuelto por la Corte.

Desde enero pasado la ministra Batres circuló entre sus ahora excompañeros de la Segunda Sala el proyecto en el que propuso revocar el amparo a Elektra al considerar legal que Hacienda requiera a directamente a las empresas controladas independientemente de que las controladoras lleven a cabo las adecuaciones y declaraciones complementarias que resulten necesarias.

Si Batres presenta su proyecto al Pleno, los nuevos ministros podrían decidir apartarse del criterio emitido anteriormente por la Segunda Sala y declarar que la ministra sí puede votar en los asuntos relacionados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Incluso, los nuevos ministros también podrían apartarse del criterio que beneficia directamente al empresario para que Batres pueda presentar el proyecto que ya tenía listo sobre el amparo que Salinas Pliego tramitó contra la UIF.

El amparo de mayor monto

De igual modo, la Corte envió al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García el amparo de mayor monto que tiene Grupo Elektra en el Máximo Tribunal.

Se trata de la impugnación contra un crédito fiscal por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos derivado del ejercicio 2013, mismo que ya había sido confirmado tanto por el TFJA como por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

El expediente está en la Corte desde agosto de 2024 y había sido turnado a la ponencia del ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán quien en octubre de ese año tenía previsto presentar un proyecto para desechar el asunto, confirmando así las sentencias del Colegiado y del TFJA.

Pérez Dayán nunca pudo presentar su proyecto ante la Segunda Sala porque la empresa desplegó una estrategia legal de plantear impedimentos contra todos los ministros que recibieran sus asuntos para retrasar los fallos.

“Visto el estado procesal del presente asunto, dado que en sesión celebrada el uno de septiembre del año en curso tomaron protesta las Ministras y los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , así como en lo acordado por el Pleno de este Tribunal en la sesión privada respectiva, atendiendo al orden cronológico de ingreso de este asunto y al número de votos obtenidos en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, retúrnese el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien actuará como ponente en dicho expediente”, notificó la Corte el pasado 4 de septiembre en el amparo 6321/2024.