PUEBLA, Pue. (apro).- Un tribunal resolvió exonerar y poner en libertad a 10 policías estatales que en 2022 fueron detenidos por su participación en un operativo en el que fue emboscado un grupo de pobladores indígenas de Santa María Coyomeapan, con resultado de tres muertos, uno de ellos menor de edad. 

El Colectivo Hermanos Serdán, que en su momento participó en el proceso de pacificación de esa localidad y en la defensa de pobladores que fueron considerados “presos políticos” del gobierno de Miguel Barbosa, señaló en un comunicado que, con la absolución de los policías, este “crimen de Estado” se mantiene en la total impunidad debido a “la falta de la debida diligencia por parte de las autoridades”. 

La organización recordó que, en ese entonces, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a fortalecer la investigación de los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022, “cuestión que el Estado ignoró y por eso hasta el día de hoy se encuentra impune la masacre donde un niño fue vilmente asesinado”. 

Cabe recordar que la Oficina del Alto Comisionado incluso calificó estos hechos como una “ejecución extrajudicial” cometida desde el Estado, debido a que los policías actuaron de manera premeditada para emboscar a los integrantes de la organización “Unidad por Coyomeapan”. 

Y mientas que el asesinato de los indígenas Omar Herrera Raymundo, de 15 años; Teófilo Barrera Herrera, de 24, y Mercelo Carrera Reyes, de 45, sigue impune, los que fueron señalados desde ese entonces como responsables intelectuales son integrantes de la 4T y aspiran a más cargos políticos. 

Cuando ocurrió el crimen, los pobladores acusaron directamente a los hermanos Araceli y David Celestino Rosas de haber ordenado este ataque, pues la organización “Unidad por Coyomeapan” luchaba contra la continuidad del cacicazgo impuesto desde 2010 por esa familia en el municipio, ubicado en la Sierra Negra de Puebla, una de las regiones más marginadas de la entidad. 

Durante tres años, desde los comicios de 2021, los habitantes de Coyomeapan impidieron el acceso a Rodolfo García, esposo de Araceli, quien supuestamente había ganado las elecciones para la presidencia municipal, pero acusaban que la familia Celestino había cometido fraude electoral para mantenerse en el poder. 

No obstante, Araceli Celestino fue electa diputada federal por el PT de 2021 a 2024 y actualmente es diputada local por Morena, además de que aspira a ser candidata a la presidencia municipal o una diputación por Tehuacán. 

José Luis Leyva, líder del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular (MASCIP), dijo que en estos hechos ocurridos hace cuatro años no ha habido “ni verdad, ni justicia”. 

Recordó que la participación de los policías estatales en el operativo en el paraje de Cobatzalco del municipio de Zoquitlán, en el cual los indígenas fueron baleados, estuvo plenamente identificada en ese momento, pero la autoridad nunca investigó la autoría intelectual. 

“La unidad por Coyomeapan exigió justicia, caen estos chivos expiatorios (los policías), pero no se llega a los autores intelectuales, pero todo apunta de que Araceli Celestino es confesa. Ella confiesa en una declaración que ella mandó a la policía estatal”, refirió Leyva. 

Indicó que en su momento este conflicto social se resolvió mediante un acuerdo político con una fracción de Unidad por Coyomeapan, ligada a Antorcha Campesina. 

Cabe señalar que los habitantes de Coyomeapan además denunciaron en ese entonces actos de corrupción presuntamente cometidos por los Celestino Rosas, pero al ser aliados políticos del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, nunca se investigaron.