CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde de Chilpancingo, el priista Gustavo Alarcón Herrera, se sumó al bloque de 10 presidentes municipales que rompieron con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, a raíz de la crisis de seguridad que se vive en el municipio de Chilapa tras el desplazamiento forzado de tres comunidades por la violencia criminal. 

“No se debe ni se puede gobernar estigmatizando a quienes levantan la voz”, dijo. 

En el contexto de crispación política en medio de una crisis de violencia, ningún dirigente de los partidos políticos Morena, PVEM, PRI y PRD, que postularon a los 11 alcaldes se ha pronunciado. 

El bloque de alcaldes “gobiernan municipios de la zona de influencia del grupo delictivo Los Ardillos”, informó el diario El Sur. 

Incluso, el operador político del gobierno de Evelyn Salgado, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, ha evadido hablar del tema. 

El alcalde capitalino, Gustavo Alarcón Herrera, emitió un comunicado en respaldo de 10 presidentas y presidentes municipales que salieron de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. 

El sábado 23 de mayo, nueve de los ediles respaldaron a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, ante “la grave crisis de seguridad” que en enfrenta su municipio y anunciaron su rompimiento con autoridades estatales y federales, así como con corporaciones de seguridad que integran la Mesa de la Paz. 

La misiva se dio tras la incursión de la organización criminal Los Ardillos en cuatro comunidades de Chilapa: Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, del 6 al 11 de mayo. 

El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, dijo que “lo sucedido con los municipios de la Montaña Alta y Baja, y con presidentas y presidentes municipales que han exigido atención, es inaceptable”. 

"No se puede señalar ni criminalizar a comunidades enteras solo por alzar la voz y pedir seguridad". 

Expresó que ellos han exigido seguridad y son autoridades electas. 

“Reducir la problemática de Guerrero a nueve municipios o a un puñado de alcaldes es una forma de evadir responsabilidades”. 

Acusó que en las Mesas de Coordinación se firman acuerdos y se anuncian estrategias que luego no se cumplen. 

“Existe una brecha profunda entre lo que se acuerda y lo que realmente se implementa en el territorio”. 

Y que es el resultado de decisiones políticas que ponen por delante cálculos personales y disputas internas, y no la seguridad de la población. 

Acusó que el Subsecretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, ha negado de manera reiterada la dimensión real de los problemas y ha priorizado dichos cálculos políticos por encima del bienestar de los guerrerenses. 

“Cuando minimiza los desplazamientos, cuestiona a las víctimas regatea el apoyo a los municipios, lo que hace es desamparar a la ciudadanía y proteger al gobierno”. 

Pidió un puente que conecte a los municipios con el gobierno del estado y con la federación, y que ponga por delante la vida de las personas, no las lealtades de grupo ni las carreras de unos cuantos políticos y funcionarios. 

“Aquí, desde el corazón de Guerrero, no nos vamos a callar. Gobernar es enfrentar los problemas, no estigmatizar a quienes los denuncian”. 

Gustavo Alarcón Herrera asumió el gobierno municipal tras el asesinato y decapitación del alcalde electo, Alejandro Arcos Catalán, postulado por la alianza PRI, PRD y PAN, ocurrido el 6 de octubre de 2024, a seis días de asumir el cargo. 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero sólo ha detenido a Germán Reyes Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acusado como autor intelectual del asesinato del edil.