CULIACÁN, Sin. (apro).- Los funcionarios del gobierno de Sinaloa acusados de tener vínculos con Los Chapitos comenzaron a hacerse del control económico, político y de seguridad de la entidad desde 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. 

Junto con el gobernador Rubén Rocha Moya fue acusado su exsecretario general de Gobierno y ahora senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez. 

Desde 2018, este grupo comenzó su arribo al poder con la elección que llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, y desde entonces, el avance y crecimiento los llevaron a la gubernatura y a un proyecto político que busca mantenerlos un sexenio más en Sinaloa. 

El tándem Rocha-Inzunza logró sacar del camino político a los exalcaldes morenistas Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome. Todos fueron desaforados y sometidos a juicios políticos. 

Inzunza Cázarez fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Sinaloa de 2016 a 2021, año en qué se sumó al proyecto político de Rocha y, a partir de entonces, el poder político en Sinaloa fue tomado bajo sus riendas. 

Gran parte de la operación política pasó por su escritorio en un proyecto político que busca colocarlo como sucesor en la gubernatura el próximo 2027. 

Dirigentes políticos locales, que pidieron el anonimato, dijeron a Proceso que Inzunza Cázarez orquestó y coordinó ataques mediáticos y políticos contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y los exalcaldes desaforados de Culiacán, Mazatlán y Ahome, las ciudades más importantes del estado. 

También aparece acusado Juan de Dios Gámez Mendivil, ahijado de Rocha Moya e impuesto como alcalde de Culiacán tras el desafuero de Estrada Ferreiro en 2022. 

Es también otro nombre que impulsan desde el escritorio del gobernador para sucederlo en el cargo. Hasta antes de este puesto no contaba con experiencia política y sus empleos habían sido siempre con su padrino como parte de su equipo de trabajo. 

También fueron acusados Enrique Díaz Vega, quien fue su secretario de Administración y Finanzas, cargo que dejó para ocuparse de sus negocios, sin embargo, fuentes de Proceso aseguran que sigue trabajando de cerca en temas financieros con el grupo político de Rocha. 

Díaz Vega fue uno de los primeros funcionarios en dejar su cargo en la administración de Rocha. 

Aparece también Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, nombrado en agosto de 2022, pero relevado del cargo en diciembre de 2024 con la guerra entre Mayos y Chapitos creciendo en la entidad. 

Mérida Sánchez es militar de carrera y durante ese tiempo hombre de confianza en el gabinete de Rocha. 

En la acusación aparece Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto, el segundo al mando en la Fiscalía General del estado y uno de los orquestadores del montaje descubierto por la Fiscalía General de la República (FGR) por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, rival político de Rocha, cuyo crimen ocurrió en el lugar en donde secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada. 

Castro Saavedra también ha sido señalado por agentes de investigación en videos divulgados en redes sociales. Estos agentes posteriormente aparecieron ejecutados. Las acusaciones son por nexos con los Chapitos. 

También aparece Alberto Jorge Contreras Núñez “El Cholo”, quien fue jefe de la Policía de Investigación de la FGE y otro nombre recurrente en estos videos divulgados en redes. 

Otros jefes policiacos que aparecen en la acusación del gobierno norteamericano son los de Marco Antonio Almanza Avilés, también exjefe de la Policía de Investigación y uno de los hombres clave en seguridad desde 2010, fecha en que operaba la guerra del cártel entre los Beltrán Leyva y “El Chapo” Guzmán. 

También José Antonio Dionisio Hipólito, quien fue subdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán y quien se habría encargado de brindar seguridad a la facción de los Chapitos entre 2018 y 2024, fecha en que dejó el cargo. 

La acusación del gobierno norteamericano en contra del gobernador Rubén Rocha Moya e integrantes de su gabinete fue advertida desde septiembre de 2024 por la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo publicó Proceso en su edición mensual número 15. 

Documentos de inteligencia militar y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señalan que Rubén Rocha ha sido investigado por supuestos nexos con el crimen organizado. 

Estas investigaciones abarcan el periodo previo y durante su mandato, ligándolo a presuntas omisiones y relaciones con grupos delictivos. 

Y en ese mismo sentido, la acusación del Departamento de Justicia presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala al gobernador y a varios de sus funcionarios de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadunidense.