MÉRIDA, Yuc., (apro) .- José Manuel Canché Tec, de 17 años, se fugó el pasado 3 de marzo de Casa Otoch, el Centro de Asistencia Social (CAS) del estado de Yucatán. El adolescente se encontraba bajo resguardo del DIF estatal debido a una supuesta denuncia de violencia familiar.  

Su madre, María Tec, no solo nunca fue notificada de que su hijo permanecía en dicho recinto, sino que la Fiscalía General del Estado (FGE) le impidió interponer una denuncia contra las personas con las que el menor se encontraba antes de ingresar al CAS. 

El caso de José, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido y con una Alerta Amber activa, no es un hecho aislado. Apenas este martes 24 de marzo se reportó un intento de fuga de otro menor en el mismo centro, momento que fue captado en video por vecinos de la zona. 

María explicó en entrevista que su hijo se fue de casa el 25 de febrero para vivir con Hiromi, una mujer de 21 años a quien conoció en el tianguis de Motul. El día que el joven no regresó, su madre lo contactó por teléfono; él le aseguró que estaba trabajando con la familia de la joven y que volvería más tarde. Preocupada, ella le advirtió que, de no hacerlo, denunciaría a dichas personas por tratarse de un menor de edad. 

“Yo fui a denunciarlas porque mi hijo estaba con esa familia y, si está desaparecido, es su culpa porque se lo llevaron. La policía dijo que no había nada que perseguir porque se fue por su voluntad, aunque les dije que tenía pruebas de que se fue con ellos”, declaró. 

La agencia de la FGE en el municipio de Kanasín se rehusó a tomar su denuncia. María sostiene la hipótesis de que la familia de Hiromi entregó a su hijo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) bajo el argumento de que, si ella era denunciada por maltrato, ellos podrían obtener la custodia del menor. 

Fue el 26 de febrero cuando se enteró de que su hijo estaba bajo el resguardo del Estado. Ese día, una vecina le informó que personal de la Prodennay acudió a preguntar por ella debido a una investigación por presunto maltrato. 

“Acudí al día siguiente a la Prodennay y les comenté que sabía que me estaban investigando. Dijeron que era por Manuel, que la Fiscalía les avisó para ir a buscarlo. Me fui a la Fiscalía y ahí respondieron que no trasladaron a ningún menor a la Procuraduría”, comentó. 

María regresó a la dependencia con el acta de nacimiento de su hijo y la documentación necesaria para acreditar el parentesco, pero para entonces el joven ya había sido trasladado a Casa Otoch.  

Las autoridades le exigieron realizarse diversos exámenes antes de brindarle información. Al volver el lunes siguiente, le notificaron que el adolescente se había escapado y que ya se había dado parte a las autoridades para la publicación de la Alerta Amber. 

A la mujer no solo se le obstaculizó el derecho a denunciar ante la FGE; también denunció que, al acudir a la Prodennay para intentar recuperar a su hijo, se le negó el acceso a una persona traductora, a pesar de haber manifestado que es mayahablante y que enfrenta dificultades para leer y comprender el español con fluidez. 

“Les dije que hay cosas que no entiendo porque soy mayahablante. Me empezaron a humillar en la Prodennay. No había nadie que me pudiera orientar. Hay cosas que no sé ni leer y me querían obligar; no sé bien qué significan las letras y no me dieron a nadie que me explicara qué dice el papel”, expuso con una mezcla de indignación y tristeza.

Hoy se cumple un mes que María desconoce el paradero de su hijo. Insistió en que el menor debe estar oculto por la familia de Hiromi, pero las autoridades se resisten a investigarlo, aludiendo que no tiene pruebas. 

Intento de fuga en Casa Otoch 

El martes 24 se difundió un video que muestra el intento de fuga de un menor en Casa Otoch. En las imágenes se observa al adolescente sobre el techo del inmueble, rodeado por un despliegue de elementos de la policía estatal que utilizaron una escalera para realizar el operativo. 

El CAIMEDE —antiguo albergue para menores en situación de desamparo que cerró tras la apertura de Casa Otoch— registró la fuga de 46 menores entre 2018 y 2024. Esta información fue confirmada mediante una solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Otro de los datos alarmantes tras el cierre del CAIMEDE es que, del 2018 a lo que va del 2024, un total de ocho niñas, niños y adolescentes manifestaron haber sufrido un "agravio personal" mientras se encontraban bajo acogimiento residencial; es decir, fueron víctimas de algún delito dentro de la institución.