TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús y familiares de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, servidores de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la fabricación de delitos, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada en contra de ambos, y exigieron su libertad inmediata e incondicional. 

De acuerdo con el pronunciamiento, los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2026 en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, cuando elementos encapuchados de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) –el grupo de élite de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP)–, interceptaron a Orbey Juárez mientras se dirigía a realizar un trabajo de electricidad. En el mismo operativo fue detenido José Julián López Juárez. 

Las detenciones –señalan– se realizaron con uso excesivo de la fuerza, golpes y tortura física, agravada en el caso de Orbey Juárez por una lesión vertebral previa. Tras su captura, las autoridades negaron información sobre su paradero durante cinco días, periodo en el que permanecieron totalmente incomunicados, configurándose una desaparición forzada. 

Familiares denunciaron que recibieron información falsa y contradictoria sobre su ubicación, hasta que el 27 de enero lograron localizarlos en el penal de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, afirmaron que al momento de la detención no se presentó ninguna orden judicial. 

Pruebas de inocencia frente a versiones oficiales contradictorias 

La defensa legal sostiene que la imputación por homicidio calificado carece de sustento y constituye una clara fabricación de culpables. El día del crimen que se les atribuye, Orbey Juárez no se encontraba en el lugar de los hechos, sino en traslado rumbo a San Juan Chamula, acompañado de su esposa. 

Esta versión –afirman–, está respaldada por testimonios directos, entre ellos los de Fray David Pool Paredes, párroco de la Parroquia de San Dionisio en Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Fray Tomás González Castillo, así como por pruebas materiales que acreditan su paso por diversos comercios en Jitotol. 

En contraste, acusan que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) ha incurrido en graves contradicciones. El 31 de enero, la autoridad anunció una vinculación a proceso por un homicidio ocurrido el 12 de enero en Tila, incluso mencionando nombres incorrectos. Posteriormente, el 3 de febrero, emitió un nuevo comunicado en el que cambió radicalmente la versión, atribuyéndoles dos homicidios distintos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, con fechas inconsistentes. 

Estas variaciones –explican– evidencian contradicciones de modo, tiempo, lugar e inculpados, lo que demuestra que las acusaciones carecen de sustento real y responden a una estrategia de criminalización para justificar detenciones ilegales. 

Criminalización de la fe y del trabajo comunitario 

PRODEDH y la Provincia Franciscana advirtieron que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de persecución contra líderes comunitarios y religiosos. Orbey Juárez, de 39 años, agricultor y electricista, se desempeña desde 2025 como subcoordinador de la capilla “La Esperanza”, mientras que José Julián López Juárez es ministro extraordinario de la Comunión. 

“La fe y el servicio comunitario no pueden convertirse en motivo de persecución. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de vulnerarlos”, subraya el comunicado. 

Denunciaron que la actuación de la FRIP, presentada oficialmente como una estrategia de seguridad, ha generado en los hechos un clima de miedo, desconfianza y terror, marcado por detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica y la criminalización de personas inocentes, lo que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. 

Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones y la comunidad religiosa exigen justicia y fin a la impunidad, así como la libertad inmediata e incondicional de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez. 

Demandan que la FGE reconozca las violaciones al debido proceso y las contradicciones señaladas, e inicie una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los actos de tortura, la desaparición forzada y la incomunicación perpetradas por elementos de la FRIP Pakal. 

Al hacer un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, los denunciantes piden el cese del hostigamiento contra integrantes de la Parroquia de San Dionisio y de la Orden Franciscana. 

Finalmente, hicieron un llamado urgente a la comunidad religiosa y a la sociedad chiapaneca a no guardar silencio ante la injusticia, y a exigir que prevalezca la verdad y la justicia sobre la simulación institucional que hoy mantiene en prisión a personas inocentes.