HIDALGO (apro) .- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió investigar y determinar presuntas responsabilidades administrativas en la asignación, por parte del gobierno de Hidalgo, de un contrato de 11.9 millones de pesos a la empresa Agicresa S.A. de C.V., porque "implicó un conflicto de interés" debido a que los socios de esta firma son hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo. 

El contrato fue para la construcción del bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional (11 millones 910 mil 606.60 pesos), una obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible del estado (SIPDUS). 

Además de indagar “para esclarecer los hechos”, el ente federal requirió que, en su caso, se “califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente a las irregularidades de los servidores públicos” que, en su gestión, adjudicaron el contrato NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002. 

En la auditoría 1115 que realizó al Poder Ejecutivo estatal por los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE) durante 2024, el órgano fiscalizador enfatizó que “se presume" que dos de los socios de la empresa ganadora "presentan parentesco por consanguinidad con un servidor público que se desempeña como diputado”. 

En el dictamen individual de esta auditoría no mencionan el nombre de la empresa ni el del expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Crespo Arroyo; no obstante, con el número de contrato se identifica que se trató de un fallo a favor de Agicresa S.A. de C.V. 

El denominativo de la firma es un acrónimo de los nombres y apellidos de sus fundadores: Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del ahora integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Asimismo, en el dictamen se refieren al legislador como parte de la “LVXI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo”, aunque pertenece a la LXVI Legislatura (66ª Legislatura) de la Cámara de Diputados en México, como representante del distrito federal 6, con cabecera en Pachuca. 

Por la asignación de este contrato (trabajos de preliminares, muro de contención y adheridos para llevar a cabo el bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional, ubicado en Palma Gorda, Mineral de la Reforma), la ASF emitió una “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”. 

Por ello, pidió a la Dirección General de Investigación y Responsabilidades, adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, que investigue quiénes intervinieron en esta adjudicación, sin advertir de la relación consanguínea de los ganadores y el legislador. 

Dicho parentesco, añadió, “implicó un conflicto de interés, riesgo de actos u omisiones por parte de personas morales que actuaron a su nombre y/o en representación de la persona física pretendiendo obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas para sí o para dicha persona, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 59, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, artículo 59, fracción II”. 

El caso, que el ente inspector tituló “empresa vinculada con diputado recibe contratos millonarios en obra pública”, fue referido por la ASF en sus hallazgos destacados del tercer informe de la cuenta pública 2024, entregado este día a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados; sin embargo, no está entre los informes individuales de esta entrega, porque en realidad pertenece al Segundo Informe de Resultados de Fiscalización, de la misma cuenta pública, lo cual fue corroborado por Proceso.

Desde septiembre de 2025, el gobierno de Julio Menchaca Salazar está enterado de la consideración de la ASF sobre un conflicto de interés por esta asignación a Agicresa S.A. de C.V., y se le requirió el inicio de procedimientos administrativos para determinar responsabilidades. 

El contrato NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002 fue otorgado por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible el 11 de noviembre de 2024, firmado por el titular de la dependencia, Alejandro Sánchez García; el subsecretario de Infraestructura Pública, Raúl Lozano Cano; el director general de Administración, Abelardo Olguín Cuevas; la directora general de Asuntos Jurídicos, María Aurora Ramírez Hoyo; el director general de Obras Públicas e Infraestructura, Cristian Miguel Catalán Wenceslao, y la directora de Licitaciones y Contratos, Yolanda García Ortiz. Por el contratista firmó Gibrán Crespo Arroyo.   

Aunque la auditoría sólo se abocó a esta obra financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la cual tenía un plazo de ejecución de 93 días naturales, efectivos entre el 26 de noviembre de 2024 y el 25 de febrero de 2025, Agicresa S.A. de C.V. ha sido requerida por SIPDUS para más trabajos. 

Con el gobierno de Menchaca, la empresa de los hermanos Crespo Arroyo recibió el contrato NOR-2023-LP-TREVE-SIPDUS-MU-111, de noviembre de 2023, con un valor de 7 millones 133 mil 700.27 pesos, para “preliminares, renivelación de pozos y registros, obras de drenaje, terracerías, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta asfáltica, guarniciones, señalización horizontal y mampara” en el municipio de Progreso de Obregón. 

A través de su empresa (constituida el 26 de mayo de 2005 según la escritura pública No.39,495 pasada ante la fe del notario público número 8 de la ciudad de Pachuca, Carlos Fernando Licona Rivemar), Arturo y Gibrán Crespo Arroyo también ganaron un contrato federal por 993.9 millones de pesos para construir mil 808 viviendas del Bienestar en el municipio de Zempoala, Hidalgo. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó el contrato CO-PVB-095-2025 a la empresa Agicresa, el 28 de agosto último. 

El 19 de diciembre, cuando fue cuestionado sobre ese contrato del Infonavit para los hermanos del diputado federal, el gobernador Menchaca, aunque expuso que era un asunto de competencia federal, externó que el parentesco no podía impedir el ejercicio de una actividad económica lícita, siempre que se cumpliera con los requisitos de ley y no hubiera un conflicto de interés debidamente acreditado.