CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-  La empresa Matrimar, dedicada a la extracción de material de construcción, clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente local por presuntamente contaminar en la sierra de Picacho, denunció un nuevo intento de extorsión por parte del gobierno estatal de Nuevo León. 

Luego de que autoridades locales acudieran, en la madrugada del martes, a clausurar sus instalaciones. El acto, fue calificado de ilegal por la empresa que además denunció una serie de presiones económicas sin justificación legal.  

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, expuso que la visita de las autoridades ocurrió alrededor de la 1:00 AM, con la orden de clausurar sus instalaciones.  

La empresa aseguró que esta acción se produjo después de rechazar, en días previos, un nuevo intento de exigencia de pagos millonarios que, según afirman, son completamente ilegales. 

La firma ha calificado este acto como una "extorsión disfrazada de acoso institucional", algo que, aseguran, ha sido una constante durante los últimos años.  

Antecedentes del conflicto 

El conflicto entre Matrimar y el gobierno de Nuevo León data de hace más de un año, cuando la empresa estuvo envuelta en una serie de problemas legales y administrativos con las autoridades estatales, particularmente con la Secretaría de Medio Ambiente.  

En repetidas ocasiones, Matrimar ha sido acusada de afectar el medio ambiente local, debido a sus actividades de extracción de caliza en la región noreste del estado, cercana a la Sierra de Picachos, un área de alto valor ecológico.  

Autoridades estatales, amparadas en supuestas violaciones ambientales, han clausurado las instalaciones de la empresa en varias ocasiones, lo que, según Matrimar, ha sido parte de un intento de extorsión. 

La empresa ha denunciado en diversas ocasiones la falta de claridad en los procedimientos legales y ha acusado al gobierno estatal de utilizar la presión económica como una herramienta para extorsionar a la empresa en busca de pagos fuera de la ley.  

Sin embargo, a pesar de las reiteradas clausuras y acusaciones de daño ambiental, Matrimar sostiene que su operación está completamente dentro del marco de la ley; asegura que todas sus actividades están sometidas a auditorías constantes y que cuentan con las licencias y permisos necesarios para operar. Por ello, ha recurrido a diversas instancias judiciales para demostrar la legalidad de sus actos y defenderse de lo que consideran un "acoso institucional".  

Tras haber ganado un amparo que le concedió la suspensión definitiva para reanudar operaciones, Matrimar anunció la reactivación de las mismas, un acto que benefició a más de 500 familias que dependen directamente de la empresa para su sustento.  

La compañía destacó que la reactivación de las actividades productivas en sus instalaciones no se produce en un contexto de concesiones o acuerdos ilegales con las autoridades, sino en respuesta a la certeza jurídica obtenida en los tribunales.  

A través de otro comunicado, la empresa subrayó que su lucha por reanudar las actividades se ha hecho en nombre de las familias que dependen de su operación, especialmente las comunidades del noreste de Nuevo León.  

En su mensaje, Matrimar también hizo un llamado a las autoridades para que se evite el uso de amenazas basadas en ilegalidades, y exigió certeza jurídica para que su fuerza laboral pueda continuar trabajando sin temor a que las autoridades estatales utilicen el poder público como medio de presión.  

Un amplio sector empresarial de Nuevo León ha alzado también la voz en contra de lo que perciben como presiones y cargas fiscales del gobierno de Samuel García. Apenas en diciembre del año pasado, organismos como la Confederación de Cámaras Industriales y Coparmex han advertido que el aumento propuesto al Impuesto Sobre Nómina —planteado para financiar obras ligadas al Mundial 2026— desincentiva la inversión, encarece los costos laborales y podría frenar el empleo formal, posicionando este tipo de medidas como un nuevo foco de conflicto entre el gobierno estatal y el sector productivo regiomontano, que consideran estas cargas tributarias como una forma de presión que impacta directamente en su competitividad y operación.  

La pedrera insistió en que su operación es legal, responsable y auditada, y que no cederá ante presiones para realizar pagos fuera del marco de la ley. Además, recalcaron que las amenazas del gobierno de Nuevo León para reabrir las investigaciones y aplicar nuevas sanciones son un acto de presión política que debe cesar.