CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) anunciaron una alianza para replegar al crimen organizado de comunidades de la región Centro, Costa Chica y Montaña de la entidad.  

El anuncio se realizó a un año de que en esta entidad haya elecciones. 

El subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, respondió que el gobierno estatal mantiene coordinación con esas organizaciones. En tanto la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se deslindó de la estrategia. 

Durante una conferencia de prensa, el promotor de la UPOEG, Lino Ponce González y el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informaron que en la coordinación de sus acciones se sumará la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). 

El propósito, según los dirigentes, es avanzar a comunidades de otros municipios donde se los solicite la población para desplazar a los grupos delictivos que no han sido perseguidos por las autoridades. 

El líder de la UPOEG, Lino Ponce, dijo que entrarían concretamente a comunidades del municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro, dónde un grupo delictivo ha perpetrado ejecuciones y desplazado a decenas de familias, a pesar de que la población ha solicitado de manera reiterada la intervención del gobierno. 

Detalló que, ante la desprotección del gobierno, en su comunidad El Terrero de mencionado municipio, su hermano Santos Ponce, decidió autodefenderse, pero en mayo del año pasado pistoleros rodearon el pueblo. 

Detrás de ellos, dijo, arribó un convoy de militares y de la Guardia Nacional, por lo que salió y se entregó para que lo sacaran del pueblo y evitar ser asesinados. 

Sin embargo, los policías y militares lo llevaron al penal de Chilpancingo y los acusaron de portación de armas de fuego. 

“Él estaba cuidando su casa, estaba cuidando lo propio, no andaba de delincuente”, justificó en su defensa. 

Lino Ponce González, ha sido comisario de El Terrero en los años 2021 y 2023. Aseguró que su familia se dedica al campo y son ganaderos, pero que desde el 2023 fueron desplazados y saqueados por un grupo delictivo al que acusó de la masacre de 13 policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto del año pasado. 

Ponce González afirmó que tan sólo en ese pueblo han sido desplazadas 200 personas. 

Señaló que los gobiernos federal y estatal simularon actuar con el operativo Costa Chica Segura, anunciado el 28 de agosto del año pasado. 

Aseguró que el día que se anunció la operación, 25 de las 50 camionetas de militares, Guardia Nacional y policías estatales se regresaron. 

Jesús Plácido Galindo, sobrino del extinto fundador de las autodefensas Bruno Placido, argumentó que el acuerdo con la UPOEG lo tomaron debido a la inacción de los tres órdenes de gobierno en contra de los grupos criminales. 

La UPOEG tiene presencia actualmente en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y San Luis Acatlán, de la región Costa Chica, mientras que el Cipog-EZ y la CRAC-PF, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región Centro. 

El propósito, dijo, es avanzar a las comunidades donde lo pidan sus pobladores como en el caso de Tierra Colorada, así como en las regiones Costa Chica y Montaña. 

Consultado al respecto, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Martín Rosales Sierra, atajó que esa organización no participa en la alianza con la UPOEG y el CIPOG-EZ. 

“No vemos que esté mal lo que están haciendo, pero no hemos tenido pláticas con ellos”, aclaró. 

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, principal operador del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, expresó en entrevista para el diario El Sur: 

“Independientemente de las acciones que realicen, respetando la libre determinación de los pueblos, porque también tienen derecho a organizarse para la protección de sus comunidades, nada debe estar por encima de los derechos humanos”.