MORELIA, Mich (apro).- Una diligencia reforzada en las investigaciones sobre el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, exigió su viuda Amelí Gissel Navarro Lepe, tras la detención de Alejandro Sepúlveda Arellano alias “El Botox”, líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”.   

En rueda de prensa, Gissel Navarro subrayó que la característica de defensor de derechos de Bernardo Bravo se tiene que tomar en cuenta en el proceso.  

“La actividad, el contexto, implica un deber reforzado, una diligencia reforzada de revisión de los hechos, y no es que este caso sea más importante que otros, todos los casos penales que ocurren son importantes, pero en el tema de activismo de derechos sí debe haber un enfoque o una diligencia reforzada, ya sea en el ámbito federal o en el local”, dijo. 

La también presidenta del Tribunal Electoral del Estado emitió un posicionamiento tras la captura de “El Botox”, quien es señalado como responsable del asesinato de su marido, en donde reconoció la labor de las autoridades federales y estatales en lo que calificó como un paso importante para la obtención de justicia. 

“Estaré sumamente pendiente de lo que continúe y seguiré exigiendo justicia por y para Bernardo, que la justicia se alcance, y esa justicia que siempre debe ser integral con su reconocimiento como defensor de derechos, por el derecho a la verdad, a la memoria, a garantías de no repetición y a medidas estructurales”, indicó.    

Gissel Navarro habló sobre Bernardo Bravo, señalando que fue un líder agrícola y un ciudadano “profundamente comprometido con su comunidad, no solo trabajó para resolver causas inmediatas sino que quería incidir y aportar por transformar estructuralmente la vida en el campo y en la región. Sí, mi esposo, mi compañero de muchos años, fue más allá de un productor o un líder agrícola, Bernardo fue un defensor de derechos económicos y sociales de las personas del campo y de la justicia social”. 

Subrayó que defender y exigir derechos desde la sociedad civil no debe ser un riesgo para las personas, “porque el Estado Mexicano tiene el deber constitucional y convencional de proteger a quienes defienden derechos”. 

Dijo confiar en las instituciones, aunque advirtió que está “muy al pendiente y siempre estaré exigiendo que se cumplen los estándares de debida diligencia, de la diligencia reforzada y de la justicia integral”.